Harta, IP acusa ante FGR bloqueo a vías en Michoacán; ya perdió 40 mmdp

Empresarios de Michoacán presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir que se aplique la ley y resuelva las 53 demandas penales interpuestas por los bloqueos a las vías férreas en la entidad, que cumplen 50 días y han provocado daños por 40 mil millones de pesos.

La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Morelia y la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, A.C. (AIEMAC) lamentaron que la FGR no haya dado continuidad a las investigaciones tras las denuncias de Kansas City Southern (KCSM) por la obstrucción del movimiento magisterial del estado.

“Levantamos la voz para requerir que atestigüe o en su caso sancione el ejercicio adecuado de las funciones de investigación que tienen los servidores que recibieron las denuncias porque no se ha realizado nada, no le han dado seguimiento a las carpetas de investigación”, recriminaron.

El bloque empresarial advirtió que se ha afectado a los sectores acerero, en riesgo de paro técnico en hornos del norte del país, al automotriz con más de mil 600 vehículos parados y al agroindustrial con cinco mil 600 toneladas de trigo detenido.

Asimismo, reportan daños a navieras nacionales e internacionales, a Petróleos Mexicanos (Pemex), que tiene mil 079 carros detenidos que transportan combustóleo, a la industria química y de plásticos y a tiendas de autoservicio y departamentales, al poner en riesgo los insumos para navidad, así como al sector marítimo intermodal.

Denunciaron que al momento no hay acciones legales contra quienes bloquean las vías en Caltzontzin, Morelia, Nueva Italia, Pátzcuaro, Maravatío, La Vinata, Lagunillas, Tiripetío y Huecorio.

“No debe haber justificación por no hacer lo que la ley ordena, la ley es justa y equitativa, porque los daños que producen las tomas ilegales y bloqueos a las vías de comunicación afectan el ingreso y la economía de los mexicanos, que agrava la situación actual de salud pública que padecemos”, puntualizaron.

A la fecha reportan 36 trenes, 25 locomotoras y vías afec tadas, debido a la realización de fogatas y quema de neumáticos; también gastos adicionales ante los cambios en logística, pérdidas por material detenido, insumos que no llegan a su destino, paros de plantas y 122 mil 400 tráileres sin avanzar.

En materia de empleo, señalan, se ha afectado a trabajadores de la industria ferroviaria, al transporte intermodal del puerto Lázaro Cárdenas; además hay cuatro mil 925 contenedores perjudicados y mil 073 más cancelados, mientras que mil 808 vehículos cambiaron de modalidad, de tren a camión, lo cual generó un sobrecosto.

En torno a la problemática, la Alianza Federalista denunció que con estas movilizaciones y bloqueos el magisterio afecta no sólo a Michoacán sino a 17 estados más, por donde se trasladan insumos y mercancías.

Destacaron que en el trazo principal de las vías de la empresa KCSM, en la ruta Lázaro Cárdenas-Laredo, cruzan siete estados: Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Michoacán, que representan 24 por ciento del PIB nacional; es decir, 4.2 billones de pesos, según el Inegi.

De acuerdo con cifras del Consejo Nacional de Población (Conapo) esas entidades suman una población de 27.8 millones de personas, lo que representa 21.8 por ciento del total en el país, y de manera conjunta aglomera un millón 144 mil unidades económicas, que equivale a 21 por ciento de las que 5.5 millones existentes.

“El bloqueo de vías no sólo asfixia a Michoacán, sino que es un golpe seco a la economía nacional, un daño irreversible a cientos de empresas de diversos sectores y tamaños, las que generan miles de empleos y mueven economías locales”, señaló la organización.

Además, calificó de crimen que el Gobierno federal se quede inerte ante los bloqueos que representan una parálisis económica, cierre de empresas y pérdida de miles de empleos, por lo que ratificó su exigencia para que asuma su responsabilidad y libere las vías.

En una encuesta solicitada por el Gobierno estatal 67.88 por ciento considera que el Gobierno federal debe intervenir, incluso con el uso de la fuerza, ya que 83.1 por ciento de los consultados admitió que estos hechos afectan mucho la economía local y 28 por ciento está a favor de que continúe la manifestación.