Acaba Legislatura de paridad de género que abandonó a víctimas 

Durante la denominada Legislatura de la Paridad de género, la Unidad de Género en San Lázaro recibió al menos 16 demandas por acoso laboral o sexual, pero las afectadas no fueron referidas a apoyo médico, psicológico o jurídico adicional, de acuerdo con información obtenida vía transparencia.

En tanto, la Secretaría General de la Cámara de Diputados aclaró que puede que no existan reportes de las personas que decidieron no denunciar formalmente, pero fueron referidas a otro tipo de apoyo.

La Razón solicitó vía transparencia a cuántas personas atendidas por la Unidad de Género de San Lázaro se les brindó atención médica o jurídica, sin embargo, refirió que “no se cuenta con una expresión documental que permita atender la solicitud”.

“Debe precisarse que dicha atención ofrecida se brinda en caso de que las personas así lo soliciten expresamente”, apuntó la Unidad de Género.

No obstante, personas que denunciaron acoso en esta legislatura, consultadas por este medio, señalaron que al momento de denunciar no se les informó que la Unidad de Género cuenta con estos servicios para la atención de los casos de acoso, por lo que consideraron que debe fortalecerse la comunicación en esta área.

Respecto a la atención médica, el doctor Alfonso Rodríguez Gómez, subdirector administrativo de la Dirección de Servicios Médicos, adscrita a la Dirección General, expuso que “no cuenta en sus archivos con documentos que conste haber otorgado atención médica referida de la Unidad para la Igualdad de Género”.

De igual forma, la Dirección General de Asuntos Jurídicos respondió que no contaban con información sobre el tema.

La secretaria general de la Cámara de Diputados, Graciela Baéz Ricárdez, explicó en entrevista con La Razón que es probable que no existan reportes porque la persona afectada no siguió con la denuncia formal, o bien, por un tema de confidencialidad.

Sin embargo, aclaró que un par de casos sí han sido referidos a atención psicológica, pero no de manera formal, con un proceso de denuncia en la Unidad de Género. Expuso que los servicios médicos y psicológicos son opcionales, por lo que las afectadas están en su derecho de rechazarlos.

“No siempre es necesario el servicio médico. Probablemente si hay un daño físico, pero no lo ha habido”, indicó.

Detalló que hay un proceso que está siendo judicializado porque hay una denuncia penal, por lo que queda fuera de la jurisdicción de la Cámara de Diputados: “tenemos una unidad muy bien integrada que trabaja de manera coordinada con la Contraloría General, con los servicios médicos y con los psicólogos”.

En tanto, la exdiputada morenista, Lorena Villavicencio, confió en que las diputadas de la siguiente legislatura exijan atención integral a quienes son víctimas de estos delitos dentro del recinto.

“Espero que las diputadas de esta legislatura exijan la atención integral de quienes son víctimas de estos delitos y proceder hasta sus últimas consecuencias contra el agresor y reparen el daño causado a la víctima.

“Me parece incluso que la Comisión de Igualdad de Género debería tener la facultad de recibir un informe de los casos que ocurren con las trabajadoras o empleadas de confianza, darle seguimiento y. garantizar una atención integral”, apuntó.