El exfiscal general de Chihuahua, César Gustavo Jáuregui Moreno, permanecerá en prisión preventiva tras la imputación por el delito de traición a la patria que la Fiscalía General de la República (FGR) sustentó con cerca de 150 datos de prueba.
Héctor Villasana, abogado defensor del exfiscal, reveló que Mariana Vieyra Valdés, jueza que autorizó la captura del exfuncionario, renunció a su cargo horas después de autorizar las actas de detención y notificó que otro juzgador asumió el caso durante la audiencia inicial del martes 20 de octubre. El litigante presentó varias inconsistencias, que, a su juicio, ocultan un fondo político en el caso contra su representado.
Durante la audiencia, que transcurrió parcialmente a puerta cerrada por motivos de seguridad nacional, los ministerios públicos de la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), y solicitaron la vinculación a proceso del exfuncionario.
La defensa, por su parte, pidió duplicar el plazo constitucional, por lo que el juez aplazó su decisión hasta el sábado 24 de octubre, a las tres de la tarde para continuar la diligencia inicial en el penal de El Altiplano, para resolver si vincula a proceso a Jáuregui Moreno por traición a la patria y mantiene la privación de la libertad.
Villasana cuestionó que la acusación federal pretenda establecer una relación entre el exfiscal y los estadounidenses sin pruebas que acrediten que conocía su presencia u operación en El Pinal.
El litigante sostuvo que los elementos reunidos por ambas fiscalías no permiten demostrar que Jáuregui tuviera conocimiento de la intervención de esas personas: “Les insisto, no hay un solo dato de prueba que así lo demuestre”, expresó.
Según el abogado, las investigaciones corroboraron visitas de los estadounidenses a la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dentro del complejo C4 de Chihuahua, pero no encuentros personales.
El defensor citó una conclusión que atribuyó a la FGR, fechada el 18 de mayo, según la cual los mandos superiores no recibieron informes sobre la presencia extranjera en el operativo, y que “su intervención fue limitada, reservada y sin interacción, salvo con el director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera”. Añadió que no portaban armas, insignias ni uniformes tácticos.
Villasana aseguró que unos 80 testimonios descartan la participación activa de los estadounidenses en el operativo. Entre las declaraciones destacan las de varios elementos de la Defensa que realizaron tareas de seguridad y resguardo, quienes declararon que “las personas de origen norteamericano no tuvieron ningún tipo de participación activa en el operativo”.
Además del proceso federal, el imputado enfrenta una causa estatal por ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Agentes de Chihuahua lo detuvieron primero; después, la Agencia de Investigación Criminal cumplió la orden federal.
Este jueves 22 de octubre, a las diez horas, un juez estatal resolverá si lo vincula a proceso por esos delitos. El exfuncionario comparecerá por videoconferencia desde El Altiplano, mientras sus abogados participarán en la audiencia desde Chihuahua.
Autos rentados registran actividad de los agentes
| Por Elizabeth Hernández |
Los dos elementos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés) que perdieron la vida tras el operativo de El Pinal, en Chihuahua, Richard Leiter Johnston III, de 35 años, y John Dudley Black de 43, dejaron el rastro de sus movimientos en dos automóviles rentados.
Los registros de GPS permitieron a la Fiscalía General de la República (FGR) reconstruir sus recorridos entre hoteles, el aeropuerto y el Complejo Estatal de Seguridad Pública (C4) de Chihuahua, durante los días previos al accidente automovilístico en el que fallecieron.
Estos movimientos aparecen como parte de la causa penal contra César Gustavo Jáuregui Moreno y Guillermo Arturo Zuany Portillo, la dependencia incorporó los contratos de arrendamiento y registros de geolocalización de dos Volkswagen Jetta color plata, con placas DAY975A y EKN199B.
- El Tip: Los efectivos Richard Johnston III y John Dudley Black apoyaron a EU en sitios en guerra en Asia y América.
La primera unidad salió de la arrendadora el 7 de abril y, ese mismo día, llegó al complejo policial. Dos días después, el sistema lo ubicó en esas instalaciones durante más de seis horas. Posteriormente, regresó al Holiday Inn Hotel & Suites Chihuahua, ubicado en la calle Escudero, colonia San Felipe Viejo. La unidad realizó otro recorrido a las oficinas de seguridad antes de volver al hotel y, el 10 de abril, apareció en Europcar.
El segundo auto siguió una ruta similar.Desde el 10 de abril, el GPS documentó visitas al complejo policial y al Holiday Inn, además de paradas en otros negocios. Cuatro días después, el 14 de abril, el automóvil pasó por las inmediaciones de un gimnasio y permaneció casi dos horas en el Complejo Estatal de Seguridad Pública.
Para el 16 de abril, poco antes de las diez de la mañana, el GPS volvió a ubicar el Jetta en el Complejo Estatal de Seguridad donde permaneció hasta las 9:40 de la noche del día 19, cuando los dos estadounidenses llevaban casi 20 horas muertos.
El automóvil retomó sus recorridos esa misma noche, 16 minutos después de salir del complejo policial, los registros lo situaron cerca del hotel Four Points, donde permaneció hasta la mañana siguiente. Posteriormente regresó a las instalaciones de seguridad, aunque el expediente no identifica quién lo conducía. El sistema dejó de reportar movimientos fuera del recinto durante los días 21 y 22 de abril.
Empujan Corral, Chávez, Loera... denuncia contra César Jáuregui
| Por Elizabeth Hernández |
El Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional (FEDSN), cuya creación promovió el senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó dos denuncias que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó al expediente judicial contra el exfiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno y el antiguo titular de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, por el delito de traición a la patria.
La agrupación surgió en mayo de 2026, después del operativo de El Pinal, donde autoridades estatales y militares localizaron dos laboratorios clandestinos. Durante el regreso de la brigada, murieron cuatro agentes —dos estadounidenses y dos de Chihuahua— en un accidente que propició una investigación federal sobre la posible intervención extranjera en tareas de seguridad pública.
Corral anunció el 9 de mayo la creación del FEDSN, mediante un manifiesto que suscribieron los senadores Andrea Chávez Treviño y Juan Carlos Loera de la Rosa, junto con académicos, docentes, profesionistas y representantes de organizaciones sociales.
- El Tip: En agosto de 2024 agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trataron de detener a Javier Corral en la CDMX, hecho que fue impedido por la fiscalía capitalina.
El documento planteó investigar las actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio chihuahuense y exigir un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
A través de sus redes, el exmandatario convocó a integrar la organización “ante la intromisión extranjera y las operaciones encubiertas de la CIA” en México. Su nombre figura entre los firmantes del pronunciamiento, que atribuyó al gobierno estatal la responsabilidad de permitir actividades de agentes estadounidenses fuera de los mecanismos de cooperación autorizados por la federación.
El movimiento combinó protestas públicas con recursos legales. El 13 de mayo, integrantes del FEDSN acudieron a instalaciones del gobierno estatal en Ciudad Juárez, donde Loera de la Rosa entregó un documento para exigir responsabilidades a Campos Galván. Posteriormente, la agrupación promovió amparos relacionados con la presencia de funcionarios extranjeros en Chihuahua y las autorizaciones que respaldaban sus actividades.
- 2 Agentes especiales de la CIA participaron con la FGJE
Para el 10 de julio, 12 particulares presentaron una denuncia ante la FGR, entre ellos Alejandra Torres León, Ana Luisa Rojas Carrasco e Ismael Gandarilla.
Los promoventes solicitaron esclarecer si las autoridades estatales permitieron la participación de agencias de otros países en operaciones de seguridad interna sin autorización federal, además de investigar la eventual entrega de información clasificada.
Una segunda acción legal, fechada el 26 de agosto, reunió siete firmas, incluidas las de Torres León, Eva América Mayagoitia Padilla y Manuel Loera de la Rosa. El escrito reiteró la petición de investigar posibles delitos contra la soberanía nacional y reclamó diligencias para establecer la legalidad del despliegue en El Pinal, además de una audiencia inmediata con el funcionario federal Julio César Jaimes Carmona.
Entre los firmantes de la primera denuncia figuran personas con antecedentes de participación política y académica en Chihuahua. Torres León, docente e investigadora de Ciudad Juárez, y Rojas Carrasco, empresaria que en 2024 disputó ante tribunales electorales una candidatura de Morena a diputada local, también suscribieron el manifiesto fundacional del Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional, junto con el senador Javier Corral.
Por su parte, la segunda denuncia reunió a Mayagoitia Padilla, exregidora de Morena y académica, así como a Manuel Loera de la Rosa, identificado por algunas fuentes como hermano del senador Juan Carlos Loera, participante en la creación del Frente.
Los registros públicos lo ubican como exsecretario académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, asesor de campaña en 2024 y colaborador del Senado en 2025.
Ambas denuncias llegaron a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos mediante un oficio fechado el 2 de septiembre, acompañado de una comunicación ministerial del 31 de agosto.
Los documentos quedaron entre los datos de prueba que el Ministerio Público presentó ante la jueza Mariana Vieyra Valdés para solicitar las órdenes de aprehensión contra los antiguos mandos estatales.
La incorporación de esos escritos al expediente establece una relación documental entre las acciones de integrantes del frente promovido por Corral y la causa penal federal. Sin embargo, la resolución judicial no identifica al senador como promovente de las denuncias ni establece que su intervención política haya determinado las decisiones del Ministerio Público Federal.
Tampoco atribuye a la organización el inicio de las investigaciones. La FGR abrió su primera carpeta el 20 de abril por ejercicio ilícito del servicio público, mientras que un informe de inteligencia del 2 de junio, ya planteaba la posible configuración del delito de traición a la patria, antes de que los particulares presentaran sus escritos de julio y agosto.
El expediente documenta que, para el 16 de octubre, la acusación federal tomó como fundamento la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal, relativa a conductas contra la independencia, soberanía o integridad de México, destinadas a someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero.
Al día siguiente, la jueza Vieyra Valdés concedió las órdenes de captura contra Jáuregui Moreno y Zuany Portillo por su probable intervención en los hechos.
La resolución incluyó las denuncias ciudadanas entre los antecedentes ministeriales, aunque no establece que hayan motivado la clasificación jurídica del caso.
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