“Mochila Segura” no es constitucional, declara la SCJN

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el programa denominado “Mochila Segura”, vulnera los derechos fundamentales de la legalidad y a la seguridad jurídica, ante la falta de un marco legal que lo sustente.

Asimismo, llamó a los congresos, federal y locales, a crear programas de seguridad escolar, siempre que se respeten los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

En sus redes sociales la Corte recordó que dos padres de familia, por su propio derecho y en representación de sus hijos, promovieron un amparo contra el operativo que vio luz durante el sexenio del presidente Felipe Calderón, en el marco del programa Escuela Segura.

Acotó que en principio este recurso les fue negado por una juez de Distrito, quien argumentó que estas acciones se habían emitido con base en la obligación del Estado de proveeré una educación de calidad a los menores.

Sin embargo, en contra de dicha resolución, la aparte quejosa interpuso un recurso de revisión que llegó a la Primera Sala de la SCJN, misma que resolvió conceder el amparo.

En su criterio, la Primera Sala consideró que el programa “Mochila Segura” es contrario a los derechos fundamentales de la legalidad y a la seguridad jurídica que marca el artículo 16 de la Constitución, al operar sin sustento legal alguno y quedando sujeto al libre arbitrio de las autoridades educativas, ante la ausencia de reglas claras y formales que normen la posibilidad y contenido de los procedimientos que involucra.

“La ausencia de un marco legal y de regulación específica desarrollada en un ámbito de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, que normen el programa "Mochila Segura", implica la omisión de las autoridades educativas de asegurar, entre otros, los derechos a la privacidad e intimidad de los educandos”, justificó.

Y agregó que la intervención y modulación de dichos derechos y sus garantías, sólo podrían ocurrir a partir de una ley, cuya ausencia en el caso, vulnera los derechos a la legalidad y a la seguridad jurídica.

“La ausencia de la referida legislación conlleva un potencial riesgo de abusos, arbitrariedades y gran discrecionalidad en la ejecución del programa, comprometiendo los derechos referidos”, detalló.

Asimismo, señaló que las autoridades educativas pueden impedir que los referidos operativos tengan lugar, con carácter obligatorio, al menos en tanto exista una legislación suficiente que les dé sustento, y que pueda ser sujeta a un escrutinio ulterior de constitucionalidad.

“Ello no implica desconocer la necesidad de que las distintas autoridades que conforman el Estado Mexicano garanticen la seguridad de los educandos en los planteles educativos mitigando cualquier riesgo que ponga en peligro su vida, su salud y, en general, su integridad; sin embargo, lo que no puede aceptarse es la promoción y ejecución de operativos abiertamente discrecionales y sin sustento legal, que comprometan los derechos de los educandos.

LRL