Periodistas vendados y esposados

Desde el 11 de agosto el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa, tiene en su escritorio el texto de la recomendación que emitió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre los tratos crueles a los que fueron sometidos cuatro periodistas en Monclova, Coahuila en agosto de 2007.

El texto es interesante, porque es un ejemplo de las discusiones y debates del papel de los militares en funciones policiales.

Un convoy del Ejército detuvo a Manuel Acosta Villarreal y a Sinhué Samaniego Osorio reporteros del diario Zócalo, a Jesús Arnoldo González Meza de La Voz y a José Alberto Rodríguez Reyes de Núcleo Radio Televisión Canal 4.

Los militares, al mando de un subteniente, retuvieron a los periodistas porque consideraron que podían pertenecer a Los Halcones, una división de los zetas que se dedica a vigilar las ciudades y a informar de cualquier movimiento de las autoridades.

Los reporteros fueron esposados y se les vendaron los ojos.

Eran las 22:00 horas y no se supo de ellos hasta las 14:00 horas del día siguiente, cuando fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Federación.

Los elementos del Ejército declararon que los periodistas llevaban consigo una pistola calibre 38 y cartuchos para armas calibre 12, 22 y 38 y unos sobres con lo que parecía ser mariguana.

Todos los periodistas fueron absueltos de los cargos de delitos contra la salud y violación a la Ley de Armas de Fuego. Dos tribunales así lo confirmaron.

Por las irregularidades en la investigación la PGR inició una averiguación previa que fue turnada, por razones de competencia, a la Procuraduría General de Justicia Militar.

El caso fue mandado al archivo, porque el subteniente falleció en el trascurso de las indagatorias y porque “no se les puede reprochar conducta ilícita alguna argumentando la obediencia jerárquica”.

El problema, según la CNDH, es que el Código de Justicia Militar establece que “siempre que el cumplimiento de una orden del servicio implicase la violación de una ley, serán responsables el superior que la hubiese dictado y el inferior que la ejecutase”.

El convoy estaba conformado por 17 elementos, entre ellos el subteniente y un cabo.

Los médicos militares revisaron a los reporteros detenidos y no encontraron lesiones; los peritos de la PGR al realizar los exámenes físicos sí encontraron huellas de malos tratos.

La recomendación del ombudsman es para que se reabra el caso y se investigue a los responsables. Así de sencillo y creo que a quien más le conviene es al propio Ejército, una de nuestras instituciones más prestigiosas, por cierto.

juljard@yahoo.com.mx

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