La crisis boliviana

Bolivia comenzó el año en medio de una crisis política, tal vez la más grave desde el ascenso al poder de Evo Morales y el MAS, provocada por el Decreto 748 del pasado 28 de diciembre, que elevó los precios de la gasolina y el diesel en más de un 70% y un 80%, respectivamente. Luego del anuncio, el transporte público en varias ciudades del país, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Oruro y la capital, La Paz, quedó virtualmente paralizado.

La movilización fue de tal magnitud y heterogeneidad que el gobierno se vio obligado a anunciar, primero, una subida de salarios a transportistas y, luego, a revocar la medida en el primer día laborable del año. En vano los medios más oficialistas intentaron presentar la reacción como una maniobra de la oposición: la mayor parte de las protestas fueron convocadas por sindicatos de trabajadores del transporte y comunidades locales, afectadas por las medidas del gobierno.

A la revocación del Decreto 748 ha seguido una incoherente reacción del gabinete: Morales y su Vicepresidente, Álvaro García Linera, han reconocido la autoría intelectual del decreto, pero otros funcionarios transfieren la responsabilidad a los ministros del gobierno. La oposición, naturalmente, ha aprovechado la crisis para cuestionar la ineptitud del equipo económico de Morales y para demandar renuncias de algunos de sus miembros.

Un fenómeno interesante de esta crisis es que varios sectores de las izquierdas comunitarias y de las bases del MAS han identificado la medida del alza de precios con las políticas económicas neoliberales de los 90. La nacionalización de los hidrocarburos, presentada por el gobierno de Morales como parte de una estrategia que rompía con la tradición neoliberal, al final ha generado ajustes muy similares a los decretados por los gobiernos previos al “socialismo del siglo XXI”, que simbolizaban el antiguo régimen “colonial”.

Aún así, el manejo de la crisis por parte del gobierno de Morales ha sido muy diferente al de sus predecesores. La marcha atrás es tan reveladora de las pocas posibilidades de dirección económica eficaz, bajo un modelo de concentración estatal como el que intenta promover el MAS, como de la importancia que ese gobierno le concede al respaldo popular. Los gobiernos del ALBA y el “socialismo del siglo XXI” pueden funcionar muy bien bajo la presión crítica de élites, pero no pueden permitirse una oposición popular.

Este año será sumamente conflictivo para esos gobiernos, ya que los estimados de crecimiento en los cuatro países (Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua) son muy bajos y la contracción de los recursos del Estado limitará la reproducción de capital político oficial. La mayor amenaza que deberán enfrentar no provendrá de los partidos tradicionales, que esos gobiernos presentan como oligarquías aliadas del “imperio”, sino de las propias bases populares que los han sostenido en el poder hasta ahora.

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