Góber de Colima pide 200 mdp para infraestructura y desvía su destino

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, solicitó un crédito al Banco Nacional de Obras (Banobras) por 200 millones de pesos para inversión pública; sin embargo el mandatario priista destinó esos recursos para un fin distinto al autorizado por el Congreso local mediante el Decreto 617, reveló el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig).

De acuerdo con la observación F32-FS/18/20, a Peralta Sánchez se le aprobó solicitar hasta 410 millones de pesos, 200 millones de ellos para “la adquisición por parte del Estado de Colima, de tierras, terrenos y/o predios urbanos, para atender las necesidades de infraestructura social y urbana en la Ciudad de Colima”; sin embargo, no pudo comprobar que pagará dicho predio.

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En cambio el gobierno estatal indicó que ese monto se usó para recuperar “recursos que el gobierno de Colima había entregado con anterioridad a la Sedena”. Por lo anterior, la Osafig señala que Peralta violentó la Constitución Política de México, la Constitución de Colima y la Ley de Disciplina Financiera.

“Los recursos económicos observados en el presente resultado se debieron haber utilizado por el ente fiscalizado en cualquiera de los montos o conceptos señalados en el artículo segundo del Decreto 617, publicado el 28 de septiembre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Colima (…) dentro de los cuales no se encuentra el de realizar pagos a la Sedena”, detalla la observación.

Además de los recursos para la compra de predios en la capital del estado, el citado Decreto 617 autorizaba hasta 150 millones de pesos para la construcción de un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C5) y hasta 60 millones de pesos para construir y equipar unidades de cuidados intensivos neonatales, en los municipios de Manzanillo y Colima.

Por otra parte, el Osafig señala que la administración de Peralta Sánchez tampoco pudo comprobar una recuperación de adeudos por ocho millones 472 mil 327 pesos, por parte de órganos autónomos.

“El ente fiscalizado no exhibe la evidencia de los depósitos bancarios realizados a cuentas bancarias del Poder Ejecutivo, así como no se mostró evidencia de las pólizas de registros contables que sustenten los recibos generados, respecto a la recuperación de los adeudos de los OPD y órganos autónomos”, se lee en la observación F16-FS/18/20.

Además, compró un inmueble en la Ciudad de México por 16 millones 895 mil 988 pesos de pesos, “omitiendo la acreditación de haber realizado un análisis costo-beneficio donde se evidencie la razón o motivo por el cual no se optó por un inmueble a menor precio”, lo que representó una falta a las Reglas de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto Público Estatal, según detalla la observación F36-FS/18/20.

El 16 de mayo pasado, el gobernador de Colima fue citado en el Congreso estatal para explicar el destino de los recursos; en esa sesión, el mandatario exhibió los recibos de pago que generó la Sedena por el depósito de recursos que le hizo el Gobierno del Estado, para adquirir un predio urbano de la antigua Zona Militar. Rechazó que exista alguna operación fuera de lugar y llamó a “poner fin a las especulaciones”.