Además de García Luna, habría sobornos para PGR y gobernadores

Además de García Luna, habría sobornos para PGR y gobernadores
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Es la tarde del 14 de noviembre de 2018. Tras un receso, el Tribunal de la Corte Federal del Distrito de Brooklyn, Nueva York, reanuda la audiencia en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán, quien luce un elegante traje azul, corbata y camisa blanca.

El líder del cártel de Sinaloa está a minutos de enterarse que Jesús “El Rey” Zambada lo identificará con la mirada y lo señalará como “uno de los narcotraficantes más grandes de México”, así lo refiere la transcripción de la audiencia, cuyas copias están en poder de La Razón.

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A lo largo del juicio, “El Rey” confesará que a nombre de su hermano Ismael "El Mayo" Zambada y "El Chapo", dio sobornos a funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), Policías Federales, comandantes del Ejército y demás funcionarios mexicanos.

Un día más tarde, el 15 de noviembre, “El Rey” Zambada explicaría que el cártel de Sinaloa tenía en su nómina a la oficina del Procurador de la República, y en los estados tenían que comprar a gobernadores, jueces, alcaldes y policías de todos los niveles.

“Estaba administrando el dinero de mi hermano “El Mayo” en Ciudad de México y él decía, por ejemplo, le daré medio millón de dólares al abogado, quien se lo va a dar al director de la PGR o le dará otro 500 mil a un general”, asegura Jesús Zambada.

“El Rey”, de 57 años de edad y contador de profesión, detalla que las relaciones con los altos funcionarios del gobierno mexicano las hicieron su hermano Ismael y “El Chapo” Guzmán, por medio de abogados.

“Bueno, si estamos hablando de los estados, principalmente [teníamos que corromper] al gobernador y el fiscal general, director del tribunal policía y director de la policía municipal y a el nivel nacional, el Procurador, los diferentes departamentos de la PGR, la Policía Federal de Caminos, y la SIEDO [Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada]”, dice Zambada sentado en el estrado.

La nómina mensual de sobornos que el ahora colaborador del gobierno de EU pagaba desde Ciudad de México era de 300 mil dólares, los cuales, según su testimonio, eran repartidos entre algunos funcionarios de la PGR, el director de la Policía Federal de Caminos, el director de la Policía Judicial, el director de la policía local, el director de investigación de homicidios y autoridades aeroportuarias.

La red al servicio del cártel de Sinaloa permitió, según sus declaraciones, el tráfico internacional de marihuana y heroína producidas en México, así como el trasiego de la cocaína colombiana.

El hermano de Ismael “El Mayo” Zambada confiesa también que la cocaína, por ejemplo, llegaba principalmente de Colombia a Cancún, luego era trasladada incluso por vía terrestre a Sonora o Chihuahua, donde la cruzaban a Estados Unidos.

Jesús Zambada dijo que en 2004, “El Chapo" Guzmán le ordenó que le diera 100 mil dólares y un abrazo al general Gilberto Toledano, asentado en Guerrero, para que permitiera el tráfico de cocaína proveniente de Colombia.

"[El cártel de Sinaloa] tiene recursos marítimos, aéreos, terrestres... tiene recursos humanos, territorios y autoridades corruptas. Los oficiales gubernamentales de alto rango son muy importantes para la infraestructura del narcotráfico", dice "El Rey".

Cinco días más tarde, el 20 de noviembre de 2018, diría las palabras por las que actualmente Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, se encuentra detenido en EU.

De acuerdo con el testigo, García Luna recibió dinero en maletines durante una reunión en un restaurante en Ciudad de México, como un soborno para permitir el trasiego de drogas y no arrestar a “El Mayo”.

Este viernes, frente a la misma Corte Federal del Distrito de Brooklyn, García Luna se declaró no culpable de cuatro cargos en su contra, tres relacionados con el tráfico internacional de cocaína y uno por hacer declaraciones falsas.

Al haberse declarado no culpable, queda la probabilidad que exista un juicio en contra del exfuncionario mexicano, y donde podrían surgir nuevos testigos que describan la relación de altos funcionarios del gobierno federal y el cártel de Sinaloa.