Desaparecidos y ausentes

El Colegio de México publicó hace unos días el estudio denominado En el desamparo, acerca de la participación del narcotráfico en dos catástrofes ocurridas en el norte del país. La primera tuvo lugar en agosto de 2010 en San Fernando (Tamaulipas), dando como resultado la muerte de 72 migrantes que se dirigían a Estados Unidos.

En la segunda, ocurrida en marzo de 2011 en Allende (Coahuila), al menos 42 personas fueron secuestradas y privadas de la vida. Las dos tragedias tienen en común haber sido ordenadas por los Zetas. También en ambas destaca la apocada participación de la CNDH en las investigaciones.

En el caso de San Fernando, el ombudsman federal abrió una queja de oficio el mismo día en que las muertes se hicieron públicas (25 de agosto de 2010). La rapidez de inicio no se mantuvo durante la pesquisa. Le tomó casi tres años y medio emitir la recomendación correspondiente. El simple hecho de publicar su pronunciamiento en vísperas de la Navidad de 2013 hace suponer que, más que denunciar enfáticamente a los responsables de las violaciones, al Defensor del Pueblo le interesaba minimizar el impacto de la investigación. El estudio del Colmex señala que, desde la perspectiva de protección de las víctimas, la acentuada dilación de la CNDH tornó irrelevante su propio pronunciamiento.

En el segundo caso, entre el 18 y el 20 de marzo de 2011, como resultado de un ajuste de cuentas entre integrantes del cártel, un grupo de 60 Zetas ocupó el poblado de Allende. Ahí secuestró y privó de la vida a decenas de integrantes de la familia Garza, incluidos mujeres y menores de edad. Los sicarios actuaron libremente porque contaban con la complicidad de la policía municipal. La actitud del ombudsman federal pareciera ilustrar una cierta complacencia con las autoridades. Sin abrir una queja, la CNDH comenzó su investigación hasta mayo de 2014 (más de tres años después de ocurrida la matanza). Fue hasta julio de ese año cuando decidió ejercer su facultad de atracción y por ello solicitó informes a las procuradurías de justicia local y federal.

El relevo del ombudsman federal, en noviembre de 2014, tuvo como consecuencia un cuasi abandono de la indagatoria. Entre junio de 2015 y agosto de 2016 no se hizo absolutamente nada. La pasividad del anterior titular de la CNDH en los hechos de Allende tiene una explicación. Dado que buscaba ser reelecto por un segundo periodo de cinco años, actuó como un ombudsman cómodo para las autoridades. Y aunque el Senado no lo reeligió, su falta de voluntad para investigar la masacre fue recompensada por el gobierno de Coahuila con generosos contratos. En contraparte, la inactividad del ombudsman actual en dicha indagatoria es tan inexplicable como su actitud respecto al paradero de más de 20 mil desaparecidos en territorio nacional. Con un presupuesto superior a los 1,500 millones de pesos, el titular de la CNDH únicamente ha emitido tres recomendaciones relacionadas con tan sólo cinco desaparecidos.

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