ONU afirma que populismo de Maduro rompe Estado de derecho
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la única instancia internacional que hasta ahora se había mantenido al margen de la condena al gobierno de Nicolás Maduro, rompió el silencio. Ayer, la oficina del Alto Comisionado de la ONU denunció el uso desmedido de las fuerzas de seguridad del régimen, las cuales han “maltratado y torturado de forma generalizada y sistemática” a manifestantes y detenidos, durante las protestas en contra de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Las primeras conclusiones de esta investigación apuntan a que las Fuerzas Armadas a servicio del chavismo son responsables directas de al menos 46 muertes, mientras que los grupos armados progubernamentales, denominados “colectivos armados”, habrían causado la muerte de otras 27 víctimas durante la represión originada por las manifestaciones.
Hasta el 31 de julio, el despecho de Luisa Ortega, fiscal general destituida el pasado sábado por la ANC, había investigado 124 fallecimientos y desconocía la identidad de los responsables del resto de las muertes que todavía no han sido esclarecidas. De esta información y de la obtenida a través de entrevistas a 135 personas —entre las que se encuentran víctimas, familiares, testigos, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, abogados y médicos— el Alto Comisionado sacó sus conclusiones. El informe completo se hará público a finales de mes.
Según el comunicado de la ONU, “las fuerzas de seguridad, principalmente la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, así como los cuerpos de policía locales, emplearon sistemáticamente la fuerza desproporcionada a fin de inspirar miedo, acallar a los disidentes y evitar que los manifestantes se reunieran y llegaran ante las instituciones públicas para presentar sus peticiones. Las instancias gubernamentales en muy raras ocasiones condenaron los incidentes”.
Descargas eléctricas, golpes con cascos y porras contra detenidos esposados, presos colgados de las muñecas durante periodos prolongados, asfixia con gases y amenazas de muerte o violación son algunos de los ejemplos de la violencia empleada, que cita la ONU en las conclusiones del informe, reporta El País.
Mientras este informe era presentado en Bruselas, los países del continente americano abrieron un frente en contra de la dictadura madurista. Los cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, reunidos en Lima (Perú), acordaron condenar “la ruptura del orden democrático en Venezuela”.
En un comunicado conjunto, los portavoces de 12 naciones respaldaron las acciones de la Asamblea Nacional, democráticamente electa por 14 millones de venezolanos, y la labor de Ortega Díaz, como la única fiscal general que reconocen. Los países condenaron además “la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente”.
La profundización del rechazo internacional al gobierno de Maduro se produjo horas después de que el régimen condenó y ordenó la captura del alcalde del municipio capitalino de Chacao, Ramón Muchacho, a 15 meses de prisión por no impedir las protestas en su localidad.
“Van cinco alcaldes destituidos, inhabilitados y/o presos en dos semanas. 11 en tres años. Evidente que no respetan resultados electorales”, escribió en su cuenta de Twitter la máxima autoridad del municipio El Hatillo, de Caracas, quien debe comparecer ante el Tribunal Supremo de Justicia hoy.
Por su parte, el rector electoral anunció ayer que la coalición opositora, MUD, no podrá postular candidatos en siete de los 21 estados para la elección de gobernadores programada para este año.
La región pone su mirada en Venezuela
Algunos acuerdos a los que llegaron cancilleres de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú son:
1. Condenar la ruptura del orden democrático en Venezuela.
2. Desconocer la Asamblea Nacional Constituyente y los actos que emanen de ella, por su carácter ilegítimo.
3. Respaldar a la Asamblea Nacional, democráticamente electa.
4. Rechazar la violencia y cualquier opción que involucre el uso de la fuerza.
5. Apoyar a la Fiscal General y a los integrantes del Ministerio Público de Venezuela y exigir la aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
6. Repudiar la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales, la violencia, la represión y la persecución política, la existencia de presos políticos y la falta de elecciones libres bajo observación internacional independiente.
Promueven ley de protección
temporal a venezolanos en EU
La Comisión condal de Miami-Dade aprobó una resolución, para pedir al gobierno del presidente Donald Trump un Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos en Estados Unidos, al calificar al gobierno de Nicolás Maduro de “dictadura”.
La resolución fue aprobada el lunes en la noche de manera “unánime” por la Comisión, tras una reunión de emergencia y prevé enviar una carta a Trump con una serie de peticiones.
En la carta se respalda que el Departamento de Seguridad Interna de EU, otorgue un TPS a los venezolanos que viven en el país, sin estatus migratorio regular, y que el Departamento del Tesoro aplique sanciones al presidente Maduro.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, afirmó que Maduro se ha convertido en “un dictador” e hizo notar que ellos ya han visto “esa película” y no quieren que los venezolanos pasen por la misma situación.
José Pepe Díaz, comisionado nacido en Cuba, quien fue el encargado de presentar la resolución, dijo que no pueden quedarse sentados observando como “se desmorona la democracia” en Venezuela, al señalar a la prensa que una crisis en ese país también es una crisis para el sur de Florida.
El TPS es un beneficio migratorio otorgado principalmente a extranjeros, que se encuentran en EU de países que sufren alguna crisis, desastre o tragedia que dificulta el regreso a su país.
Chavismo decreta control de todos los
poderes públicos
El acuerdo otorga facultades al organismo para “limitar las funciones” de las instituciones
Redacción / La Razón
La Asamblea Constituyente de Maduro volvió a violar la ley. El órgano que, según la Carta Magna, sólo tiene potestad para redactar una nueva Constitución que debe ser ratificada en un plebiscito, aprobó ayer un decreto que subordina los poderes públicos del país a la nueva instancia.
El acuerdo que se da un día después de que la mayoría opositora del Congreso anunciara que no reconocerá las decisiones de los constituyentes, lo que presagia una escalada de los enfrentamientos y la profundización de la crisis política en Venezuela.
Según el primer vicepresidente de la Constituyente, Aristóbulo Istúriz, el decreto le otorga facultades al organismo para “reformar” y “limitar las funciones”. Istúriz dijo a la televisora estatal que el decreto busca establecer un conjunto de normas que permitan “relacionarnos de manera armónica entre el poder constituyente, que es un suprapoder, que es un poder supraconstitucional, que es plenipotenciario, con cada uno de los poderes constituidos”.
El vicepresidente de la Constituyente aseguró que el Congreso se ha negado a convivir con ellos y advirtió que no cumplirse las nuevas normas, “simplemente aplicaremos la ley”.
La presidenta del organismo, la excanciller Delcy Rodríguez, indicó minutos antes que de acuerdo a lo que establece la Carta Magna, los poderes constituidos no pueden impedir las decisiones del nuevo cuerpo. “El poder constituido está subordinado a esta Asamblea Nacional Constituyente”, dijo Rodríguez en declaraciones difundidas por la estatal Agencia Venezolana de Noticias.
El decreto fue aprobado durante la tercera sesión de la Constituyente —controlada por el oficialismo—, que se realizó en el hemiciclo protocolar del Palacio Legislativo. Éste fue tomado la víspera por Rodríguez con el apoyo de guardias nacionales, en una acción que fue condenada por el Congreso, que la consideró como un “asalto”.