Un procurador que no frecuente Los Pinos

Si lo que se quiere es darle poder a los ciudadanos, hay que avanzar en la autonomía del Ministerio Público. Poco se va a lograr mientras el procurador esté sujeto a las veleidades del poder.

Una de las virtudes de la propuesta de reforma política del PRI que presentó el senador Manlio Fabio Beltrones es ésa, la de establecer una serie de cambios constitucionales que permitirán, si son aprobados, una mejor rendición de cuentas y entre ellas la de quien ostenta el monopolio de la acción penal.

Los priistas quieren que el procurador dure en el cargo cuatro años y que su periodo se pueda extender por otros cuatro. Esto le daría un margen de acción evidente al funcionario, ya que no estaría sujeto a los cambios de gobierno.

La Procuraduría General de la República se convertiría en un órgano autónomo. De acuerdo con la iniciativa “el procurador será nombrado por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, sin que tenga injerencia alguna el Poder Ejecutivo”.

En América Latina sólo en Uruguay, en la República Dominicana y en México el Ministerio Público depende del Poder Ejecutivo.

Es evidente que la sujeción del procurador al poder presidencial responde a un mal diseño institucional, que no es nada adecuado para una democracia moderna.

La PGR no debe ser un instrumento de presión política del gobierno en turno. La historia de esa dependencia está plagada de historias donde el interés de los grupos de presión fue superior al de las pruebas y la ley.

La propuesta priista está basada en estudios de constitucionalistas importantes, como Héctor Fix Zamudio, Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez y Miguel Carbonell.

Una lectura de la exposición de motivos da cuenta de un trabajo serio y bastante sólido.

La búsqueda de la autonomía no es nueva, ni responde a ocurrencias del momento; por el contrario, revela necesidades que se han hecho palpables cuando la PGR ha sido sometida a presiones políticas intensas.

Basta recordar las primeras investigaciones en el caso Ruiz Massieu y en el de Luis Donaldo Colosio para tener una idea de hasta dónde se puede pervertir la función del Ministerio Público. Vamos, el fiscal encargado de esos casos, Pablo Chapa Bezanilla, hasta terminó prófugo de la justicia.

Una de las funciones más importantes del Estado democrático es la de garantizar un acceso pleno a la justicia y éste inicia, en nuestro sistema jurídico, con la actuación de los ministerios públicos.

En el fondo lo que requerimos, en el futuro, es un procurador que no frecuente Los Pinos.

agp