El resultado del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 que realiza la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) puso en evidencia la crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario de Veracruz, ya que de los 18 penales calificados, 14 tuvieron una calificación reprobatoria.
De acuerdo con el análisis, en algunos de los centros penitenciarios estatales se detectó el ejercicio de funciones de autoridad por parte de personas privadas de la libertad (autogobierno/cogobierno).
También se encontraron deficiencias en la seguridad, servicios médicos, sobrepoblación y presencia de actividades ilícitas e insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos en las cárceles.
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- El Dato: La CNDH subraya que se deben atender de forma prioritaria la sobrepoblación, el hacinamiento y las condiciones de salud e higiene en los centros de reclusión.
De los 18 centros de Veracruz, el que tuvo peor calificación es el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, que obtuvo una puntuación de apenas 3.89 en una escala de cero a 10.
En contraparte, el que obtuvo una mejor evaluación es el Centro de Reinserción Social de Zongolica, que obtuvo 6.42. La calificación general de Veracruz fue de 5.38.
Cabe mencionar que 12 de los 18 penales reportaron una sobrepoblación. Se trata de los centros de reinserción social de Amatlán, Chicontepec, Cosamaloapan, Huayacocotla, Jalacingo, Misantla, Ozuluama, Pánuco, Papantla, Poza Rica de Hidalgo, Tantoyuca y Xalapa.
- 8,669 PPL, al momento de la revisión, 866 arriba de su capacidad
Como muestra de la crisis en la que se encuentra el sistema penitenciario de Veracruz, el 5 de agosto de 2025 una riña al interior del penal de Tuxpan dejó ocho personas muertas, una decena de heridas y múltiples denuncias por extorsiones, amenazas y presuntos vínculos con el crimen organizado.
El conflicto se prolongó durante más de 12 horas y puso en evidencia las tensiones acumuladas dentro del centro penitenciario y la fragilidad del sistema carcelario en la entidad.
Las autoridades señalaron que la revuelta comenzó la tarde del sábado 2 de agosto, cuando un grupo de internos se amotinó y tomó el control de varias áreas del Centro de Reinserción Social.
Desde el interior, circularon videos en los que se aprecia que personas recluidas denunciaban abusos sistemáticos, extorsiones y cobros de cuotas presuntamente orquestados por miembros del grupo criminal conocido como Grupo Sombra.
En los clips difundidos por redes sociales, los internos señalaban que desde el penal, incluso, se habrían ordenado crímenes recientes, como el asesinato de la profesora jubilada Irma Hernández.
En este penal, la CNDH mencionó que existe deficiencia en la atención a personas privadas de la libertad en condiciones de aislamiento, deficiencia en los servicios de salud y en la separación entre hombres y mujeres.
Asimismo, falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en caso de detección, insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos y supervisión del funcionamiento del centro por parte del titular.
También se detectaron deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones disciplinarias, falta de capacitación del personal penitenciario, falta de normatividad que rige al centro (reglamentos, manuales, lineamientos y disposiciones aplicables; su difusión y actualización), insuficiencia de personal de seguridad y custodia, y presencia de actividades ilícitas.
De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechosd Hiumanos, los resultados del diagnóstico deben interpretarse considerando los contextos específicos en los que se ubica cada centro penitenciario.
Las condiciones sociales, económicas y de seguridad de las entidades federativas, que influyen de manera directa en la dinámica de los establecimientos penitenciarios, por lo que las evaluaciones no pueden analizarse de manera aislada o uniforme. Incluso, dentro de una misma entidad federativa pueden coexistir realidades distintas entre los centros supervisados, lo que exige analizar desde enfoques diferenciados la atención de las problemáticas identificadas.
También menciona que el diagnóstico permite advertir la persistencia de factores estructurales que inciden en la vulneración de derechos humanos dentro de los centros penitenciarios. Entre ellos destacan problemáticas como la sobrepoblación, el hacinamiento y la presencia de fenómenos de autogobierno o cogobierno, los cuales impactan directamente en las condiciones de vida, el acceso a servicios básicos, el contacto con el exterior, la seguridad y las posibilidades efectivas de reinserción social de las personas privadas de la libertad.
“El diagnóstico documenta un deterioro objetivo del contexto y de las condiciones que rodean los centros penitenciarios, particularmente por el incremento de la presencia de la delincuencia organizada y por la insuficiencia persistente de personal de custodia y seguridad”, dice el documento.
Sobrepasan capacidad
En 12 Centros de Reinserción Social veracruzanos de detectó sobrecupo:
- Amatlán
- Chicontepec
- Cosamaloapan
- Huayacocotla
- Jalacingo
- Misantla
- Ozuluama
- Pánuco
- Papantla
- Poza Rica de Hidalgo
- Tantoyuca
- Xalapa
