A pocas horas de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, las protestas subieron ayer de tono y, en acciones de mayor fuerza, un grupo de jóvenes encapuchados embistió con un camión de transporte de carga la puerta número 1 del Campo Militar 1-A, en la Ciudad de México, y posteriormente le prendió fuego al vehículo, utilizando cohetones.
Después de la realización de un mitin que inició a las 11:51 horas, en el que padres de los 43 normalistas desaparecidos exigieron la apertura de los expedientes del Ejército, alrededor de las 12:50 horas un grupo de 20 jóvenes encapuchados comenzó a lanzar al menos 10 bombas molotov hacia el interior del inmueble.
- El Dato: EL pasado martes, encapuchados arrojaron cohetones contra el 27 Batallón de Infantería en Iguala, e incendiaron una camioneta a las afueras del inmueble.
Mientras los asistentes abordaban las decenas de autobuses en los que habían llegado desde temprano a la zona de avenida del Conscripto y Periférico —en los límites de la capital con el Estado de México—, irrumpió este bloque de choque, que intensificó su ataque conforme pasaban los minutos.
Instantes después, un camión blanco de transporte de carga, que contenía abarrotes, fue estrellado al menos seis veces en contra de la puerta del campo militar, derribando las rejas del acceso vehicular y peatonal. El vehículo era conducido por los mismos embozados.
Con la voz de “¡háganse para atrás!”, uno de los encapuchados retiró a las personas que se encontraban en la zona y lanzaron al menos cuatro de estas bombas a la cabina del camión con las puertas abiertas, las cuales, al estallar, provocaron el incendio del vehículo.
El jefe del Heroico Cuerpo de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, dijo a La Razón que, al arribar al sitio del siniestro, encontraron el vehículo impactado y con la cabina incendiada, mientras que la carga –compuesta de diversos materiales, entre ellos envolturas y plásticos– también se había visto alcanzada por las llamas.
“Nos abocamos primero a descartar que no hubiera riesgo para las personas, que no hubiera alguien al interior de la cabina, y de forma simultánea atendimos la parte de la carga”, explicó.
Detalló que, como “primer dato”, el camión fue “desapoderado del conductor de la empresa en un punto cercano y (los manifestantes) lo condujeron hasta este punto”.
El mando detalló que, aunque entre los escombros se localizaron botellas, envolturas y cajas plásticas que comúnmente se utilizan para acelerar incendios, corresponderá a los servicios periciales determinar el origen del fuego.
“En las labores de extinción, esas cosas se confunden con el propio material del incendio; nosotros no pudimos precisar el inicio”, puntualizó.
De acuerdo con Pérez Cova, el arribo de los bomberos ocurrió entre los 11 y 12 minutos posteriores al reporte, con apoyo de las estaciones de Tacuba y Tacubaya.
En total, acudieron 25 elementos, además de seis unidades —entre bombas, mini bombas, vehículos de primera respuesta y motocicletas—, pues no se sabía con certeza la magnitud del riesgo. “Siempre preferimos tener personal y material suficiente, porque las imágenes que circulan no siempre reflejan el nivel de peligro”, señaló.
Cerca de las 16:30 horas, una grúa de carga pesada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México retiró el camión utilizado en el ataque —y fue enviado al Ministerio Público correspondiente—, luego de que durante cuatro horas la Fiscalía capitalina llevara a cabo las diligencias correspondientes sobre la unidad.
En paralelo, personal de obras y servicios de la capital, y de la Secretaría de la Defensa Nacional, retiró los abarrotes calcinados y se encargó de desmontar la reja de acceso vehicular que quedó doblada tras el impacto. La fachada también resultó dañada, con afectaciones en los ornamentos y manchas de hollín en la zona del portón.
Durante el mitin, Isidoro Vicario, representante legal de los padres de los 43 normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014, aseguró que los avances sólo se habían visto con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“A 11 años, gracias a la colaboración del GIEI sabemos que hay mucha información que está en los archivos del Ejército. Por eso, compañeras y compañeros, venir y levantar la voz no es un capricho de los padres, es una exigencia justa que se tiene que hacer”, señaló el padre de familia.
Comentó que en el transcurso del tiempo “se sigue ocultando la verdad, se siguen burlando del dolor de los padres y madres de los 43, al seguir negando los archivos militares; por eso, compañeros, mientras no tengamos información y las investigaciones no avancen, esta línea se debe de mantener. A 11 años, seguimos levantando la voz porque ¡vivos se los llevaron!”.
Epifanio Álvarez, padre de uno de los jóvenes desaparecidos, reclamó que el Gobierno se niegue a entregar más de 800 folios pendientes y denunció la infiltración de la Defensa en la Normal Rural. “Si no temen nada, ¿por qué no los han entregado? Fueron ellos, lo hicieron a su favor”, expresó, con enojo.
Otro de los padres, Emiliano Navarrete, advirtió que las instituciones responsables actuaron como “masacradores del pueblo” y acusó al Estado de protegerse a sí mismo. “No vamos a permitir que este crimen de lesa humanidad quede impune. Seguiremos en la lucha, ni un paso atrás”, enfatizó, al recordar que sus hijos eran jóvenes campesinos y obreros a quienes les arrebataron sus sueños.
Concluyó su mensaje insistiendo en que “lucharemos hasta encontrar a los estudiantes”, al pedir que se abran todos los expedientes del Ejército relacionados con el caso.
Proponen a familias de los 43 dejar las calles y pasar a la “lucha jurídica”
Por Claudia Arellano
El primer vocero que tuvo el colectivo Nos Faltan 43, Felipe de la Cruz Sandoval, lanzó un llamado a frenar las manifestaciones en las calles para dar paso a una “lucha jurídica” encaminada a obtener justicia para los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
“La lucha para exigir justicia y castigo a los responsables ya no debe de ser con la manifestación y las acciones en las calles; esto ya pasó y dio resultado en su momento, pero ahora, con la llegada del nuevo Gobierno, ya no se tenía la necesidad de tantas protestas en las calles; ahora se tiene que hacer la lucha desde el contexto jurídico y legal para exigir justicia y el castigo a responsables”, dijo a La Razón.
- El Dato: El exalcalde de Iguala José Luis Abarca obtuvo el miércoles una suspensión contra su condena de 92 años por el secuestro de 6 integrantes de una organización social.
Mientras, los padres y madres de los 43 normalistas aseguraron que aun desde distintos frentes, por motivos personales e incluso por distintas ideologías, seguirán con la búsqueda de sus hijos “hasta que el gobierno rompa el silencio, deje la simulación, el encubrimiento y desentierre la verdad”.
“Los tres niveles de gobierno han preferido continuar protegiendo a los culpables sellando la verdad para que a la fecha no conozcamos el paradero de nuestros hijos. ¡Deciden proteger a los victimarios y las madres y padres de las víctimas seguimos sin saber nada sobre el paradero de nuestros normalistas!”, denunciaron los padres.
Inés Gallardo, madre de Daniel Solís Gallardo, dijo que siguen y seguirán buscando lo mismo de siempre: “la verdad y la justicia, pero ahora, desprendidos del grupo” que encabezó en su momento el defensor legal Vidulfo Rosales, ahora de la mano de Isidoro Vicario Aguilar.
- 800 folios sobre el caso piden los padres que libere el Ejército
“Queremos verdad y justicia; nos interesa saber qué fue lo que pasó esa noche del 26 y 27 de septiembre de hace 11 años en la ciudad de Iguala. Nosotros seguimos esperando que llegue esa justicia para nosotros. Cada quien está haciendo su lucha y todo cuenta, pero queremos que se llegue a la verdad”, expresó.
Isidoro Vicario Aguilar, nuevo representante de los “Otros padres de los 43”, dijo que en la reunión más reciente con la Presidenta Claudia Sheinbaum “lamentablemente no tuvimos información” y calificó al encuentro con la titular del Ejecutivo federal como “infructuoso”.
Además, en el aniversario número 11 de estos lamentables hechos, dijo que es importante contar con el apoyo y solidaridad de las organizaciones y colectivos que asistieron, porque de eso depende que el movimiento continúe.
Señaló que, en las recientes manifestaciones, los padres y estudiantes exigieron al Gobierno federal la entrega de los 800 folios relacionados con las investigaciones que involucran al Ejército mexicano. También demandaron acceso a los archivos militares y la revisión de los equipos de telefonía celular de los jóvenes, los cuales siguieron en operación después de los hechos.
Vicario Aguilar señaló al Ejército como la principal línea de investigación para conocer el paradero de los desaparecidos y recordó que las indagatorias se detuvieron cuando Omar Gómez Trejo era titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa.
Consultado sobre este tema, Manuel Vázquez Arellano, sobreviviente de la desaparición en Iguala, señaló que “el expediente del caso Ayotzinapa no puede permanecer disperso, debe concentrarse para facilitar la investigación, tal como lo ha solicitado el movimiento todos estos años”.
Sus declaraciones se dan en medio de dos frentes que siguen pugnando al Gobierno por llegar a la verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de la normal, que este viernes cumplen 11 años sin estar en sus hogares.
Vázquez Arellano, ahora diputado de Morena, pidió a dicha Cámara aprobar la proposición con punto de acuerdo con ese propósito y aseguró que espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “haga lo correspondiente”.
Publicado en la Gaceta Parlamentaria, el punto de acuerdo exhorta a la SCJN y al Órgano de Administración Judicial (OAJ) a realizar la concentración en un solo órgano jurisdiccional de los diversos juicios y procesos relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Expuso que el objetivo es garantizar la unidad de criterio, la coherencia en las resoluciones judiciales y la protección integral de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares.
Este 26 de septiembre, padres de familia de los estudiantes realizarán su marcha anual nacional a 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, en la Ciudad de México; partirán a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia, y el sábado habrá una marcha estatal en Iguala, Guerrero.
“Se ha insistido en extradición de Zerón”
› Por Yulia Bonilla
En vísperas de cumplirse 11 años de la desaparición en Iguala, Guerrero, de 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se ha insistido ante Israel para que extradite a Tomás Zerón, quien fuera director de la Agencia de Investigación Criminal de la extinta Procuraduría General de la República en el sexenio de Enrique Peña.
Entre las exigencias que las familias de los estudiantes hicieron con mayor énfasis al reunirse el pasado 4 de septiembre con la mandataria, fue que se traiga a México a personajes vinculados al caso y que se encuentran en el extranjero, entre ellos, Zerón de Lucio.
Sheinbaum Pardo afirmó durante su conferencia en Palacio Nacional que desde el sexenio de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, se han presentado las solicitudes y ahora se insiste.
- El Tip: El gobierno de EU dio asilo al exjuez de barandilla Ulises Bernabé García, cuyo testimonio se considera clave en este caso.
Paralelamente a esto, recordó que también se ha pedido la extradición de otros dos vinculados, pero que se encuentran en Estados Unidos.
“Se han enviado varias cartas al gobierno de Israel y a través de los canales diplomáticos para la extradición de Tomás Zerón. Eso existe desde el presidente López Obrador que se está pidiendo y ahora está insistiendo en esta extradición. Además de dos personas que solicitamos al secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos que están en Estados Unidos y que estamos solicitando su extradición a México”, afirmó.
El año pasado, el expresidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, le comunicó un año atrás que a pesar de que su país comprendía la necesidad de que en México se exija llevar ante la justicia a los responsables de la desaparición, sin embargo, se apuntaba que la operación se complicaba por la guerra con Hamas, pero se mantenía el análisis.
“El Ministerio de Justicia está trabajando intensamente en este caso. Concedemos la máxima importancia a la cooperación entre ambas partes para que pueda tomarse lo antes posible una decisión sobre cómo avanzar”, señaló en una carta a Netanyahu.