Analizan ingreso de la GN para erradicar robo de gas en Apaxco

Autoridades federales analizan el ingreso de la Guardia Nacional (GN) al municipio de Apaxco, donde la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, investigan una red de robo de gas, "gasicholeros", por la que incluso es investigado el alcalde de ese territorio.

El gabinete de seguridad estatal valora el ingreso de la Guardia Nacional luego de que el sector empresarial hiciera la petición formal, al señalar que son víctimas de robos y amenazados por integrantes de grupos criminales que lideran la actividad ilícita en la zona, según revelaron a La Razón fuentes allegadas a las indagatorias.

“Con urgencia pedimos a la Guardia Nacional que intervenga aquí, el gobierno del Estado no hace caso y es una tierra sin control, el alcalde Daniel Parra está asociado con los delincuentes que venden el gas robado aquí, han proliferado las gaseras clandestinas que son una bomba de tiempo, los gaseros son prepotentes, andan armados porque en realidad son delincuentes y no empresarios”.

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"Lo que no queremos es que luego nos empiecen a extorsionar, si el alcalde permite o trabaja con los vendedores de gas robado, le va a abrir la puerta a cualquiera que lo pueda corromper y los afectados seremos nosotros”, por eso pedimos intervención federal antes que sea demasiado tarde”, explicó Gabino Melo, integrante de la comunidad empresarial en la región de Apaxco.

Denuncian colusión de alcalde de Apaxco con "gasicholeros"

En el municipio de Apaxco se ha denunciado, incluso ante la Fiscalía General del Estado de México, que el alcalde Daniel Parra, permitió la incursión de grupos delincuenciales que se dedican al robo y a la venta de gas, los expendios se han instalado frente a las escuelas, zonas residenciales y en lugares prohibidos, lo que los convierte en un riesgo latente al no contar con los permisos adecuados ni las medidas de seguridad que exige la Secretaría de Energía.

Además, esos gaseros han implementado retenes para evitar que otras empresas comercialicen el energético, además de golpearlos e intimidarlos, los amenazan con el argumento de que “la zona es de ellos”, pues cuentan con la protección del propio funcionario.

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