El Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional (FEDSN), cuya creación promovió el senador y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, presentó dos denuncias que la Fiscalía General de la República (FGR) incorporó al expediente judicial contra el exfiscal estatal César Gustavo Jáuregui Moreno y el antiguo titular de Operaciones Estratégicas, Guillermo Arturo Zuany Portillo, por el delito de traición a la patria.
La agrupación surgió en mayo de 2026, después del operativo de El Pinal, donde autoridades estatales y militares localizaron dos laboratorios clandestinos. Durante el regreso de la brigada, murieron cuatro agentes —dos estadounidenses y dos de Chihuahua— en un accidente que propició una investigación federal sobre la posible intervención extranjera en tareas de seguridad pública.
Corral anunció el 9 de mayo la creación del FEDSN, mediante un manifiesto que suscribieron los senadores Andrea Chávez Treviño y Juan Carlos Loera de la Rosa, junto con académicos, docentes, profesionistas y representantes de organizaciones sociales.
- El Tip: En agosto de 2024 agentes de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua trataron de detener a Javier Corral en la CDMX, hecho que fue impedido por la fiscalía capitalina.
El documento planteó investigar las actividades de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en territorio chihuahuense y exigir un juicio político contra la gobernadora María Eugenia Campos Galván.
A través de sus redes, el exmandatario convocó a integrar la organización “ante la intromisión extranjera y las operaciones encubiertas de la CIA” en México. Su nombre figura entre los firmantes del pronunciamiento, que atribuyó al gobierno estatal la responsabilidad de permitir actividades de agentes estadounidenses fuera de los mecanismos de cooperación autorizados por la federación.
El movimiento combinó protestas públicas con recursos legales. El 13 de mayo, integrantes del FEDSN acudieron a instalaciones del gobierno estatal en Ciudad Juárez, donde Loera de la Rosa entregó un documento para exigir responsabilidades a Campos Galván. Posteriormente, la agrupación promovió amparos relacionados con la presencia de funcionarios extranjeros en Chihuahua y las autorizaciones que respaldaban sus actividades.
- 2 Agentes especiales de la CIA participaron con la FGJE
Para el 10 de julio, 12 particulares presentaron una denuncia ante la FGR, entre ellos Alejandra Torres León, Ana Luisa Rojas Carrasco e Ismael Gandarilla.
Los promoventes solicitaron esclarecer si las autoridades estatales permitieron la participación de agencias de otros países en operaciones de seguridad interna sin autorización federal, además de investigar la eventual entrega de información clasificada.
Una segunda acción legal, fechada el 26 de agosto, reunió siete firmas, incluidas las de Torres León, Eva América Mayagoitia Padilla y Manuel Loera de la Rosa. El escrito reiteró la petición de investigar posibles delitos contra la soberanía nacional y reclamó diligencias para establecer la legalidad del despliegue en El Pinal, además de una audiencia inmediata con el funcionario federal Julio César Jaimes Carmona.
Entre los firmantes de la primera denuncia figuran personas con antecedentes de participación política y académica en Chihuahua. Torres León, docente e investigadora de Ciudad Juárez, y Rojas Carrasco, empresaria que en 2024 disputó ante tribunales electorales una candidatura de Morena a diputada local, también suscribieron el manifiesto fundacional del Frente Estatal en Defensa de la Soberanía Nacional, junto con el senador Javier Corral.
Por su parte, la segunda denuncia reunió a Mayagoitia Padilla, exregidora de Morena y académica, así como a Manuel Loera de la Rosa, identificado por algunas fuentes como hermano del senador Juan Carlos Loera, participante en la creación del Frente.
Los registros públicos lo ubican como exsecretario académico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, asesor de campaña en 2024 y colaborador del Senado en 2025.
Ambas denuncias llegaron a la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos mediante un oficio fechado el 2 de septiembre, acompañado de una comunicación ministerial del 31 de agosto.
Los documentos quedaron entre los datos de prueba que el Ministerio Público presentó ante la jueza Mariana Vieyra Valdés para solicitar las órdenes de aprehensión contra los antiguos mandos estatales.
La incorporación de esos escritos al expediente establece una relación documental entre las acciones de integrantes del frente promovido por Corral y la causa penal federal. Sin embargo, la resolución judicial no identifica al senador como promovente de las denuncias ni establece que su intervención política haya determinado las decisiones del Ministerio Público Federal.
Tampoco atribuye a la organización el inicio de las investigaciones. La FGR abrió su primera carpeta el 20 de abril por ejercicio ilícito del servicio público, mientras que un informe de inteligencia del 2 de junio, ya planteaba la posible configuración del delito de traición a la patria, antes de que los particulares presentaran sus escritos de julio y agosto.
El expediente documenta que, para el 16 de octubre, la acusación federal tomó como fundamento la fracción I del artículo 123 del Código Penal Federal, relativa a conductas contra la independencia, soberanía o integridad de México, destinadas a someter al país a una persona, grupo o gobierno extranjero.
Al día siguiente, la jueza Vieyra Valdés concedió las órdenes de captura contra Jáuregui Moreno y Zuany Portillo por su probable intervención en los hechos.
La resolución incluyó las denuncias ciudadanas entre los antecedentes ministeriales, aunque no establece que hayan motivado la clasificación jurídica del caso.
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