Derechos humanos: el dilema de la seguridad

En derechos humanos las cosas no andan muy bien y, no podía ser de otra forma. Llevamos ya más de una década enfrentando una situación de inseguridad persistente en algunas regiones y alarmante en otras.

El despliegue de policías federales, soldados y marinos, a lo largo del país, se hizo necesario por las debilidades institucionales y en particular en los municipios.

Enfrentar a grupos del crimen organizado no es un tarea sencilla y suele generar problemas diversos y, entre ellos, los que tienen que ver con la legalidad.

Luis Raúl González Pérez, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, hizo un balance duro de los últimos cinco años.

Recordó casos paradigmáticos: Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán y puso sobre la mesa una numeralia inquietante: En 2017 se abrieron 25 mil carpetas de investigación por homicidio doloso, lo que contrasta con los 21 mil 459 asesinatos en 2012.

Para el ombudsman “México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos, tampoco se ha logrado fortalecer sustantivamente nuestro estado democrático de derecho”.

Recordó que el entorno que ya se vivía, desde el sexenio anterior, tampoco fue modificado de modo sustancial en lo que respecta a la inseguridad y la violencia.

González Pérez también señaló que el modelo de operación de la PGR se encuentra agotado y, que hay que concretar las reformas para “garantizar la autonomía, imparcialidad y eficiencia”.

Esto porque muchas de las recomendaciones de la CNDH no son atendidas, más allá de las instrucciones y voluntad del propio gobierno. Es un círculo roto, producto de años de batallas, enfrentamientos y presiones.

Uno de los ejes de la estrategia de seguridad, que se puso en marcha desde diciembre de 2013, radicó en la prevención. El propósito era el de incidir en el entramado social que propicia la inseguridad, y el dotar de servicios y oportunidades a los municipios que enfrentaban mayores niveles delictivos.

Para ello se creó el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, pero desde 2017 se determinó no dotarlo de recursos. Una muy mala decisión que no ha sido explicada con claridad, aunque se argumente que las dependencias cuentan con los presupuestos para atender este tipo de tareas.

Frente a esto, también hay avances, y entre ellos los que fortalecen la defensa de los derechos humanos, que dotan de mayor protección a las víctimas y que inclusive significaron un cambio de modelo en el sistema de justicia.

Otro aspecto de la estrategia hizo énfasis en la coordinación entre autoridades y para ello se establecieron mesas de seguridad en los estados. El problema, como suele ocurrir, es que la realidad se va imponiendo y que el voluntarismo no es suficiente.

Es como el juego del gato y el ratón, donde los logros se pueden revertir en cualquier momento, porque la seguridad en gran medida es un tema de percepción. No hay argumentos, por sólidos que sean, mientras alguien se siente inseguro.

Casi al final de su mandato, el presidente Felipe Calderón señaló que sería ingenuo pensar que se podría dejar de combatir a los bandidos y que ello significara una mejora. Hace unos días el Presidente Enrique Peña Nieto dijo más o menos lo mismo.

Entonces lo que tenemos que lograr son proyectos exitosos que hagan frente al crimen organizado y que reduzcan la violencia, propiciando la seguridad ciudadana. Todo ello preservando lo que sí ha funcionado y que no es poco, como la propia Policía Federal.

Quizá una de las lecciones de estos años es que no existen soluciones definitivas y que se tienen que seguir explorando alternativas para enfrentar el fenómeno de la alta criminalidad, y sobre todo en las facetas que ponen en riesgo a la propia sociedad.

También hay que insistir en que la defensa de los derechos humanos se complementa y fortalece con policías eficaces. Donde no hay seguridad, tampoco imperan otros derechos.

Pero para que el entramado funcione, también hay que buscar fórmulas que robustezcan el respeto por las propias autoridades y el reconocimiento por las tareas que desempeñan, y en particular quienes se encuentran en las primeras líneas de fuego.