El coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda Hoeflich, exigió al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que ofrezca una explicación puntual y exhaustiva tras las acusaciones presentadas en su contra por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.
“Claro que tiene que dar la cara, claro que tiene que dar una explicación. No es un asunto menor la acusación”, afirmó Castañeda ante medios de comunicación en el Senado.
El legislador jalisciense señaló que la acusación presenta particular gravedad porque, según trascendió, incluye una vinculación de carácter electoral.
“Dicen algo así como ‘a cambio de favores electorales’”, dijo el senador. “Repito, no es un asunto que deba soslayarse”.
El coordinador de Movimiento Ciudadano también hizo un llamado a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Gobierno Federal, a los que llamó a actuar con altura de miras.
“El gobierno de la República ha tenido la oportunidad de avanzar en la lucha contra la corrupción y en la lucha contra el narcotráfico y lamentablemente no lo ha hecho”Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado
Al ser cuestionado sobre las solicitudes de extradición que recibió la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Castañeda Hoeflich señaló que debe atenderse por los cauces legales.
Descartó que el Senado deba convertirse en un espacio de linchamiento parlamentario, como ocurrió, dijo, con el caso de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. “Lo que nosotros vamos a impulsar siempre es que las autoridades hagan su trabajo”, sostuvo.
Más temprano este miércoles, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la DEA (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) dio a conocer la acusación formal de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por narcotráfico y delitos relacionados con armas.
También fueron acusados otros ocho funcionarios, tanto en activo como retirados, de esa entidad del Pacífico, así como el senador Enrique Inzunza Cázarez, por conspirar con líderes del Cartel de Sinaloa para presuntamente distribuir grandes cantidades de heroína, cocaína, metanfetamina o fentanilo a Estados Unidos “a cambio de apoyo político y sobornos”.
Estados Unidos imputa a cada uno de los funcionarios cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas, por los que enfrentan posible cadena perpetua o una pena mínima de 40 años de prisión.
Además del mandatario estatal y el senador de Morena, fueron acusados:
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán
- Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “El Cholo”, exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado”, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa
- Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán
Por separado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 28 de abril recibió diversas solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos, mismas que fueron remitidas a la Fiscalía General de la República (FGR).
Tras recibir los expedientes de la embajada de los Estados Unidos, la Cancillería, señaló que, “de acuerdo a la revisión jurídica”, no existen elementos probatorios para acreditar la responsabilidad de las personas, también acusadas de colusión con el Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos.
Posteriormente, la FGR señaló que las solicitudes no aportan “evidencias contundentes” contra los acusados, e informó que será la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales la encargada de analizar los expedientes y determinar si existen elementos probatorios suficientes para solicitar órdenes de aprehensión y si se concede una eventual extradición a Estados Unidos.
En tanto, la SRE adelantó que, debido a la forma en la que Estados Unidos dio a conocer las acusaciones, enviará un extrañamiento a la embajada estadounidense.
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cehr
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