Ortega desoye reclamos del mundo; sigue cacería de opositores en Nicaragua

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), Estados Unidos y grupos empresariales de Nicaragua exigieron la inmediata liberación de los cuatro aspirantes presidenciales y otros opositores detenidos en menos de 10 días, acusados por amenazar presuntamente a la soberanía nacional y otros delitos.

Sin embargo, el régimen de Daniel Ortega sigue acorralando a sus adversarios con la reciente detención del excanciller y asesor político de Fuerza Democrática Nicaragüense José Pallais y la emisión de una orden de captura contra el economista Mario Arana por los mismos delitos, con lo que podría sumarse a las medidas cautelares aplicadas contra quienes buscan contender contra la reelección del mandatario.

Ante la persecución y cacería, denunciada por partidos de oposición, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el Gobierno de Joe Biden condenaron las acciones para socavar la democracia en el país, a sólo cinco meses de las elecciones del próximo 7 de noviembre; mientras que el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Cacif) nacionales demandaron garantías de un proceso electoral libre, tras denunciar la aprehensión de su exlíder José Adán Aguerri y la activista Violeta Granera.

Incluso las organizaciones gremiales pusieron en duda el respeto de los derechos por parte del gobierno de Ortega luego de las capturas de los candidatos Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, primo de la primera; de todos ellos se sabe que los hombres se encuentran en la cárcel El Chipote, en Managua, de acuerdo con medios locales, mientras que las mujeres permanecen en arresto domiciliario. Además, la defensa de Juan Sebastián denunció que Victoria Cárdenas, la esposa de su cliente, cuya casa fue allanada el pasado 8 de junio, se encuentra incomunicada.

En tanto, la defensa de su prima, la periodista Cristiana Chamorro, advirtió que su representada fue interrogada por el Ministerio Público violando su derecho a la presencia de un jurista.

Horas después comenzaron a circular las primeras sanciones en contra de este régimen; por un lado Estados Unidos sancionó a cuatro asesores del régimen de Ortega y de la vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, por presunta represión y tiranía, mientras que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, se pronunció por separar a Nicaragua de este organismo debido a las acciones arbitrarias contra una serie de políticos.

El primero en establecer acciones en represalia fue el Departamento del Tesoro estadounidense, que congeló los activos de integrantes de su equipo en el país y los incluyó en una lista negra. Entre los bloqueados destaca su hija Camila Antonia Ortega Murillo, quien se desempeña como coordinadora de la Comisión de Economía Creativa y administra la estación de televisión Canal 13, acusada de emitir propaganda.

Agregó que las sanciones a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros, también contra el presidente del Banco Central, Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, el diputado Edwin Ramón Castro Rivera y el general de brigada, Julio Modesto Rodríguez Balladares, responden a los continuos actos de este Gobierno para socavar la democracia, promulgar leyes para silenciar a medios independientes, mismos que no siguen la línea del mandatario, que lleva más de 10 años en el poder, y por abusos a los derechos humanos de los civiles.

Al respecto, el secretario de Estado de EU, Antony Blinken, sostuvo que las “sanciones demuestran que hay costos para los que apoyan la represión del régimen de Ortega”, por lo que advirtió que EU reforzará acciones diplomáticas y económicas para evitar el avance del autoritarismo; mientras que la directora de la oficina encargada de los bienes en el país, Andrea M. Gacki, señaló que el gobierno nicaragüense “perjudica y hunde cada vez más al país en la tiranía”.

En tanto, Almagro llamó al Consejo Permanente a suspender a dicho gobierno al señalar que es necesario actuar ante la “arremetida sin precedentes contra líderes opositores, precandidatos a cargos de elección, líderes sociales y empresariales”, de acuerdo con una carta emitida a integrantes de este órgano.

Esto al recordar que en el pasado han repudiado las medidas de Ortega contra opositores, mismas que comenzaron en 2018, pero no han conseguido detener la represión de ese régimen, por ello insistió en aplicar el “artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana”, hecho para el que se requiere el respaldo de dos tercios de los 34 países miembros; es decir, al menos 24 votos, medida que sólo ha aplicado en dos ocasiones contra Cuba y Honduras.

Previamente la Oficina del Alto Comisionado del organismo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al régimen a restablecer las garantías de todos los políticos que aspiran a participar en los comicios, pues son los electores los que deben decidir si llegan o no a un cargo, no la autoridad.