La enésima lanzada

Las diputadas locales Martha Soledad Ávila Ventura y Valentina Valia Batres Guadarrama, ambas de la bancada de Morena, presentaron una iniciativa de reformas y adiciones al Código Civil capitalino, para modificar disposiciones en materia de arrendamiento inmobiliario, para —conforme a su propuesta— garantizar el derecho a la vivienda ante la pandemia.

La exposición de motivos de la iniciativa señala a una serie de organizaciones que propugnan por el derecho a la vivienda, como proponentes (sugerentes dixit) de la misma a las legisladoras.

Las morenistas plantean la renegociación del pago de alquileres y mecanismos alternativos en solución de controversias para renegociar el contrato ante una emergencia sanitaria ¡o de cualquier otro tipo! Y toman vuelo anunciando por conducto de su vicecoordinador, José Luis Rodríguez, que analizarán la creación de leyes de carácter inquilinario, en las cuales exista mayor claridad, alcances, derechos y reglas en arrendamiento de inmuebles para vivienda.

La iniciativa —obviamente— ha estado en el centro del debate público citadino en los últimos días, dentro de las objeciones que ha sido objeto se encuentra que es una medida confiscatoria temporal de la propiedad privada de los arrendadores, desincentiva la inversión y el desarrollo económico e inmobiliario, impacta el empleo y su reactivación, innecesaria porque el Código Civil prevé una cláusula de equidad contractual (rebus sic stantibus) que permite a las partes una solución ante fenómenos inesperados, repite contenido del artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos, traslada a los particulares la obligación del Estado de garantizar el derecho a la vivienda e inconstitucional.

Las presentadoras legislativas son conspicuas integrantes de su bancada, por lo que son responsables del contenido y consecuencias de su iniciativa; Martha Soledad es coordinadora de su fracción parlamentaria, diputada suplente de la actual Fiscal General de Justicia local e integra el grupo político, entre otros, con Rigoberto Salgado —quien fue señalado en el 2018 por Mikel Arriola, de ser parte de la delincuencia organizada en Tláhuac— y con Valentina Batres, hermana del senador del mismo apellido, tres veces diputada y funcionaria pública en diversos ámbitos de la administración pública citadina con el PRD y Morena y presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso local.

La iniciativa admite diversas lecturas, una de ellas es como una propuesta de solución ante conflictos inquilinarios derivados del nuevo coronavirus y que es consecuente con la tradición de una parte de la izquierda, de encabezar el derecho a la vivienda de los que menos tienen.

Otra mirada, es que representa la enésima lanzada de la izquierda contra su viejo enemigo, la propiedad privada. El derecho a esto último es posible sólo cuando el Estado lo garantiza, el asegurarlo genera confianza pública y contribuye a la prosperidad de un país.

Lo cierto es que la iniciativa genera dudas e incertidumbre y se ha convertido en una gran distractora de la pandemia y obstructora de la reactivación de la economía.