Fuerzas Armadas, nuestras otras víctimas

Inequitativo e injusto maltrato a las Fuerzas Armadas, cuyo reclamo para regresar a los cuarteles está chocando con oídos sordos: por un lado están los que satanizan su actuar en la lucha anticrimen y, por el otro, los que prácticamente los condenan a mantenerse en esas tareas sin importar la falta de garantías con las que operan al no existir un marco legal para ello.

La Ley de seguridad interna que regularía las acciones de soldados y marinos en la cruzada contra la delincuencia, ni siquiera tiene fecha para discutirse en el Congreso, sumido ahora en una discusión sobre qué Cámara debe ser la de origen, lo cual mantiene en la vulnerabilidad a los elementos de la Sedena y la Semar encomendados a los combates en tierra.

Es precisamente ese punto, darles certeza de seguridad jurídica, física y familiar a esos elementos, de donde debería partir la regulación, porque son ellos los que sufren las bajas o son encarcelados acusados, muchas veces sin más fundamento que un afán de corrección política, por tortura, desaparición forzada, fusilamientos...

Milenio documentó ayer que en los 10 años de lucha contra el crimen organizado 388 soldados y marinos han sido asesinados en enfrentamientos con criminales. Y nadie los ve, nadie reclama justicia para ellos. Como si su trabajo fuera ir a morir o ir a la cárcel por incurrir en “violaciones a derechos humanos”.

Y este último caso, lo explicó muy bien el secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, al advertir que sus elementos prefieren desobedecer que ir a combatir criminales. El Código Militar (artículo 303) marca una pena máxima de un año a la desobediencia, mientras que, por ejemplo, el primer militar sentenciado por “desaparición forzada” fue condenado a 31 años de prisión en agosto del año pasado.

Eso no es justicia.

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Modernización en el sistema de citas para consulta puso en marcha el Instituto Mexicano del Seguro Social, y desde ahora los derechohabientes pueden dejar de madrugar e ir a hacer filas de horas para agendar su consulta.

Ayer, el Presidente Enrique Peña encabezó el acto oficial de lanzamiento de esta herramienta, llamada IMSS Digital, con la que se pretende agilizar este tortuoso trámite en las Unidades de Medicina Familiar.

Un avance importante que permitirá a la institución concentrar esfuerzos en áreas directamente relacionadas con la atención y no con el papeleo.

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Extrema iniciativa para sancionar con hasta tres años de cárcel por usar el teléfono celular mientras se conduce, fue aprobada por la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, equiparando esa falta a la de manejar en estado de ebriedad.

La propuesta, impulsada por el priista Juan Manuel Cavazos prevé reformas a los artículos 171 y 172 del Código Penal Federal, establece: “A quien cometa el delito (que cause algún daño por medio de cualquier vehículo motor) mientras utiliza un equipo de radio de comunicación, salvo que se emplee con tecnología de manos libres, se le impondrá, además de la sanción correspondiente al delito cometido, una sanción de uno a tres años de prisión”.

Es decir, textear o hablar por el celular será un agravante . Una verdadera locura.

raymundo.sanchez@3.80.3.65

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