La discapacidad y los derechos humanos

Luis Raúl González Pérez

De conformidad con la Organización de las Naciones Unidas, existen mil millones de personas en todo el mundo con algún tipo de discapacidad —aproximadamente un 15% de la población mundial—. Estas personas enfrentan barreras físicas, sociales, económicas y actitudes excluyentes que les impide participar de forma plena en las actividades cotidianas en condiciones de igualdad.

Algunos de los instrumentos internacionales donde se mencionan los derechos que deben reconocerse y protegerse a las personas que viven con estas condiciones, son la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, y la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ambas suscritas por México.

El primero de los instrumentos mencionados señala que por discapacidad debe entenderse cualquier deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, y que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Asimismo, establece distintas medidas de carácter legislativo, social, educativo, laboral y de otra índole que deben adoptarse para garantizar la plena integración de estas personas en la sociedad.

Por su parte, la Obervación General número 5 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales sobre esta temática, menciona entre sus recomendaciones las de eliminar la discriminación por motivos de discapacidad, promover la igualdad de derechos, abatir el desempleo que sufren estas personas, garantizar la seguridad social, la educación y su participación en la vida cultural y recreativa, entre otras cuestiones.

Por lo que respecta a nuestro país, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México evidenció que entre los principales problemas que enfrentan las personas con discapacidad están el desempleo, la discriminación, el no ser autosuficientes, la falta de apoyo gubernamental, así como la imposibilidad de trasladarse o desplazarse con facilidad.

Ante esa realidad, es importante que todas las autoridades involucradas en los tres órdenes de gobierno implementen políticas públicas con el propósito de fomentar el empleo y abatir las barreras físicas, legales y culturales que impiden a estas personas gozar de todos sus derechos de manera plena.

En tal sentido, resulta relevante el Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las Personas con Discapacidad publicado en el Diario Oficial de la Federación en abril pasado y que estará a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, pues constituye una política pública enfocada precisamente en la inclusión de estas personas en la vida laboral.

Este tipo de programas deben replicarse en muy distintos ámbitos, como el relacionado con la educación inclusiva, la accesibilidad al transporte público, la utilización del lenguaje de señas mexicano en los medios de comunicación, entre otros muchos aspectos que es necesario implementar para garantizar los derechos de las personas con discapacidad, y que derivan de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos suscritos por nuestro país.

lraul.gonzalezperez@3.80.3.65