Un nuevo PRI

Mauricio I. Ibarra

Pieza esencial del sistema político mexicano desde hace 85 años (cuando nació como Partido Nacional Revolucionario), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presenta una característica que lo distingue de los demás partidos: su nacimiento desde el poder.

La estrecha imbricación entre el PRI y la vida política a lo largo de tantos decenios ha provocado que los demás actores (partidos y organizaciones sociales) se definan a sí mismos con referencia al tricolor. De manera simplista, al PRI le son atribuidos de manera exclusiva los vicios del sistema, ya sea corrupción, patrimonialismo o insuficiente rendición de cuentas. Paralelamente, le son escatimadas las virtudes: paz social, laicidad estatal, control civil de las fuerzas armadas y políticas de bienestar. Hasta el año 2000, el PRI mantuvo una relación casi simbiótica con la Presidencia de la República. Más que un partido político, su actuación semejaba la de una “secretaría de asuntos electorales” que operaba las decisiones del titular del Poder Ejecutivo.

La dependencia del partido hegemónico respecto a Los Pinos motivó que muchos observadores anunciaran su muerte súbita con el triunfo de Vicente Fox. Los pronósticos mortuorios, sin embargo, estuvieron errados. Aun cuando la pérdida de la Presidencia de la República significó la orfandad para el tricolor, de un día a otro tuvo que aprender a actuar como oposición. La inexistencia de subordinación al Presidente modificó radicalmente la estructura partidista, así como su modo de operación. Los liderazgos en las cámaras del Congreso de la Unión (determinados anteriormente por decisión presidencial) recayeron en políticos que, además de contar con la anuencia de sus pares, necesitaron demostrar capacidad de operación para actuar como oposición legislativa. El líder nacional del PRI aprendió a ser contraparte del Ejecutivo, para lo cual requirió contar con la aprobación de los demás integrantes del tricolor, especialmente de los gobernadores. Estos últimos adquirieron una importancia mucho mayor en la vida del partido. Sin el dique de Los Pinos, no sólo conquistaron autonomía para determinar libremente las candidaturas a diputados y senadores, sino también obtuvieron la facultad de aliarse para determinar quién de entre ellos sería el candidato a la Presidencia de la República. Así las cosas, los dos sexenios de administraciones federales panistas tuvieron como resultado que, después de 70 años, el PRI se convirtiera en partido político.

El retorno del tricolor a Los Pinos plantea interrogantes en torno a su futuro. La designación de César Camacho como líder nacional muestra el restablecimiento del nexo entre la Presidencia de la República y el partido. Sin embargo, Enrique Peña Nieto carece del poder que tuvieron sus antecesores para determinar unilateralmente las decisiones del PRI. La distribución del poder a favor de los gobernadores hace improbable la desaparición de poderes en los estados o que las candidaturas a las gubernaturas se hagan desde el centro del país. La disciplina a las decisiones presidenciales, inscrita anteriormente en el ADN tricolor, dejó de ser dogma. Es previsible que un impacto desfavorable de las acciones de la administración Peña en las campañas electorales del próximo año esté acompañado de fracturas en la disciplina partidista.