La policía unificada

Prepara la CNTE paro nacional indefinido por despido de maestros
Por:
  • larazon

El último informe presentado por la Secretaría de Seguridad Pública Federal da cuenta de la lastimosa situación en que se encuentra lo que se conoce como policía municipal. Una policía en su mayor parte mal organizada y peor retribuida.

Las cifras son reveladoras del caos imperante: la mitad de los municipios del país, cerca de mil 189, dispone tan sólo de 20 o menos policías para cuidar a sus habitantes, siete de cada 10 cuentan con menos de 40. Sólo uno de cada 10 tiene más de 100 elementos.

Dos mil 22 corporaciones municipales operan en el país. El grueso de esa policía, dispersa, se acerca a los 370 mil elementos. El 70 por ciento de los mismos apenas cuenta con educación primaria. Muchos son, prácticamente, analfabetos.

Las cifras son aún más dramáticas en lo que se refiere a los salarios. El promedio de ingresos del policía municipal es de seis mil 200 pesos mensuales; 200 pesos diarios. Empero, seis de cada 10 perciben cerca de cuatro mil pesos al mes.

Cuatro mil pesos al mes son 130 pesos diarios. Con 130 pesos el policía municipal debe alimentar y vestir a sus hijos.

Piénsese, además, en estados como Oaxaca con 570 municipios, Puebla con más de 200, Yucatán con 106.

Lo anterior genera, por decir lo menos, desorganización y dispersión. La confusión los hace presa fácil de las estructuras del crimen organizado.

Los reclutan con facilidad. Los “levantan” y los “tablean”. ¿Ante la disyuntiva “plomo o plata”, qué hará el policía que gana dos mil pesos a la quincena? ¿Es factible exigirles que se comporten como héroes o santos?

No falta razón, por ello, a los gobernadores que en la Conago plantearon necesario unificar las policías bajo el mando estatal. Generar 32 policías estatales. Así como las 32 procuradurías. Lo anterior evitaría la dispersión y posibilitaría la homologación salarial.

Esta renivelación tendrá que ver, también, con el salario de los agentes de la federación cuyo sueldo base es del doble del promedio nacional municipal.

Resulta que en esta materia, como en tantas otras, el país ha puesto la carreta delante de los bueyes. En junio de 2008 se apostó a la reforma integral del sistema procesal penal mexicano. La apuesta cruza por una transformación integral de los policías que deberán asumir un nuevo rol en la investigación y persecución del crimen. Tiene que ver, también, con una nueva concepción del agente del ministerio público y de la llamada policía científica.

En el nuevo sistema, el policía debe ser capaz de entender una teoría del caso, respetar la cadena de custodia de los datos de prueba que se constituirán en el juicio, embalar correctamente los indicios que rodean al hecho delictivo, sostener los primeros interrogatorios y, luego, plantarse ante un juez para defender, con argumentos, las razones por las cuales detuvo al imputado.

¿Podrá nuestra policía semianalfabeta hacer todo eso?

Peor aún. Otra reforma, la de agosto del 2009, que modifica el Código Penal y la Ley General de Salud, delega en las entidades federativas la competencia para investigar y perseguir lo que se conoce como narcomenudeo. Todo lo que esté por debajo de los cinco kilos de mariguana o el medio kilo de cocaína se considera como tal y será atribución de las autoridades de procuración y administración de justicia de las entidades federativas. Dicha reforma inicia su vigencia el 21 de agosto de este año. Dentro de dos meses y días.

Resulta, también, que según la tabla que se anexa en la modificación a la Ley General de Salud, no hay delito que perseguir si se posee menos de cinco gramos de mariguana o menos de cincuenta miligramos de cocaína.

El farmacodependiente o poseedor no se considera delincuente. Esa posesión viene a ser un problema de salud. Por encima de esa cantidad, aunque sea un gramo, el poseedor se transforma en delincuente.

El estornudo del policía puede definir una causa.

Dentro de unos pocos días corresponderá a los estados de la República buena parte del trabajo que antes correspondía a las autoridades federales. Así las cosas,, por elemental justicia y para evitar corruptelas, a trabajo igual debe corresponder igual salario.

rensal63@hotmail.com

fdm