Como desmantelar una bomba y dejar regada la pólvora

Gerardo García

Pues podía adivinarse que así sucedería. Que la decisión no sería salomónica. Que en este asunto alguien habría de pagar los platos rotos. Que habría la autoridad de asirse de cualquier peldaño para no desgajarse y mandar una señal que, al final, podría ser simplemente un reguero de pólvora. Que muy posiblemente será una bomba mayor.

Le contaba en una entrega anterior del conflicto que sucedía en el último desarrollo inmobiliario que el Fondo Nacional de Turismo construyó en el principal destino del país: Cancún. De cómo el desmonte de un terreno, legal, generó una serie de manifestaciones ciudadanas inéditas en esa ciudad. De cómo aunque las protestas eran genuinas, atacaban un desarrollo legal. Ayer llegó a esa ciudad el procurador federal del ambiente, Guillermo Haro , junto al director de Fonatur, Héctor Gómez Barraza. Junto al gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge y el alcalde Paul Carrillo, anunciaron la suspensión de las obras de remoción y el desmonte de manglar en Malecón Tajamar, así como una amonestación a la empresa Bi & Di Real Estate de México por, así lo dijo el procurador, proceder de manera unilateral e incumplir con los planes de rescate de flora y fauna. Algo que la empresa niega. De no responder y mitigar los efectos nocivos en las 39 hectáreas afectadas en los próximos quince días hábiles, la empresa se haría acreedora a sanciones superiores a los cuatro millones de pesos. La respuesta de los manifestantes en efecto fue la de aquel que sabe que gana una batalla.

El asunto es que esto va más allá.

Le contaba que Malecón Tajamar es un desarrollo ubicado en pleno centro de la ciudad de Cancún y representa la puerta al agua para sus habitantes. Hace poco más de un par de años, cuando se inauguró su urbanización, pero sin que los terrenos vendidos se hubiesen siquiera desmontado, se abrió a la ciudadanía y se convirtió en una suerte de parque público en el que la gente hace ejercicio, pasea –tiene un gran malecón frente a la laguna Nichupté- que lo hizo suyo. En buena medida las protestas que se derivaron del arranque de obras en ese lugar, que debían ser, suceden porque se convirtió en poco tiempo en un espacio público. Se olvidó, sin embargo, que se construyó como un desarrollo y que todos los predios ahí ubicados albergarían edificios de oficinas, residenciales o centros comerciales. No se planteó jamás como un parque y eso se supo desde hace más de una década.

La decisión de Profepa, sin embargo, generará otros conflictos. Después de este asunto, será muy complejo que cualquier desarrollador, aun cumpliendo con la ley, pueda construir. Habrá manifestaciones cada vez que entre siquiera un camión a recoger desechos. Y el problema es que los desarrolladores le compraron terrenos a la federación a través de Fonatur para construir. No para participar en un parque público.

El riesgo es muy grande. Si Malecón Tajamar no se desarrolla habrá una cascada de demandas de los compradores de predios que podrían desencadenar en la quiebra de Fonatur. Es verdad que hay que escuchar el reclamo ciudadano; pero es igual verdadero que este desarrollo se hizo para construirse.

Y los compradores hicieron transacción con una institución del Estado Mexicano.

Un terrible huevo de la serpiente se incuba en el principal destino turístico del país.

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