La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, advirtió ayer que organizar de manera simultánea la elección judicial y el proceso electoral ordinario de 2027 resulta, en varios aspectos, “materialmente imposible”.
Ante ello, anunció que el instituto buscará reunirse con legisladores, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados, para exponer las complejidades técnicas, operativas y presupuestales que implicaría la concurrencia, antes de que concluya el periodo ordinario del Congreso, el próximo 30 de abril.
- El Dato: El consejo General aprobó ayer la nueva integración y las presidencias de las comisiones permanentes tras la incorporación, la semana pasada, de tres nuevos integrantes.
En conferencia de prensa, Taddei Zavala precisó que el INE presentó desde el inicio de los trabajos de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, dos escenarios para la celebración de la elección judicial: realizarla el mismo año que el proceso ordinario, pero en fecha posterior, o trasladarla al año siguiente. Ninguna de las dos fue retomada en el proyecto de enmienda conocido como Plan B, recordó.
La consejera presidenta distinguió entre lo que calificó de “complicado” y lo que definió como “materialmente imposible”. En el primer caso ubicó los retos logísticos, como son la localización de casillas, tiempos de radio y televisión, almacenamiento de documentación electoral, cómputos diferenciados.
En el segundo caso, señaló una incompatibilidad jurídica de fondo: la ley prohíbe a los partidos políticos participar o siquiera acercarse a las mesas directivas de casilla en la elección judicial, mientras que en el proceso ordinario su presencia es obligatoria.
“Materialmente no podemos tener las dos elecciones en el mismo espacio físico porque se contraponen las reglas de una y de otra. En una tenemos representantes de casilla por cada partido político. Eso se contrapone con la regla del judicial”, señaló.
Agregó que, de mantenerse el modelo de casillas seccionales utilizado en el proceso judicial anterior, la concurrencia resultaría incompatible desde el arranque: el proceso ordinario de 2027 operará con alrededor de 170 mil casillas, mientras que la elección judicial requeriría ubicaciones diferenciadas: “Ésa es una muy simple (razón) y pareciera ser hasta banal. No es banal y no es menor”.
Sobre los tiempos en medios, recordó que en el proceso judicial anterior el INE recibió 24 minutos para promoción institucional, insuficiente para la cantidad de candidatos en juego si ambas elecciones se desarrollaran de forma paralela.
Añadió que el instituto tiene previsto sostener reuniones con los proponentes de las reformas en ambas cámaras para presentar de manera “muy didáctica, muy pedagógica” los elementos técnicos, operativos y presupuestales.
Indicó que este martes, en la reunión semanal del Consejo General, se definirá si el encuentro con legisladores se concreta esta misma semana, tomando en cuenta que el periodo ordinario del Congreso concluye el jueves.
Respecto a la fecha propuesta por el INE, que es octubre de 2027, señaló desconocer las razones por las que no fue aceptada por la Presidencia de la República, aunque no descartó que las opciones planteadas por el instituto pudieran aún ser consideradas por los legisladores.
La legislación electoral vigente establece que cualquier modificación en la materia debe realizarse a más tardar 90 días antes del inicio del próximo proceso electoral para que pueda aplicarse en el siguiente ciclo, que arranca la primera semana de septiembre.
TIJERETAZO. En lo que respecta al reajuste salarial que el INE deberá realizar para acatar los ajustes de austeridad establecidos en el artículo 127 constitucional como parte de la reforma electoral conocida como Plan B, que establece que ningún funcionario del instituto puede ganar más que la persona titular del Ejecutivo federal, Taddei Zavala informó que la Junta General Ejecutiva aprobó, en su sesión de ayer, iniciar el análisis del impacto salarial derivado de la enmienda. Explicó que el ajuste se realizará a partir de 2027, y que el número de trabajadores afectados directamente por la reducción sería de entre 144 y 150 personas de un total de 19 mil colaboradores del INE a nivel nacional.
“El resto del personal no tiene por qué preocuparse en lo personal”, afirmó, y descartó despidos como consecuencia de la enmienda: “Nadie va a ser despedido por motivo de la reforma”.
Sobre las compensaciones que en términos coloquiales se denominan “bonos”, y que consisten en apoyos económicos equivalentes a dos meses de sueldo bruto, entregados durante los procesos electorales al personal del Instituto, incluidos los consejeros, debido a la carga laboral intensa, Guadalupe Taddei aclaró que no se trata de prestaciones discrecionales.
Explicó que estos pagos responden a trabajos extraordinarios derivados de la suspensión de descansos y de jornadas laborales extendidas, al considerarse que durante el proceso electoral todos los días y horas son hábiles. En ese sentido, subrayó que dichas compensaciones están contempladas en la ley, por lo que no se verán afectadas.
Agregó que tampoco serán tocados los fideicomisos ni los seguros de gastos médicos mayores, aunque estos últimos están en proceso de análisis junto con el seguro de retiro.
El acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva del INE instruye a la Secretaría Ejecutiva a presentar un análisis institucional detallado sobre los tabuladores de sueldo y los manuales de remuneraciones aplicables al personal del Servicio Profesional Electoral Nacional y de la Rama Administrativa.
Dichos elementos, que comprenden los tabuladores salariales, el Manual de Remuneraciones y el Manual de Normas Administrativas en Materia de Recursos Humanos, servirán de base técnica para la elaboración del anteproyecto de presupuesto del INE para 2027.
La consejera presidenta indicó que las áreas responsables tienen un plazo de 30 días para concluir el análisis salarial.
Razones de peso
Argumentos del INE en contra de la elección concurrente:
- Tendrían que colocarse casillas en ubicaciones diferentes para cada proceso: en la elección judicial no puede haber en mesas directivas representantes partidistas, y en la ordinaria es obligatoria su presencia.
- habremos de buscar espacios adicionales en bodegas para almacenar toda la documentación electoral propia de ambas direcciones.
- Lo anterior implicaría contar con 2 o hasta 4 mecanismos de recolección, almacenamiento y cómputo (por las elecciones federal y local) en los procesos.
- Podrían presentarse eventos coincidentes de campaña entre aspirantes a jueces y a otro tipo de cargo de elección popular.
- Los tiempos en medios serían totalmente insuficientes para la cantidad de candidatos en juego si ambas elecciones se desarrollaran de forma paralela.
- proceso de recepción de los documentos probatorios de requisitos legales y verificación de la idoneidad de aspirantes a juzgadores.
- Complicaciones operativas para el INE en la definición final de los modelos de boletas electorales.