“Este acuerdo se rompió”, reprocha sector empresarial
Lanza 4T iniciativa contra outsourcing; IP no la avala y se dice “sorprendida”
Busca Gobierno ordenar subcontratación; 4.6 millones, bajo ese esquema; prevé prisión oficiosa y multas de hasta 4.3 mdp por terciarización; CCE critica que no los consultaran y no respetaran consensos de parlamento abierto en el Senado; advierte pérdida de empleos; Coparmex acusa traición
Para poner orden en materia de outsourcing que afecta a 4.6 millones de trabajadores del país; contempla aplicar prisión preventiva oficiosa por delitos equiparables a delincuencia organizada como la defraudación fiscal.
El proyecto establece la prisión preventiva oficiosa y penas agravadas a los casos de subcontratación y simulación de contratación de servicios especializados realizados por: cualquier grupo de tres o más personas, que se dediquen de manera permanente o reiterada, a ofrecer, planear, asesorar o ejecutar estos esquemas ilegales que busquen dañar al fisco federal, que será perseguido como delincuencia organizada.
También que cualquier empresa o persona que haya recurrido a ésta será perseguida penalmente por delitos fiscales calificados que atentan contra la seguridad nacional, siempre y cuando no regularicen su condición fiscal a la Secretaría de Hacienda en los plazos establecidos.
La iniciativa, entregada a la Cámara de Diputados, como cámara de origen, plantea regular tres figuras: subcontratación de personal, servicios y obras especializadas y agencias de colocación.
De aprobarse la iniciativa, en Ley Federal del Trabajo quedará “prohibida la subcontratación de personal que consiste en que una persona física o moral proporciona o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra”.
Y prevé sanciones que van de los 173 mil 320 pesos (dos mil UMA) hasta cuatro millones 333 mil pesos (50 mil UMA) a quienes insistan en subcontratar personal y lo haga trabajar en su compañía.
Los subcontratistas tampoco podrán tener efectos fiscales por pagos o contraprestaciones. Con estas acciones, se busca abatir la evasión fiscal, así como la operación simulada a través de la supuesta prestación de servicios de personal.
No existen registros claros sobre el número de personas que laboran bajo este esquema; sin embargo, la Secretaría del Trabajo (STPS) calcula que rondan los cuatro millones 600 mil, mientras que la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) con base en un estudio de Staffing Industry Analyst en 2016, dijo que 900 empresas ofrecían la subcontratación, de las cuales 337 están registradas ante la STPS, 100 fueron dadas de alta ante el IMSS y sólo 40 pagaban impuestos.
La iniciativa regulará la subcontratación de servicios especializados y obras especializadas, que no forman parte de las actividades cotidianas de las compañías; para desempeñar esta labor deberán contar con un permiso, que renovarán cada tres años y firmar un contrato por escrito; y la firma que los contrate se convertirá en “responsable solidaria” para las contrataciones del personal.
También se contempla que las empresas de subcontratación de servicios especializados puedan deducir el Impuesto sobre la Renta (ISR), pero deberán presentar su permiso, comprobantes fiscales de pago a los trabajadores, la declaración de impuestos y su pago de cuotas obrero-patronales ante el IMSS e Infonavit.
En torno a las agencias, éstas podrán participar como intermediarios para reclutamiento y capacitación, pero no podrán ser patrones de personas que se contraten en otras empresas.
La propuesta modificará las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social, del Infonavit, del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Código Fiscal. Sin embargo, no contempla a los trabajadores del servicio público.
- El dato: López Obrador destacó que con estos cambios se actúa también contra ls despidos masivos, como los ocurridos en algunas empresas a causa de la pandemia de Covid.
