El exfiscal de Chihuahua César Jáuregui Moreno fue detenido no sólo por su presunta responsabilidad en la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en un operativo en la Sierra Tarahumara, sino también por otros delitos, aunque corresponde a la Fiscalía General del Estado informar sobre esas otras investigaciones, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Afirmó que, hasta ahora, no hay pruebas que vinculen directamente a la gobernadora María Eugenia Campos con la intervención de agentes estadounidenses.
La mandataria reiteró que, de acuerdo con la información disponible, el principal responsable de permitir la participación en el operativo sería el entonces fiscal estatal. Calificó su actuación de irresponsable por autorizar la intervención en territorio mexicano sin cumplir con la ley y los protocolos correspondientes.
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- El Dato: El artículo 123 del Código Penal Federal establece penas de cinco a 40 años de prisión y multas de hasta 50 mil pesos, para mexicanos que cometan traición a la patria.
“Lo he reflexionado mucho. Y ahora que la responsabilidad recae en el fiscal, o el exfiscal, de ese momento, pues, la verdad, fue muy irresponsable, por decir lo menos, no solamente por haber permitido la participación contra la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, declaró.
Sheinbaum Pardo explicó que las investigaciones de la fiscalía estatal continúan, pues existen otros asuntos relacionados con Jáuregui que deben esclarecerse. Precisó que estos casos son distintos al de la participación de agentes de la CIA y descartó que se trate del mismo delito de traición a la patria.
“Por otros delitos. Que lo aclare la fiscalía, porque ahí sí lo conozco, pero no debo yo mencionarlo”, afirmó.
Sobre la posible participación de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, en los hechos, la Presidenta dijo que, según la información que conoce, la fiscalía no cuenta con pruebas que la involucren directamente. No obstante, pidió que la autoridad estatal aclare este punto.
“De acuerdo con lo que menciona la fiscalía, no tienen, hasta donde yo sé —y si no, que lo aclare la fiscal— alguna prueba de que haya sido directamente la gobernadora. Hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la fiscalía”, declaró.
En este contexto, la mandataria llamó a los fiscales estatales a cumplir con su responsabilidad de procurar justicia, combatir la impunidad y respetar la ley. Consideró que quienes encabezan las instituciones encargadas de investigar delitos deben actuar con apego a la legalidad y dar ejemplo a la sociedad.
“¡¿Cómo un fiscal que tiene la responsabilidad de la procuración de justicia es el primero que viola la ley?! Y esto va para todos los fiscales, hombres y mujeres: la responsabilidad que tienen es enorme, es acabar con la impunidad junto con el Poder Judicial”, expresó.
Finalmente, subrayó que las autoridades estatales también tienen la obligación de proteger la soberanía nacional y garantizar que cualquier colaboración con gobiernos extranjeros en materia de seguridad se realice conforme a la ley.
...Y FGR cumplimenta 2.a orden; lo lleva al Altiplano
| Por Elizabeth Hernández |
La Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una segunda orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua César Gustavo Jáuregui por presunta traición a la patria, tras el rechazo de un juez estatal a imponerle prisión preventiva. Agentes federales lo trasladaron al penal del Altiplano, en el Estado de México.
Tras una audiencia en Chihuahua, la noche del domingo pasado, elementos ministeriales volvieron a detenerlo. El juzgador le permitió enfrentar en libertad la investigación local por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, pero el mandamiento federal impidió su salida.
- El Tip: La defensa señaló que la audiencia inicial será hoy, y el jueves la vinculación a proceso, por videoconferencia.
Ambos expedientes tienen su origen en el operativo de abril en El Pinal, municipio de Morelos, donde personal estadounidense y autoridades estatales participaron en acciones de seguridad. El despliegue abrió una investigación por la falta de autorización federal.
Ernestina Godoy, titular de la FGR, informó que la orden por traición a la patria surgió de más de cien actos de investigación. Señaló que Jáuregui Moreno ordenó y coordinó la operación, tras la cual las autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino de drogas.
Para la dependencia, el caso involucra atribuciones exclusivas de la Federación y afectaciones a la soberanía nacional. La acusación plantea que un gobierno estatal no puede transferir facultades de seguridad a agentes extranjeros al margen de los mecanismos legales de cooperación.
Un juez de Chihuahua dispuso medidas cautelares distintas a la cárcel, entre ellas entregar el pasaporte y evitar contacto con testigos. Corresponderá a la jueza Mariana Vieyra Valdez conocer la imputación en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez. La FGR no ha informado públicamente qué fracción del Código Penal Federal pretende aplicar al exfiscal, quien conserva la presunción de inocencia.
Maru niega protección a exfiscal tras su captura
| Por Elizabeth Hernández
La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, aseguró que su administración no protegerá ni perseguirá a ningún funcionario o exservidor público tras la detención del exfiscal César Jáuregui Moreno. Además, confirmó que existen dos procesos judiciales distintos por los hechos del operativo en El Pinal: uno del fuero común y otro de competencia federal.
“Nadie que sirva o que haya servido en mi gobierno, nadie está por encima de la ley”, afirmó la mandataria estatal, quien también sostuvo que las autoridades actuarán sin distinciones. “Aquí no se protege a nadie. Ni se persigue a nadie”.
Además, explicó que la Fiscalía General del Estado concluyó la semana pasada la etapa inicial de su investigación, cuyo resultado permitió judicializar el caso por delitos del fuero común.
- El Dato: El exfiscal de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany, también es señalado por el probable delito de falsedad ante autoridades con penalidad agravada.
Precisó que corresponde al Poder Judicial (PJ) determinar la situación jurídica de las personas involucradas.
El procedimiento comenzó después del operativo de El Pinal, en el municipio de Morelos, que motivó una reunión entre la gobernadora y el secretario de Seguridad Pública federal. Un día después de ese encuentro, el 24 de abril, anunció la creación de una unidad especializada para esclarecer posibles irregularidades cometidas por servidores públicos.
Dicha instancia recibió el mandato de investigar conductas que pudieran constituir delitos o faltas graves en el operativo, además de establecer responsabilidades en coordinación con los distintos órdenes de gobierno.
Respecto a la intervención federal, la mandataria confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) judicializó una causa distinta, a partir de sus propias investigaciones, y manifestó su disposición a colaborar con cualquier requerimiento de información o diligencia dentro del marco legal.
“Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la fiscalía del Estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera”, señaló.
Sobre la participación de autoridades extranjeras en acciones internas de seguridad, Campos Galván reconoció la importancia de mantener la cooperación internacional, aunque advirtió que cualquier colaboración debe respetar los procedimientos institucionales y las disposiciones legales del país.
Asimismo, recordó que su administración había decidido no emitir posicionamientos públicos mientras continuaran las indagatorias y explicó que el cierre de la primera etapa permitió dar a conocer su postura.
La mandataria estatal ratificó que Chihuahua mantendrá las acciones contra el crimen organizado con apoyo del Gobierno de México y de sus socios estratégicos, pero insistió en que toda operación deberá ajustarse a la legislación.
“Vamos a seguir combatiendo el crimen organizado con toda la fuerza del Estado, con la mayor colaboración y cooperación posible con el Gobierno de México y con nuestros socios estratégicos, y siempre dentro de la ley y por el bien de las familias de todo este gran estado de Chihuahua”, señaló.
Senado pide aclarar quién autorizó incursión militar
| Por Tania Gómez |
El presidente de la mesa directiva del Senado, Higinio Martínez Miranda, pidió esclarecer quién autorizó la participación de agentes estadounidenses en un operativo antidrogas en Chihuahua, caso por el que fue detenido el sábado el exfiscal estatal César Jáuregui Moreno.
El senador de Morena sostuvo que el exfuncionario debe responder por su actuación y explicar quién permitió que agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) participaran en acciones de seguridad en territorio mexicano sin la autorización correspondiente del Gobierno federal.
El legislador del guinda también aclaró que sus señalamientos no están dirigidos contra el Gobierno estadounidense, sino contra la presunta falta de autorización federal para que sus agentes intervinieran en territorio nacional.
- El Tip: El 18 de abril murieron 2 agentes de la CIA y el director de la Agencia Estatal de Investigación en un accidente de auto.
“No estamos enojados con los gringos”, afirmó, al insistir en que el problema radica en que se les habrían facilitado condiciones para participar en una operación sin contar con el aval de las autoridades federales mexicanas.
Martínez Miranda reconoció que México mantiene una amplia colaboración con agencias estadounidenses en materia de seguridad, pero subrayó que esta debe desarrollarse con coordinación y dentro del marco legal.
“Si hay coordinación, será dentro del marco legal que exige este país”, sostuvo.
Sobre la posible responsabilidad de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, el legislador evitó exonerarla y señaló que el fiscal deberá explicar lo sucedido. “También el fiscal tendrá que responder”, expresó.
Además, sostuvo que la cooperación bilateral con el gobierno de Trumo en materia de seguridad no está en discusión, siempre que respete las atribuciones de las instituciones mexicanas.
También consideró que el proceso legal permitirá esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, tanto por la actuación de las autoridades estatales como por la presunta participación de agentes extranjeros sin autorización federal.
Pide a los estados legislar la acción afirmativa migrante
