Expulsar a las Naciones Unidas

En una misma semana, dos mandatarios centroamericanos expulsaron de sus países a cuerpos de la Organización de las Naciones Unidas. Por un lado, el presidente guatemalteco, Jimmy Morales, anunció que no renovaría el mandato de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG); por el otro, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, expulsó a la misión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OHCHR).

Cada uno de estos episodios tiene una historia particular; sin embargo, los dos comparten la misma explicación: los mandatarios involucrados se enfrentan a un juicio demoledor desde el exterior, que ha dejado en evidencia su desprecio por las reglas y su disposición a hacer lo que sea necesario para aferrarse al poder.

La CICIG fue creada en 2006, mediante un acuerdo del gobierno guatemalteco con la ONU, con el objetivo de auxiliar al Estado en la investigación y procesamiento de casos complicados relativos; principalmente, a cuerpos armados que violentaran los derechos humanos de los ciudadanos. Esto debido a que se mantenían secuelas de una cruel guerra civil que duró 36 años y que había concluido, oficialmente, en 1996. La CICIG, a diferencia de otras instituciones de la ONU, fue dotada con facultades reconocidas por el gobierno guatemalteco para investigar, denunciar y participar en el proceso penal, bajo la figura de querellante adhesivo. Lo que resultó inesperado fue que la CICIG comenzó a trabajar desde su creación y se lanzó con fuerza en contra de casos mediáticos, en los que evidenció ejecuciones extrajudiciales, malversaciones de fondos, fraudes, contratos anómalos y financiamiento electoral ilícito por parte de funcionarios de todas las ramas del gobierno. La Comisión pudo llevar a la cárcel a Otto Pérez Molina, quien fuera presidente entre 2012 y 2015, después de evidenciar una compleja red de corrupción conocida como “La Línea”. Ahora, la CICIG ha encontrado evidencias de que el actual presidente recibió financiamiento electoral ilegal cuando presidía su partido político y ha iniciado varios procedimientos legales en contra de Jimmy Morales, así como en contra de su hermano y su hijo, por diversos episodios de fraude. La respuesta del presidente ha sido dar por concluida la estancia de 12 años de la institución internacional y desandar todos los pasos que se habían dado en términos de impunidad.

En el caso de Nicaragua, desde abril de este año comenzó una serie de manifestaciones, principalmente entre los estudiantes, que rápidamente escalaron debido a la represión descontrolada de lo que fuera el sandinismo y que hoy no es más que una dictadura. Atrincherados en varias poblaciones, los estudiantes recibieron el apoyo de la Iglesia, que ha pugnado por crear mesas de diálogo y pacificación, en las que la ONU fue invitada a observar. Sin embargo, la semana pasada, la OHCHR presentó un reporte devastador en el que se detallan los más de 300 asesinatos que se han cometido y los detalles de miles de víctimas de los peores horrores y violaciones por parte del régimen. La respuesta ha sido la misma: expulsar a los críticos internacionales.

Las dictaduras y los regímenes corruptos son alérgicos a la vigilancia internacional. La mirada pasiva desde el exterior no es justificable.