Los fiscales generales de 21 estados de Estados Unidos y del Distrito de Columbia pidieron a una corte de apelaciones mantener las restricciones a las detenciones migratorias sin orden judicial en Washington, al señalar que agentes federales omitieron acreditar el riesgo de fuga de los arrestados.
La coalición presentó el 19 de octubre un escrito de 34 páginas en el caso Escobar Molina contra el Departamento de Seguridad Nacional. Su intervención respalda la medida cautelar concedida en diciembre de 2025, que el gobierno de Donald Trump apeló.
Según el documento, para detener sin orden judicial no basta con tener causa probable de que una persona permanece irregularmente en el país: debe existir una razón para considerar que escapará antes de obtener la autorización de arresto.
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Los fiscales sostienen que las autoridades migratorias omiten sistemáticamente evaluar ese segundo requisito de manera individual. California, Colorado y el Distrito de Columbia encabezan la intervención.
El escrito cita una investigación de The Washington Post según la cual ICE detuvo a cerca de 19 mil 500 personas en Washington, Maryland y Virginia entre el 20 de enero de 2025 y el 10 de marzo de 2026; 60 por ciento carecía de antecedentes penales.
Los representantes estatales advirtieron que los efectos de estas prácticas alcanzan a familias y comunidades. Documentaron ausencias escolares, menor asistencia al trabajo, pérdidas en comercios y cancelaciones de consultas médicas por temor a los operativos.
También señalaron que el uso de vehículos sin identificación y agentes encapuchados deteriora la confianza en las instituciones de seguridad e inhibe las denuncias de delitos.
Por ello, solicitaron confirmar la obligación de justificar individualmente las capturas sin orden. La medida corresponde al Distrito de Columbia y no supone una prohibición de esos arrestos en todo Estados Unidos. Al presentarse el escrito, aún no había fecha para los argumentos orales.
