En la actual administración

Acusan desdén a desaparición de indocumentados

Activistas alertan que olvido de autoridades deja a esos ciudadanos en tránsito en vulnerabilidad extrema; reportan 43 no localizados de 2018 a la fecha

Integrantes de la Alianza Migrante se manifestaron ayer, enfrente del muro fronterizo en Tijuana, Baja California, para exigir el fin del Título 42, que permite la expulsión como medida sanitaria.
Integrantes de la Alianza Migrante se manifestaron ayer, enfrente del muro fronterizo en Tijuana, Baja California, para exigir el fin del Título 42, que permite la expulsión como medida sanitaria.Foto: Cuartoscuro
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La crisis de los desaparecidos en México también se está reflejando entre los indocumentados que atraviesan por el país. En lo que va de la actual administración han desaparecido 43 migrantes, de los que sólo se han podido localizar nueve personas.

La cifra es muy alta si se compara con sexenios anteriores: dos mil 50 por ciento más que en el periodo de Felipe Calderón, mientras que en el de Enrique Peña no hay registro de migrantes desaparecidos.

Expertos en el tema consultados por La Razón señalan un problema de olvido y desdeño hacia este sector, además de que el número de desaparecidos podría ser mucho mayor, debido a su condición de indocumentado.

Eunice Rendón, directora de Agenda Migrante, alerta que hay discriminación, lo que los pone vulnerables entre los vulnerables.

“Parte del problema es que los migrantes al ser una población flotante y discriminada, todavía le importa menos a las autoridades, además son los que tienen mayor movilidad en los temas de desaparición ya que justamente su situación de querer llegar a otro país los pone en un escenario más fácil de violación constante de derechos humanos”, externó.

En entrevista, la activista subrayó que son muchos los indocumentados que son secuestrados, extorsionados y desaparecidos diariamente y no hay forma de que se denuncien los casos por la condición legal en que se encuentran, por ello, alertó que existe una cifra negra que no se cuenta.

“¿Quién va a denunciar? Son indocumentados y, si lo hacen, tienen consecuencias, lo que los hace vulnerables a grupos del crimen organizado para sus diversas actividades ilícitas. Son delitos con un subregistro muy grande que no se denuncian, y pasa lo mismo con el tráfico de migrantes, por ello hay una cifra negra que no se conoce, pero en le caso de los migrantes se acentúa por las características de vulnerabilidad que tienen”, explicó.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas de extranjeros en México, de la Secretaria de Gobernación (Segob), el mayor número se concentra en estados del norte como Sonora, Chihuahua y Cohauila, además de la Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo y Michoacán. Del total de desapariciones, 29 son hombres de entre 25 a 29 años y 14 mujeres entre 35 a 39 años.

Gretchen Kunher, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), aseguró que es muy difícil saber cuántas personas migrantes hay desaparecidas, y la situación se complica porque hay autoridades que no tienen el interés por resolver casos y llegar a una justicia, aparte que hay miles de cuerpos desaparecidos que ni siquiera han sido identificados.

“Es muy difícil saber cuántas personas han desaparecido, porque no hay quien las reporte como desaparecidas, pues sólo las organizaciones, familiares o amistades son los que hacen el reporte, pero es poco comparado con la inmensidad del problema que hay y que prevalece en México contra este tipo de poblaciones”, dijo.

La especialista en migración sostuvo que en México hay un fuerte problema por la desaparición de personas, que se traduce en decenas de fosas en los estados, donde seguramente hay migrantes enterrados, aparte que hay restos sin identificar que pueden corresponder a ellos. 

Hallan fosas clandestinas en BCS

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en Baja California Sur dieron a conocer que, como resultado de las últimas labores realizadas en campo, localizaron diez fosas clandestinas. 

Durante la última semana, familiares de personas desaparecidas, en compañía de personal de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del estado, extendieron acciones en diversos predios.

El jueves por la tarde, la Procuraduría estatal dio a conocer que en las inmediaciones de la carretera Ciudad Insurgentes-La Purísima, en el municipio de Comondú, se encontraron diversas inhumaciones clandestinas, en donde hasta ese momento se habían localizado dos osamentas. 

No obstante, este viernes el colectivo Búsqueda x La Paz dio a conocer que de la decena de fosas encontradas, tres ya fueron procesadas y en el lugar encontraron cuatro osamentas. 

En un comunicado, la organización afirmó haber comenzado a recibir llamadas de diversas partes del país, por lo que pidió a las familias acudir a las instalaciones de la Dirección de Servicios Periciales del estado a realizarse una prueba de ADN, a fin de corroborar la identidad de los restos encontrados. 

También se acusó que el personal a cargo ha actuado con lentitud para recuperar y comenzar el proceso correspondiente, pues “hoy, cuando todo el personal adscrito de esta área debería estar trabajando en este importante y sensible tema, el titular de la dirección solo envió tres peritos; igual llegaron agentes al lugar donde se localizaron las fosas, sólo para estar observando, porque no hicieron nada”. 

ONG: sin voluntad política para resolver las ausencias

Colectivos de búsqueda en el país celebraron la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, pero consideraron que es una medida insuficiente porque lo que debe existir es voluntad política de las autoridades para detener el avance de grupos criminales que tiene asolado al país y que son los generadores de violencia, asesinatos, fosas y desapariciones.

En entrevista con La Razón, Cecilia Flores Armenta, directora del colectivo Madres Buscadoras de México advirtió que en el país, quienes realmente mandan son los grupos delincuenciales, por ello se ven en la necesidad de pedirles permiso para realizar sus búsquedas en los territorios que dominan, con el fin de evitar que las agredan.

“Nosotros por eso hemos pedido permiso al narco para que nos dejen buscar a nuestros desaparecidos en paz, ya que no queremos problemas con ellos. Son los que mandan en el país, pero en los territorios es muy difícil buscar, pues estamos en grave riesgo si no avisamos que vamos”, indicó.

A pesar de que la activista está amenazada por grupos criminales, dijo que no ha tenido algún tipo de problema con ellos, sino con las autoridades quienes les bloquean los trabajos de localización de personas desparecidas.

“Lo que anuncian del centro de identificación no es por ellos, sino por la lucha que hemos hecho los colectivos ya que la crisis está sumamente rebasada y las autoridades están de brazos cruzados mientras los narcos siguen asesinando personas. Urge voluntad política para atacar el problema”, dijo.

El pasado 27 de abril, por unanimidad, el pleno del Senado aprobó la creación del Centro Nacional de Identificación Humana, pero sin recursos propios con el objetivo de avanzar en la crisis forense que afecta al país y que, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación (Segob), hay por lo menos 52 mil cuerpos sin identificar en los diversos servicios forenses y panteones del país.

Adriana Bahena, directora de Los Otros Desaparecidos de Iguala, mencionó que para las autoridades es un avance la aprobación del Centro de Identificación Forense, pero para los colectivos es una simulación, ya que no hay voluntad política para que se ataque el problema.

“Lo que pasa es que es una simulación para las autoridades, ya que son años de lucha y hasta este año se da respuesta a cuenta gotas de un centro. Estamos rebasados en la crisis forense en el país, es inhumano el trato que se le ha dado a las familias que buscan a sus familiares, y es inhumano pensar que vamos a resolver el problema con un centro”, destacó.

Con información de Yulia Bonilla