“En México hay una fuerte desprotección hacia los inquilinos”

Carla Luisa Escoffié Duarte, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y experta en denuncia inmobiliaria, asegura que en México hay una fuerte crisis por la falta de acceso a la vivienda, propiciada por cárteles y burbujas inmobiliarias, así como por la especulación y la gentrificación.

En entrevista con La Razón, asevera que el aumento en la llegada y arrendamiento de extranjeros a las grandes ciudades sí provoca el desplazamiento de inquilinos locales, así como violaciones a derechos humanos por el aprovechamiento de arrendadores en el alza de las rentas y las cada vez más fuertes condiciones o normas para seguir viviendo en departamentos.

A pesar de que el problema se ha ido asentando en grandes urbes como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, la gentrificación comienza a afectar a lugares más pequeños, por lo que organizaciones y colectivos alistan a nivel nacional ingresar recursos legales y aumentar las marchas como forma de protesta.

¿Cuáles son las afectaciones a derechos humanos por el fenómeno de gentrificación en México? Lo que se está viviendo en general en México es una crisis del derecho a la vivienda, hay una serie de problemas que impiden que las personas puedan acceder a una vivienda; la gentrificación es uno de esos problemas, pero no es el único, pues se está dando en varias ciudades como es el caso de Guadalajara y la Ciudad de México, incluso en ciudades más pequeñas como Valladolid en Yucatán o Puerto Vallarta, Jalisco.

Entre muchas cosas que genera la gentrificación, por sí misma, está el desplazamiento de una población de estrato socioeconómico bajo, para ser reemplazada por una población con mayor poder adquisitivo, además de un alza de precios de renta y compra de inmuebles, así como de consumo en las zonas.

La gentrificación se da en distintos países y golpea a las clases populares; sin embargo, en el caso de México tenemos el agravante que esta gentrificación se da en un contexto en el cual no hay una política de vivienda adecuada; es decir, en otros países sí tienen una política de vivienda robusta, diversificada e integral.

En México de por sí tenemos muchas carencias que impiden poder afrontar la gentrificación o bien mitigar sus efectos, tenemos un serio problema de que no hay un registro de arrendamiento, no hay contratos por escrito y en la gran mayoría de los estados no existe la obligación de registrar ante la autoridad los arrendamientos; por ello, no hay control y esto impide a las autoridades calcular cuántas viviendas tipo Airbnb ocupan este tipo de espacios.

En los estados no hay regulación de este tipo de vivienda bajo el esquema Airbnb; por ello, mucho menos existe la obligación de registrar los arrendamientos de este tipo como en otros países. Es un problema mundial, pero en México es todavía más grave, porque no tenemos las bases para afrontar el problema como sí se hace en otras naciones.

¿Se aprovechan las inmobiliarias o es un tema de corrupción? Puede darse en este marco el papel de la corrupción, pero la gentrificación puede que no sea tanto un tema de corrupción, porque la justificación va por las vías legales. Lo que sí hay es un abuso, tanto de la escalada de precios o los requisitos que se le imponen a los inquilinos para dejar los inmuebles, pero como en México falta legislación en la materia, lo que ocurre es que las personas se quedan indefensas.

No hay contratos y por ello no se puede demandar o exigir los derechos, aparte no hay instancia en donde puedan acudir los inquilinos a defender sus derechos, más que no pueden tener nada en escrito y los gobiernos no hacen nada por defender a la gente.

Se pueden vender edificios completos sin avisar a los inquilinos, desalojar gente con contratos que no han vencido, pasando a prácticas más agresivas como es un acoso inmobiliario amenazando a la gente desalojándolos de manera indirecta, hasta temas de corrupción o violencia directa, todo se basa en que en México hay una fuerte desprotección hacia los inquilinos.

Ya hubo manifestaciones en noviembre , ¿van a hacer otra o cuál es la estrategia a seguir? Las protestas que se dieron en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey no eran por gentrificación en sí, sino por el derecho a la vivienda, y que la gentrificación es sólo uno de los problemas. El tema Airbnb va ligado a la gentrificación y a la turistificación, que es que una zona específica de la ciudad está ocupada por turismo, de tal manera que no se prioriza que vivan ahí de manera alargada, sino que se vuelven escenarios turísticos, ya que hay muchos nómadas digitales que buscan vivienda permanente.

Desde hace tiempo han habido muchas acciones legales por el tema inmobiliario y se han realizado litigios; el más reciente es una sentencia en mayo de este año, en el que un juez ordenó al Gobierno de la Ciudad de México un diagnóstico de cómo la pandemia afectó a la población inquilina en el acceso a la vivienda, para que en su caso adopte las medidas y las políticas públicas necesarias para mitigar y contrarrestar los efectos de la emergencia. La CDMX apeló la sentencia para que sea modificada por un Tribunal Colegiado a nivel federal, y estamos en espera de ver qué es lo que va a resolver.

¿Tienen pensado hacer más movilizaciones o recursos legales? Las protestas las han hecho diversos activistas en el país en torno al derecho a la vivienda. Yo participé en la de la Ciudad de México y Monterrey, pero han tenido una buena organización.

En el caso de la capital del país aún no nos han dado respuesta y estamos considerando otras acciones, en caso de que al inicio del año no nos den respuesta, pero seguimos ingresando litigios en favor de la vivienda. Sí sé que hay colectivos en Tijuana, Cancún y otras ciudades que están discutiendo la posibilidad de hacer protestas el siguiente año.

¿La gentrificación se extiende? Los problemas de vivienda están en todo el país, ya sea por gentrificación, turistificación, burbujas inmobiliarias, especulación, cárteles inmobiliarios o todos a la vez. Se manifiestan estas problemáticas en todas las ciudades, pero hay que analizar cada una, por ello se dan en grandes ciudades como ya lo comenté, pero se suman Tijuana que aumenta, pero en dólares.

¿Hay algún recurso legal contra el desalojo o el alza en rentas? Hay muchos mecanismos para que se puedan defender a las personas, pero en muchos casos es ilusoria la justicia, ya que la misma justicia civil no está en condiciones de atender las demandas de las personas inquilinas, porque hay rezagos.

En torno al aumento de precios, es muy difícil saber los parámetros de costo de renta, pues no hay mecanismos.

¿Por qué la política de vivienda no es la adecuada? La política de vivienda en México en los últimos 50 años se centró en dar títulos de propiedad, así como regularizar terrenos y créditos bajo el Infonavit y Fovissste, lo cual es importante y relevante, pero no es suficiente. No hay arrendamiento público, no hay adecuación en la legislación de arrendamiento, registro de viviendas en renta, así como seguimientos.