Gobernación: Plan B, para poner fin a burocracia dorada en el INE

La Reforma Electoral propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador representa el fin de la “burocracia dorada” del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López.

“Ahí no es cierto que se le quiten facultades al INE o al Tribunal Electoral (del Poder Judicial de la Federación —TEPJF—), por el contrario, desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva del INE.

“Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del INE, se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada”, destacó.

Agregó que las modificaciones tienen como objetivo principal dar “mayor certeza jurídica para realizar los conteos y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección, ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier elección. 

“Igualmente, se facilita el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior, ahora será por Internet, y podrán hacerlo con su credencial de elector, con su pasaporte o con una matrícula consular. Y algo que extrañamente mantienen callado, es que ahora ya se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quiénes cómo se hacía antes, como en el caso del Pemexgate”, dijo en la conferencia mañanera.

También desmintió que vaya a haber ocho mil despidos en el INE “son 32 por dos, serían 64 vocales de las juntas locales y 300 por cuatro, serían mil 200 vocales de las juntas auxiliares, que esos sí dejarán su cargo, quienes, que son los menos, forman parte del servicio profesional electoral, deberán ser reubicados en otras áreas o en otras tareas del instituto”.

El secretario de Gobernación rechazó que el ajuste de personal vaya a alcanzar al 80 u 85 por ciento del personal de las juntas locales y distritales, así como

administrativos del INE.

“En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por dos, serían 64 vocales de las juntas locales y mil 200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos, no llegan ni siquiera al siete, ocho por ciento del total de los 17 mil 500 trabajadores que aproximadamente tiene el INE”, reiteró. 

Explicó que estos funcionarios cobraban entre 45 mil y 70 mil pesos mensuales, a pesar de que no trabajaban todo el año y que recibían otras prestaciones, como seguros de gastos médicos. Sin embargo, su liquidación se calculará conforme a la Ley Federal del Trabajo.

“Pues entonces, hay que sacarles la cuenta, serían tres meses en términos legales y 20 días por año”, explicó.

El titular de Gobernación dijo que los recursos para las liquidaciones saldrán de dos fideicomisos que mantiene el INE y que se desconoce el monto que hay depositado en estos instrumentos financieros.

“Se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos: uno, de contingencias laborales; y el otro, que es relativo a la administración de los inmuebles, fideicomisos que, como todos los fideicomisos, están en la opacidad, nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos, y se instruye para que en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda aplicar”, destacó López Hernández.

AMLO descarta presentar una contrarreforma a la ley

El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó enviar una contrarreforma a la ley electoral, y señaló que si se trastocan los derechos de los ciudadanos que los quite la Suprema Corte.

“Todo aquello que se piense que va a limitar los derechos ciudadanos se quita, no hay ningún problema, nosotros consideramos que no afecta. No (enviaría una contrarreforma), el Poder Judicial lo puede hacer, dice: ‘Este artículo lo invalido’, pero no significa invalidar la ley en su conjunto. Es más, así lo tienen que hacer, tienen que ver artículo por artículo, pero el asunto no es ese”, aclaró.

Reconoció que instalar módulos de atención ciudadana en oficinas gubernamentales es sólo una propuesta, a pesar de que fue aprobado en el llamado Plan B.

“Sí, está en la ley, es una propuesta, es una propuesta, hoy lo estaban comentando, de que las casillas electorales, que siempre se ponen en las escuelas. Pero si eso se considera que no debe de hacerse, se modifica. Sí (se consideraría esto), eso no es ningún problema. O sea, todo esto es un pretexto para atacarnos, la mayor parte de las cosas. En el tiempo que yo llevo aquí no hemos participado en la organización de las elecciones ni hemos promovido fraudes electorales”, cuestionó.

Insistió en que la reforma beneficiará a los ciudadanos, porque ahora tendrán garantía de que su voto será respetado.

“Con la reforma electoral, ésta, aun con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional porque la bloquearon los de la mafia del poder, aun con esta reforma, se da más garantía a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado.

“Al no estar Jacobo ya es una garantía para el ciudadano, porque Jacobo, como Lorenzo, como todos ellos, no tienen vocación democrática, son hombres al servicio del poder económico y del poder político, no de los ciudadanos”, expuso.

López Obrador también criticó el análisis realizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM, pues dijo que nunca alzaron la voz cuando a él le hicieron fraude.

“Me da una pena lo que han hecho de la UNAM, pero es lo mismo, son mafias de la academia, y existen también asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo. ¿Cuándo este Instituto se manifestó durante el periodo neoliberal que modificaron toda la Constitución?, cuando reformaron la Constitución y la pusieron en correspondencia con el propósito de saquear al país”, cuestionó.

El Ejecutivo federal ubrayó que de ese instituto salió el actual presidente del INE, Lorenzo Córdova, y previó que regrese a ese lugar a partir de abril, cuando concluye su gestión.

Morena y consejeros chocan tras acciones para implementar Plan B

Un choque directo que cargó con reclamos, cuestionamientos y ofensas se generó entre los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y morenistas, ahora que la totalidad de la Reforma Electoral entró en vigor.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, para arrancar con las modificaciones a las que el órgano electoral se ve sometido con la promulgación del decreto, los integrantes del Consejo General reclamaron a los guindas la “constelación de inconstitucionalidades” que hallaron.

También la “mutilación” que ven a la estructura que ha permitido al INE realizar 331 comicios sin conflictos postelectorales en los últimos nueve años y con la que Morena logró gobernar más de 20 entidades, la Presidencia y la mayoría en el Congreso.

Los consejeros reclamaron por la obligatoria remoción de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva y que en sustitución quedó Roberto Heycher Cardiel Soto, como encargado de despacho.

Acusaron que la medida que llevó a la destitución de Jacobo Molina —quien volverá, confiaron—, tuvo nombre y apellido de forma “notoriamente inconstitucional, arbitraria y unilateral” por “temor” y “venganza” a quien sólo se ha conducido en apego a la ley.

Incluso, los representantes de los aliados de Morena, PVEM y PT, sólo intervinieron para  reconocer la labor del exsecretario ejecutivo y mencionar que ahora el instituto “pierde a uno de sus mejores trabajadores”.

La aspereza surgió luego de que el representante de Morena, Eurípides Flores, celebró la reforma y abalanzó sus palabras contra los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama, y el exsecretario ejecutivo, a quienes dijo que “creen con soberbia que son la democracia”.

“La democracia es del pueblo. Es momento de ubicarse, consejeras, consejeros, mafia electoral, y es momento de cumplir la ley, aunque no les guste”, dijo.

El consejero presidente lo interrumpió para pedirle que no ofendiera a sus compañeros, a pesar de que entendía que el “ánimo de vulgaridad” fue el que inspiró a Flores Pacheco en su intervención.

Los funcionarios electorales siguieron. A Eurípides Flores y al diputado morenista Hamlet García, que también se encontraba como consejero del Legislativo de Morena, les pidieron tener “compasión con la realidad” y les expusieron las contradicciones, riesgos y violaciones a los derechos ciudadanos hallados en el decreto que la mayoría parlamentaria aprobó “sin leer”.

Pero el representante morenista insistió. Argumentando que la reforma elimina privilegios que hoy defienden “los conservadores”, preguntó varias veces el monto del finiquito con el que saldrían los cuatro consejeros que se van el 3 de abril.

Córdova Vianello le pidió no comer ansias, pues el dato lo sabrá en 31 días, aunque le aseguró que será menor a lo que gana el Presidente y los diputados; mientras que Ciro Murayama le sugirió demandar a quien le otorgó su certificado de primaria si es que le resultaba imposible realizar la operación matemática que le daría la respuesta.

“Son tres meses y 20 días año por nueve años, entonces el monto del salario por tres, y luego 20 días por nueve. Y súmelo. Si le es imposible, demande al que le dio su certificado de primaria.

“Yo doy argumentos, cito lo que está en la ley, ustedes sólo pueden mandar insultos. ¡Por favor! Desespera mucho ver ese nivel. Lastima, da pena ajena, hagan un esfuerzo por dialogar. No se dan cuenta lo que transmiten, lo que expresan, por eso se han vuelto carne de memes sus intervenciones”, reviró Murayama.

Luego de que el consejero Uuc-kib Espadas se dijo estar del lado correcto de la historia porque no se rentó para hacer el juego sucio a nadie ni para ignorar la ley, Eurípides Flores le dijo que “va a tener que hacer frente a todas las intrigas que hoy se están sembrando, porque en la Reforma Electoral, el Plan B va a prevalecer y usted va a tener la responsabilidad de llevar a cabo las elecciones con estas reglas”.

“¿Está usted amenazando a un integrante de este Consejo?”, le cuestionó Córdova Vianello, quien no lo dejó retomar la palabra para advertir que “eso no lo voy a permitir, y lo voy a interrumpir tantas veces como sea necesario”.

Durante la sesión fue rechazada la propuesta de la consejera Norma Cruz para que el Órgano Interno de Control trabajara de forma permanente con el Comité Técnico para la implementación de la reforma, que también quedó instalado este viernes.

“Es tiempo de la Corte y los tribunales”

“Nada es permanente ni definitivo”, sentenció el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, al arrancar los trabajos para que el órgano electoral se adapte a las modificaciones constitutivas del Plan B de Reforma Electoral que ayer entró en vigor.

Durante la sesión extraordinaria del Consejo General, Córdova Vianello se refirió a la reforma como un efecto del retroceso, la intolerancia, la arbitrariedad y el abuso del poder, cuyo objetivo real, dijo, es dañar severamente las condiciones básicas para tener elecciones libres y auténticas.

“Cuando parecía que en México habíamos transitado una etapa de consolidación de la vida democrática, a un periodo en el que estaban garantizados los principios básicos de respeto a la Constitución, a la División de Poderes y a la legalidad, ocurren hechos que nos llevan a una situación completamente diferente: El retroceso, la intolerancia, la arbitrariedad y el abuso del poder en detrimento de las conquistas democráticas ciudadanas. Me refiero, por supuesto, al Decreto de Reforma Electoral conocido como Plan B”, señaló el consejero presidente.

Reclamó que el primer efecto del decreto, “que vulnera de manera burda y grosera la autonomía del INE”, haya sido la remoción de Edmundo Jacobo Molina como titular de la Secretaría Ejecutiva, lo cual, señaló, viola el principio fundamental de que las normas deben ser generales, impersonales y abstractas.

Señaló que el órgano electoral siempre ha actuado con respeto al Estado de Derecho y ésta no será la excepción ante un “desmembramiento impuesto”. Sin embargo, advirtió que con la entrada en vigor del decreto también inicia la batalla jurídica por su defensa.

“La constelación de inconstitucionalidades de esta reforma no quedarán impunes, no subsistirán… y que el Poder Judicial habrá de reencauzarlos por la ruta del apego a la Constitución y al Estado de Derecho. Es el tiempo de la Corte, es el tiempo de los tribunales y estamos seguros de que éstos se harán escuchar fuerte y claro”, dijo.

Asimismo, mencionó que las y los trabajadores y ciudadanos que sientan afectados sus derechos por la reforma también podrán acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes para impugnar los acuerdos que el Consejo General deberá tomar a partir de ahora.

Aseguró que a pesar de dichos acuerdos, todos los derechos y prestaciones de las y los servidores públicos del INE quedan salvaguardados durante el periodo de transición, pero con independencia de las obligaciones que resulten de la implementación de la reforma.

MC impugna ante SCJN la ley electoral

Los Dirigentes de Movimiento Ciudadano Dante Delgado, coordinador nacional; Jorge Álvarez Máynez, líder de diputados, y Juan Zavala, secretario general de acuerdos, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra del Plan B de Reforma Electoral.

Este es el primer recurso legal que promueve el partido naranja luego de que fuera publicado el jueves el segundo paquete de modificaciones a leyes secundarias en la materia.

“Estamos haciendo valer ante las ministras y ministros de la SCJN para defender la democracia. Vamos a seguir defendiendo las violaciones que se dieron al proceso legislativo por su inconstitucionalidad flagrante, las violaciones a la autonomía y facultad de fiscalización”, comentó Zavala.

Álvarez Máynez dijo que “prácticamente México es el único país del mundo que desde la Constitución regula los procesos electorales”.

Señaló que a diferencia de Estados Unidos, aquí se sabe el mismo día de la elección quien ganó la contienda presidencial, por lo que no se pueden revertir las conquistas y regresar a 1988: “El gobierno quiere el control de las elecciones para imponer una voluntad antidemocrática y eso no se le puede entregar a este gobierno ni a los que vendrán”.

Delgado subrayó que el reclamo principal es que se haya sacado adelante el proyecto sin debate: “el tiempo que (el Presidente) debe destinar para comunicar a favor de obras y acciones, se ocupa para descalificar, utiliza agravios, vilipendios en contra de la SCJN, amenazas en contra de ministros, presiones indebidas, vulnera la división de poderes, es inexplicable que desde la titularidad del Poder Ejecutivo utilice el ejercicio de la comunicación para lastimar la división de poderes”.

Descartan a Carla Humphrey para presidir el INE

La actual consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, no podrá seguir adelante en el proceso para ser la próxima presidenta del órgano electoral, debido a que el Comité Técnico de Evaluación (CTE) determinó que el cargo que hoy ocupa es un impedimento constitucional.

En sesión pública, el CTE dio a conocer que de las 664 personas que lograron su registro completo en el proceso para ser las nuevas consejeras del INE, únicamente 531 consiguieron avanzar a la segunda etapa.

La integrante del Comité María Esther Azuela explicó que se tomaron cuatro acuerdos que se harán públicos en las próximas horas. Detalló que uno de ellos abordó lo relativo a las personas aspirantes que presentan un impedimento de carácter constitucional para participar en el proceso, “lo que incluye a las personas aspirantes que hoy son consejeros electorales en funciones o que fungieron como tales a partir de la reforma de 2014”.

Aseguró que la decisión fue tomada por unanimidad del CTE, decisión fundamentada en el artículo 41 constitucional en el que se indica que no se puede ser elegidos por segunda ocasión para ocupar un cargo en el Consejo General.

Explicó que permitir lo contrario consistiría en una reelección, ya que además ocuparía el cargo por más de los nueve años que mandata la Constitución.

Azuela Gómez especificó que de estas 531 personas que pasarán a la etapa de evaluación a realizarse el 7 de marzo, 164 son mujeres; 358, hombres; cinco, no binaries y una como mujer trans, mientras que tres no especificaron.

Otro de los acuerdos refiere que 32 aspirantes no quedaron registrados debido a que no entregaron el ensayo o exposición de motivos que la convocatoria requirió para el registro y que tampoco subsanaron el requisito tras ser prevenidos.

Uno más, en el que se rechazó la postulación de tres personas que no reunieron con el requisito legal de contar con una antigüedad mínima de cinco años de haber obtenido el título profesional de licenciatura.

“Dañan la democracia discursos populistas”

Edmundo Jacobo Molina, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), aseguró que por el abuso de discursos populistas y autoritarios, no se ha querido usar formas institucionalizadas claras en el uso de la democracia directa, pues pretenden “con una forma griega de levantar la mano de millones” imponer un discurso y oscurecer el debate necesario en torno al futuro de la sociedad.

Durante su participación en el Foro Global de Democracia Directa Moderna 2023 en el Tec de Monterrey de la Ciudad de México, dijo que el fascismo y el nazismo usaron formas de democracia directa para, habiendo llegado al poder, tirar la escalera de la democracia representativa e imponer formas de democracia directa para tener un sistema autoritario, por lo que pidió tenerlo presente en México.

“¿Qué pasa con la democracia representativa? Y si formas institucionalizadas con reglas claras de democracia directa pueden renovar la democracia representativa, antes que estas caigan en manos o mecanismos populistas que lo que buscan es inhibir la participación de la ciudadanía”, destacó.

El exfuncionario del INE recordó que en 2021 se realizó una consulta popular con una pregunta realmente muy abstracta para enjuiciar a los expresidentes del país, pero fue tan compleja que tuvo muy poca participación.

“Y fue tan abstracta y tan compleja que solo propició que el siete por ciento de los votantes acudieran a las urnas. Preguntaba si había que iniciar un juicio político contra los expresidentes con un abuso retórico hasta mi punto de vista, y lejos de las formas institucionalizadas”, explicó.

Además, dijo que el año pasado hubo un ejercicio de revocación de mandato que convocó un poco más de 15 por ciento de los posibles votantes. Indicó que fue curioso porque los ejercicios de revocación de mandato en todos lados los promueve la oposición, pensando en que se le ha perdido la confianza al gobernante en sus tareas.

“Pero por las paradojas en nuestro país, quien inició y propició este ejercicio fue el actual Presidente de la República. Creo en la democracia participativa y tengo mis serias dudas en la democracia directa. Hay síntomas de regresión muy preocupantes aun en sociedades en donde la democracia ya es muy madura”, agregó.  

JVR