Conoce de qué acusan a Rosario Robles, extitular de Sedesol y Sedatu

Un juez vinculó hoy a proceso a Rosario Robles por uso indebido del servicio público y ordenó dos meses de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla para que se concluya la investigación complementaria.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la imputación a Rosario Robles es por el daño al erario por un monto de 5 mil 73 millones 358 mil pesos, derivado de la omisión en denunciar o impedir el desvío de recursos públicos de dos dependencias federales que encabezó, la Sedatu y la Sedesol.

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Las acusaciones fueron sostenidas por los representantes del Ministerio Público de la Federación, con base en los testimonios de Marco Salvador Ibarra Infante, José Antonilo y María Gutiérrez, quienes eran subordinados de Robles cuando estuvo al frente de ambas dependencias, quienes hicieron de su conocimiento de Robles las presuntas inconsistencias de cinco mil 73 millones 358 mil 846 pesos con 25 centavos.

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Estos desvíos corresponden a 27 convenios en los que las secretarías a su cargo solicitaban a las universidades Autónoma de Morelos, Politécnica Francisco I. Madero, Politécnica de Quintana Roo y Politécnica de Chiapas;  así como a la Televisora de Hermosillo Radio y Televisión de Hidalgo y el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, a pesar de que estos organismos carecían de la capacidad técnica para prestar los servicios requeridos y sin que se acreditara el cumplimiento de lo contratado en algunos casos.

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En tanto, la fiscal Teresa Maldonado explicó que Rosario Robles fue omisa al no hacer uso de sus facultades legales para impedir dichas irregularidades y en no denunciar ante su superior jerárquico, es decir, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, las conductas ilícitas llevadas a cabo por funcionarios y funcionarias que estaban bajo su mando en Sedesol y Sedatu.

La Fiscalía agregó que los dos empleados de Sedesol y Sedatu declararon ante la FGR que desde el 2014 advirtieron a la entonces secretaria de Estado sobre las irregularidades que se estaban dando en la subcontratación de universidades públicas, primero de manera verbal en oficinas de la dependencia y, posteriormente, a través de oficios, sin que Robes Berlanga procediera “en consecuencia” en su calidad de Secretaria de Estado y garante de las dependencias a su cargo.

Dicha acusación del uso indebido del servicio público está penado entre tres y siete años de prisión.

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