Audacia y determinación, exige EPN

Mientras los gobernadores de los estados que forman parte de la Megalópolis a los que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, endosó responsabilidades por la grave contaminación ambiental en la Zona Metropolitana empezaron a responderle, el Presidente Enrique Peña Nieto les demandó ser más audaces y sobre todo más determinantes para evitar que esa atmósfera ponga en riesgo la salud de la población.

Para ello ordenó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la que Rafael Pacchiano es titular, coordinarse con los mandatarios de las seis entidades de la Megalópolis para definir nuevas normas que permitan ir más allá de enfrentar sólo una coyuntura ante el notable deterioro del aire, particularmente en el valle

de México.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

Vaya exhibida que a lo largo de ya varios meses le ha dado La Razón a los cinco integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que indagan el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

A la documentada información publicada ayer bajo la firma de María Cabadas del millón en dólares que perciben cada seis meses, del pago de gastos, uso de instalaciones, acceso a expedientes de las investigaciones del caso y hasta gozar de una total inmunidad para evitar acciones legales en su contra, se sumó la denuncia que, por fraude, fue interpuesta contra el secretario general de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

José Antonio Ortega, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, presentó esa querella en la PGR por el delito de fraude por el cobro de entre uno y dos millones de dólares cometido en perjuicio de la Federación, al responsabilizarlo de haber conformado el GIEI, “a cuyos integrantes se les han documentado fraudes, procesos en su contra y hasta parcialidades en sus investigaciones”.

Explicó que la acusación le fue hecha directamente a Álvarez Icaza y no a los “expertos”, precisamente por la “inmunidad” que solicitaron y les brinda el gobierno de México, a pesar de haber incumplido los compromisos que la CIDH contrajo con éste de contribuir a la localización de los normalistas guerrerenses, de los que hasta ahora nada se sabe.

En por lo menos siete de las 12 entidades que hoy gobierna el PRI y en las que habrá elecciones el primer domingo de junio, por divisiones internas, inconformidades con candidatos cuestionados y que no han despertado mayor interés entre sus militantes, ese partido estará en riesgo de perder en las urnas y otras en el Tribunal Electoral, que es en donde seguramente se definirán varias de ellas por las protestas de los partidos de oposición.

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