Reforma Eléctrica en vilo: cuesta arriba en Diputados... y a definición judicial

Las comisiones de Puntos Constitucionales y de Energía en la Cámara de Diputados, con mayoría de la 4T, presentaron un dictamen de la Reforma Eléctrica con cambios mínimos a la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador, a una semana de que sea discutido.

Sin embargo, en los siguientes días se recibirán propuestas de las distintas fracciones parlamentarias, con miras a enriquecer el dictamen que se discutirá el próximo 11 de abril en comisiones.

El análisis del proyecto ocurre a la par de la determinación que este martes está prevista en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se resolverán las impugnaciones contra la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada en el 2021.

El documento fue distribuido a los legisladores este lunes, luego de que recibió la opinión favorable de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Entre los cambios incorporó un transitorio por el que “se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt”; es decir, generación de energía a menor escala.

Además, que “los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la Comisión Federal de Electricidad (CFE)”.

Otra de las precisiones realizadas fue sobre la explotación del litio, en la cual se especifica que las concesiones mineras otorgadas por el Estado no amparan la explotación y producción del litio ni de otros minerales denominados de tierras raras.

Además, agrega que “a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en aquellas que a la fecha existan antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior”.

El resto del dictamen se mantiene en los términos de la reforma enviada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre pasado. Por tanto, mantiene la determinación de que la CFE generará 54 por ciento de la energía, así como la cancelación de los permisos de generación otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado.

Entre los ejes de la propuesta del Ejecutivo están el hecho de que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento, que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no será reconocida ni adquirida por la CFE.

Respecto a la presentación del dictamen, las bancadas de Morena, PT y Partido Verde en la Cámara de Diputados expresaron su apertura para “enriquecer” el dictamen de la Reforma Eléctrica con propuestas de la oposición, sin cambiar el sentido de la iniciativa presidencial.

En conferencia, el coordinador de Morena, Ignacio Mier, dijo que tienen seis días para incorporar otras propuestas y, con ello, crear las condiciones para tener los votos suficientes para su aprobación en el pleno de San Lázaro, donde necesitan 56 votos para tener la mayoría calificada requerida de 334.

“En estos días, lo que para los romanos fue el discrimen, para nosotros son estos días de apertura. Morena y la coalición frente a ustedes, y a los mexicanos, les decimos que en los próximos días recibiremos las propuestas de los otros grupos parlamentarios, las propias que tiene Morena y que, por prudencia, inteligencia política y porque es nuestra obligación en bien de México construir puentes, para que a partir de aproximaciones sucesivas podamos tener un proyecto de dictamen”, expresó Mier Velazco.

El líder parlamentario adelantó que, el próximo jueves, la bancada de Morena presentará sus aportaciones adicionales al dictamen de la reforma, por lo que confió en que otros grupos hagan lo mismo.

Avanza entre jaloneos en comisiones de San Lázaro

Con rechazo total de la oposición, que emitió 12 votos en contra, la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de San Lázaro emitió, con 17 votos en pro, una opinión favorable de la Reforma Eléctrica presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzará a discutirse en comisiones la siguiente semana.

La discusión inició con reclamos del PRI, que calificó como un “atropello” la adhesión de una iniciativa de la diputada con licencia, Carolina Viggiano, para establecer que la electricidad debe considerarse un derecho humano, al considerar que debió votarse por separado.

“El que hayan metido la iniciativa de la diputada Carolina Viggiano sin avisar, en un tema de un atropello a las formas en política, nos va a llevar a que los diputados del PRI votemos en contra”, señaló Mariano González.

La también tricolor, Melissa Vargas, comentó que la iniciativa de Viggiano no tiene relación con la propuesta del Ejecutivo, por lo que se debería votar por separado.

En favor del dictamen, el diputado morenista, Héctor Armando Cabada, detalló que tras un “exhaustivo y detallado análisis”, la Comisión determinó votar a favor, al verificar que “la reforma eléctrica de 2013 no garantizó la transición energética, solo fue una bandera utilizada como pretexto para generar negocios y ventajas económicas a las empresas privadas”.

Al respecto, el diputado Alfredo Porras expresó: “Se quejan y dicen ‘no quieren cambiar una sola coma’, y ¿qué le cambiaron a la del 2013?, ¿Nosotros como oposición en aquella época pudimos cambiar algo?, ¿Saben cómo se dictaminó? De urgente resolución”.

Oposición cierra filas y va con su iniciativa

Tras un cierre de filas para votar en contra de la iniciativa presidencial, los dirigentes nacionales y coordinadores parlamentarios de PAN, PRI y PRD presentaron una contrapropuesta de Reforma Eléctrica.

En conferencia, el líder blanquiazul, Marko Cortés, subrayó que votarán en contra de la “destructiva y regresiva” del Gobierno federal. Y una vez que se de-seche, presentarán su propuesta en San Lázaro, la cual consta de 12 puntos.

En su participación, el coordinador de la bancada tricolor, Rubén Moreira, reiteró el rechazo a la iniciativa del Ejecutivo federal y al dictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Energía, el cual no tiene cambios significativos.

“No contiene ninguna novedad, ni de los parlamentos abiertos ni de propuestas que se han hecho en la sociedad. (Hay) errores, excesos y simulación en la industria eléctrica por parte de los privados, y nosotros no los vamos a cubrir, ni lo vamos a permitir”, dijo a nombre de la coalición Va por México.

El líder de la bancada del PRD, Luis Espinosa Cházaro, no descartó discutir la reforma en un periodo extraordinario, ante la intención de utilizar la Reforma Eléctrica como una “bandera electoral”.

“Quieren imponernos un calendario en el que nosotros no estamos de acuerdo y, por lo tanto, iremos a una discusión más concienzuda y profunda en el tiempo que sea necesario y fuera de un calendario electoral”, apuntó.

Por tanto, la oposición planteó un proyecto de 12 puntos, entre los que incluye la implementación de un modelo para incentivar la migración de los contratos legados, obligando a las centrales que tengan 10 años de operación a migrar su permiso al modelo establecido en la Ley de la Industria Eléctrica, en un plazo no mayor a un año.

En segundo lugar, propuso otorgar autonomía presupuestaria y de gestión a la CFE, operando fuera del presupuesto, con órganos de gobierno corporativos, independientes y profesionales, pero conservando la rendición de cuentas como organismo público.

En este sentido, señala que para fortalecer la regulación del mercado se le otorgará autonomía constitucional a la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

En otro punto, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) absorbe la planeación general del Sistema Eléctrico y la Transmisión y Distribución se transforma en la Comisión Nacional de Redes Eléctricas, con el fin de que el Estado fortalezca su rectoría en el sector.

La alianza también planteó crear mecanismos para que los ciudadanos generen su propia energía o la adquieran a precios más accesibles. Ello incluye garantizar energía gratuita a jefas de familia y a grupos vulnerables, mediante la aplicación de subsidios focalizados o, donde sea posible, a través de la instalación de sistemas de generación de energía eléctrica en pequeña escala.

Dice que la transición energética debe realizarse con participación de los sectores público, privado y social, con base en los tratados internacionales para la lucha contra el cambio climático.

Propone dar oportunidad para que negocios y empresas más pequeñas puedan acceder al mercado eléctrico con costos bajos y energía limpia. También contempla garantizar la energía eléctrica como un derecho humano, así como fomentar el uso de energías renovables.

En décimo lugar, promueve perfeccionar el otorgamiento de permisos para dar seguridad jurídica a los proyectos eléctricos. En otro inciso, plantea la reformulación del modelo de CEL (certificados de energías limpias) para alinearlo con los IREC (certificados internacionales de energía renovable).

Por último, establece que el litio será propiedad del Estado, pero su aprovechamiento seguirá las reglas del petróleo, es decir, con rondas para exploración y extracción de los minerales.

Anticipa rechazo

Horas antes del posicionamiento conjunto de los partidos de oposición, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que “los legisladores del PRI, en conjunto, razonado, y después de un gran análisis, hemos decidido votar en contra de la reforma constitucional eléctrica que ha enviado el Poder Ejecutivo Federal”.

Advirtió que la propuesta es “un peligro para México” porque pone en riesgo inversiones y el T-MEC. Además, rechazó “tajantemente” que los legisladores de la bancada priista sean susceptibles de ser comprados, amenazados o traicionar sus convicciones.

En la Corte, hoy resuelven recursos contra el proyecto

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hoy resolverá dos controversias constitucionales y una acción de inconstitucionalidad que impugnan la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que promovió el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

A pesar de que senadores de oposición solicitaron formalmente al máximo tribunal del país que la ministra Loretta Ortiz Ahlf se excusara de participar directamente en el tema por un presunto conflicto de interés, debido a que como diputada federal del PT votó en contra de la Reforma Energética del 2013, los tres proyectos de resolución están a su cargo.

De hecho, en apego a la transparencia, los proyectos que hizo públicos la Corte revelan que la propuesta de la ministra es declarar la validez de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, contrario a lo que reclaman quienes presentaron los recursos.

Senadores de oposición presentaron el recurso, bajo el argumento de que la reforma aprobada por la mayoría de Morena limita el acceso de las personas a un medio ambiente sano; vulnera el Acuerdo de París y los instrumentos internacionales en materia de energía limpia y transición energética de los que México es parte.

Además, viola los principios de legalidad, seguridad jurídica y el de no retroactividad de la ley en perjuicio de persona alguna; atenta en contra del libre mercado en un marco de plena competencia económica, así como de los tratados internacionales, y socava la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía y del Centro Nacional de Control de Energía.

En una de las controversias, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) también señaló violaciones y regresiones a la Reforma Energética, principalmente en términos de libre competencia; mientras que la otra impugnación la presentó el gobierno de Colima, bajo la administración del priista José Ignacio Peralta, que reclamó violaciones en materia medioambiental y afectaciones a la transición energética.

La reforma del sexenio pasado trazó dos ejes: la sustentabilidad y la transición hacia energías limpias y la creación de mercados con libre competencia y concurrencia, con miras a dar fin a monopolios estatales.

­Prevén que fallo de Corte sobre LIE sea “premio de consolación”

Aunque la resolución a la que llegará hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) no tendrá efectos directos sobre la reforma constitucional que discute la Cámara de Diputados, es vista por expertos como un “premio de consolación” que puede tener el Presidente.

La SCJN discutirá hoy los proyectos 64, 44 y 45/2021 elaborados por la ministra Loretta Ortiz Ahlf, respecto a la acción de inconstitucionalidad y dos controversias promovidas por parte de senadores de oposición, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el pasado gobierno de Ignacio Peralta en Colima.

De hecho, en apego a la transparencia, los proyectos que hizo públicos la Corte revelan que la propuesta de la ministra es declarar la validez de las reformas a la LIE, incluyendo la retroactividad de la que se quejan los legisladores.

Para Gonzalo Monroy, director general de GMEC, la discusión de la Reforma Eléctrica constitucional en el Congreso “se ha agotado antes de que siquiera comience”, puesto que, expone, la falta de acompañamiento por parte de la oposición pone al dictamen del Presidente Andrés Manuel López Obrador fuera de la opción de ser aprobada. De la misma manera, para el también analista del sector energético la contrapropuesta que puso sobre la mesa el bloque de PRI, PAN, PRD y MC también está lejos de prosperar.

Por ello, refirió, el Gobierno federal no va a “poder tener más de lo que tiene al día de hoy” en esta materia, por lo cual aseguró que el “premio de consolación” del Presidente es la validación de la reforma a la ley secundaria en la materia.

Desde su punto de vista, la iniciativa a la LIE sí será aprobada por algunos ministros de la Corte; sin embargo, esta gran posibilidad abrirá nuevos escenarios en el horizonte, ya que no se pueden pasar por alto los más de cuatro mil amparos promovidos por privados.

“En el momento en el que se aprueba la Ley de la Industria Eléctrica por parte de los ministros como Loretta Ortiz, Margarita Ríos-Farjat e incluso el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, la ley queda vigente; sin embargo, la única certeza que se tiene es que habrá seis votos en contra, lo que significará que los amparos particulares que se han promovido van a ser otorgados”, detalló.

Con la llegada de los recursos de defensa, sostuvo, se pueden abrir dos regímenes del sistema eléctrico: uno, la legislación vigente declarada como legal por parte de la Corte y, del otro, uno de excepción, en donde se ubicarán los cuatro mil amparos y lo que se dé con la nueva ley.

“Lo que estamos viviendo al día de hoy es la continuación perpetua; es decir, que los (contratos) que ya están y están amparados continúan con las reglas de 1992 o del 2014 con las leyes secundarias, pero cualquier nuevo (participante) que quiera hacer algún trámite o que quiera llegar a México a invertir, lo tiene que hacer con las reglas de esta nueva LIE”, expuso.

En el caso de la contrapropuesta presentada por partidos opositores al dictamen constitucional del Presidente López Obrador, el experto explicó que éstas, si bien nacieron como respuesta a la negativa de negociación por parte del Ejecutivo, tampoco se ve que logren subir al pleno, debido a que se presentaron a destiempo.

“En otras palabras, es mucho teatro, porque eso no va a ser aprobado, ni siquiera discutido; van a destiempo; ya no se incorporó justamente a este debate”, dijo.

Nora Cabrera, abogada y cofundadora de la asociación civil Nuestro Futuro, afirmó que la decisión de la Corte no se vinculará directamente en el proceso que lleva la Cámara de Diputados. Sin embargo, apuntó que los argumentos “apoyarían a que los legisladores pudieran tomar en consideración ciertas razones”.

En entrevista, destacó que el análisis que modificó la LIE es el mismo que cambiaría la reforma, “que es cambiar la forma en que se le da preferencia a la CFE para despachar la energía”.

Explicó que, de declararse la constitucionalidad de los preceptos, habrá “graves” implicaciones ambientales, pues de continuar con esta política energética “podría haber un aumento de las emisiones de CO2. (En ambos casos) lo que se está discutiendo prácticamente es el presente y el futuro en términos ambientales, de inversión y las reglas del juego”.

Ambos analistas coincidieron en que tanto la reforma publicada en marzo en el Diario Oficial de la Federación, como la iniciativa que marcha en la Cámara baja, violan el artículo cuarto constitucional, sobre el derecho humano a un ambiente limpio y sano, al no garantizar el funcionamiento de las energías limpias.

“A los ministros, está en sus manos tomar una decisión que vaya acorde a que México tenga políticas serias y eficientes en contra del cambio climático. El medio ambiente debe estar en el centro de la discusión (...) Pondrían precedentes para que el cambio climático sea una preocupación real y no sólo buenas intenciones”, concluyó Nora Cabrera.

Ramsés Pech, experto del sector energético, aseguró que lo realmente importante es que se está dando mayor enfoque al tema político en la discusión y no se está cuidando la planeación.

“Estamos estancados en la parte legal y queremos llegar a la parte de operación, dejándoselo todo a las empresas del Estado que no tienen el dinero para hacerlo… Se le está dando más incertidumbre a las inversiones con la discusión política”, dijo.

Con información de Berenice Luna y Yulia Bonilla