"¡No protejan criminales!"

Las llamadas ciudades santuario en Estados Unidos, definidas así por proteger a inmigrantes indocumentados de la ley nacional que dispone su arresto —que se ha hecho más intensiva durante la presente administración de Donald Trump—, comenzarán a vivir sin el presupuesto que les asigna el gobierno federal, después de que un juez facultara al presidente para privarles de estos fondos, al menos hasta que dejen de beneficiar a extranjeros ilegales.

Ayer, Trump anunció que comenzará a retener estos recursos a las cerca de 300 ciudades santuario, para obligarlas a contribuir con su política antiinmigrante.

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“Según el reciente fallo del Tribunal Federal, el gobierno tiene la facultad de retener fondos de Sanctuary Cities. Deberían cambiar y dejar de ser santuarios. ¡No protejan a los criminales!”, advirtió el magnate en su cuenta de Twitter.

El pasado 26 de febrero, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito en Manhattan dictaminó que el Departamento de Justicia tiene la autoridad para retener los referidos recursos, si las autoridades locales se niegan a cooperar con la administración en su gestión para “procurar la seguridad nacional”.

"Según el reciente fallo del Tribunal Federal, el gobierno federal retendrá fondos de Sanctuary Cities. Deberían cambiar su estado y dejar de ser santuarios. ¡No protejan a los criminales!”

Donald Tump

Presidente de EU

Antes de esto, varios tribunales dictaminaron en contra del gobierno, al argumentar que éste carecía de facultades para imponer condiciones relacionadas con la inmigración en ciertos fondos públicos.

En 2017, el primer año de Donald Trump en el poder, siete estados y la ciudad de Nueva York demandaron al Departamento de Justicia, después de que el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunciara que la agencia comenzaría a retener el dinero provisto a los gobiernos locales, que se negaron a compartir información sobre inmigrantes indocumentados o proporcionar acceso a la cárcel a las autoridades federales, que investigan a los presos por su estatus migratorio.

Las ciudades santuario generalmente se niegan a asistir a la Casa Blanca para hacer cumplir las leyes de inmigración vigentes y ofrecen un refugio seguro a indocumentados, una medida repudiada por el actual presidente, quien responsabiliza a sus opositores demócratas de violar la Constitución, al abrir las puertas a “delincuentes” y exponer la seguridad del país.

En Estados Unidos, la ley establece que los municipios reciban recursos del gobierno a través de una partida del presupuesto federal, que dentro de la ciudad se destina a usos particulares, como educación, construcción o equipamiento de parques recreativos, infraestructura social y urbana, servicios comunitarios y fuerzas policiales y de vigilancia. Algunos de estos fondos van primero al estado y éste los canaliza después a las ciudades.

Algunos de estos presupuestos llegan a ser una gran parte del dinero que usa cada municipio, particularmente en Chicago y Washington DC. En la capital estadounidense, los fondos federales implican más de 20 por ciento de su gasto total. Si la administración Trump la priva de ello, constituiría un duro golpe a sus arcas y probablemente sería inconstitucional bajo las decisiones de la Corte Suprema.

Pero incluso en ciudades como Los Ángeles y San Francisco, donde el efecto es más pequeño (entre 5 y 7 por ciento de su presupuesto llega de la federación), la pérdida puede lastimar su desempeño, a la hora de ofrecer servicios ciudadanos.

Hay poco consenso sobre qué jurisdicciones son consideradas santuario, aunque en general son lugares que prohíben el uso de recursos locales, para asistir al Servicio de Inmigración y Aduanas.