EL SENADO aprobó ayer la Ley de Economía Digital que faculta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para determinar los sectores y actividades en los que los pagos digitales serán la única opción, una atribución que provocó cuestionamientos de la oposición y el rechazo del morenista Ricardo Sheffield, quien advirtió que la decisión quedará en manos de un funcionario.
- EL TIP: LA LEY fue aprobada en lo general con 73 votos de la 4T a favor, y 34 en contra de PAN, PRI y MC. En lo particular, se avaló con 72 votos a favor y 37 en contra.
La panista Verónica Rodríguez cuestionó que ni siquiera los integrantes de Morena estuvieran convencidos de la iniciativa, luego de que Sheffield criticara que se otorgue a la SHCP esa facultad. El senador respondió que fue el único de su bancada que votó en contra y, en medio del intercambio, se calificó como “el único” que se opuso al proyecto.
La priista Carla Toledo también advirtió sobre el poder que se entrega al Gobierno para decidir dónde podrá utilizarse el efectivo: “La propuesta le da más poder al Gobierno y representa una amenaza a la libertad de los ciudadanos de elegir su forma de pago”. Añadió que Morena pretende que el Senado le firme al Gobierno “un cheque en blanco” para determinar dónde podrán utilizarse o no el efectivo.
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Por su parte, el emecista Francisco Barreda Pavón alertó sobre los costos que la medida podría representar para los pequeños comercios, que tendrían que asumir gastos por terminales de pago, comisiones bancarias y conectividad: “El problema no está en digitalizar, el problema está en obligar”.
El panista José Máximo García López también acusó al Gobierno de utilizar la digitalización para ampliar la fiscalización y advirtió que los costos adicionales podrían trasladarse a los consumidores.
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Los legisladores opositores alertaron, además, sobre las dificultades que enfrentarían las comunidades rurales con acceso limitado a internet. Las propuestas de modificación presentadas por legisladores de Morena, PAN y PRI fueron rechazadas. El proyecto fue remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
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