Policía de Maduro acosa, golpea, censura... por fotografiar las protestas

Foto Especial

Andrews Abreu lleva tres años trabajando como fotorreportero de protestas sociales en el diario El carabobeño, de Venezuela. Desde entonces, ha sido víctima de 5 agresiones por parte de la policía política.

El martes pasado, se enteró por redes sociales que había un saqueo en la tienda Makro, de Valencia, acudió para documentar el saqueo y la desesperación de quienes quieren comprar comida.

Sin embargo, el trabajo que hizo ese día nunca llegará a las imprentas. Un policía lo arresto, le quitó su cámara, y lo obligó a borrar sus imágenes. Después le devolvieron el equipo.

En entrevista con La Razón, el experto en retratar protestas sociales afirmó que en el último año se ha incrementado la censura y las agresiones contra el gremio periodístico, además, los casos de abusos contra periodistas quedan archivados.

“Llevo tres años trabajando y me han agredido cinco veces. Más que nada, el año pasado, durante los meses de las protestas fui víctima de funcionarios, a ellos les molestaba cuando les tomaban las fotos cuando estaban agrediendo a los manifestantes”, dijo vía telefónica desde el estado de Carabobo.

Según tu experiencia y la de tus colegas, ¿cuál es el estado del ejercicio periodístico en Venezuela? El gobierno tiene que dar una solución que nos garantice hacer nuestra labor periodística en la calle, y que no haya este tipo de agresiones y censura contra la profesión. Uno sale a la calle a tratar de informar todo lo que sucede pero cada día es más complicado hacerlo, porque el gobierno quiere cerrar las puertas en todos los medios.

Haciendo esta profesión uno nunca sabe si va a llegar vivo a su casa. Es muy difícil. La verdad. Y cada vez la situación se está volviendo más pesada, sobretodo por el desabasto de comida, ha generado saqueos, y la situación se está agravando más y más porque la gente ya no se espera a estar en una fila cinco horas. El pueblo está en la calle porque necesita los productos.

¿Cómo fue tu experiencia durante los saqueos en la tienda Makro? Me enteré por las redes sociales que había un conato de saqueo, y cuando llego saque mi cámara, y de pronto veo seis agentes están deteniendo a una persona, la estaban golpeando porque no quería subirse a la camioneta. Yo tomé unas fotografías y se dieron cuenta de que estaba tomando fotos, en eso, llegó una persona, y le dije: “soy de la prensa”. Me arrancó la cámara y empieza a golpearme en la pierna izquierda, y unas personas que estaban ahí se dieron cuenta de la situación y creció el alboroto. Entonces esas personas que estaban ahí van hacia la camioneta y la GNB empieza a lanzar al aire perdigones para calmar la situación.

Eso generó mas violencia… En este momento me levanté para buscar al oficial de la PNB que me quitó la cámara, llegó el otro funcionario, me dijo que me meta a la camioneta, le dije que no iba a meter porque yo no estoy cometiendo un delito. Dice que si no me meto, la gente me va a golpear, les digo que como me van a golpear si ellos me están defendiendo.

Me metí en la camioneta y les pedí mi cámara y me obligó a borrar todas las fotografías para poderme regresar la cámara.

¿Cómo evalúas las libertades que hay en tu país, las agresiones, la censura? No es la primera vez que esto sucede, he sido varias veces agredido en otras situaciones de protestas. Para hacer este tipo de denuncias hay que ir a la fiscalía, para denunciar si sufrió alguna agresión de una persona. Uno hace una denuncia pero se queda archivado. No dan una respuesta. La agresión del martes me dejó un hematoma en la parte izquierda del músculo.

Durante 2014, me lanzaron perdigones, por suerte iba con chaleco antibalas, un agente me impactó con una ametra, otra agresión fue en la marcha en plena autopista, un policía regional de Carabobo. Es muy difícil porque no nos garantizan hacer nuestro trabajo cuando al gobierno le incomoda. Es muy complicado porque no tenemos seguridad.

El #2 del régimen culpa a ONG de saqueos

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Diosdado Cabello, afirmó que las personas que lideran los saqueos están relacionadas con Organizaciones no Gubernamentales que trabajan en el país.

El miércoles pasado, en su última emisión del programa Con el mazo dando, transmitido a través de Venezolana de Televisión (VTV), principal televisora estatal, el “Patriota C Ramón”, informante anónimo, indicó a Cabello que organizaciones de la sociedad civil como PROVEA (Inti Rodríguez) y el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, presidido por Marco Ponce, se encuentran detrás de una campaña para desestimar las acciones de la Operación de Liberación del Pueblo (OLP) y generar una matriz sobre saqueos en Venezuela.

En la sección “Los Mazazos”, el líder de los diputados explicó que PROVEA está documentando “falsos hechos de violación a los derechos humanos” que tuvieron lugar durante las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP) en diversos sectores del país, con el fin, según el comunicado, de llevarlo como caso a instancias internacionales.

Carencias

Desde 2013, los ciudadanos padecen el desabasto.

En 2013, el gobierno trató de implantar un sistema para controlar las compras. No obstante, una semana después, frenaron la puesta en marcha debido a las comparaciones con las tarjetas de racionamiento de Cuba. Comercios establecieron una venta controlada. En marzo de 2014, Maduro anunció la tarjeta de Abastecimiento seguro, que permitía comprar los productos escasos cada ocho días en los establecimientos oficiales designados.

Jueces bloquean a candidatos opositores

La organización Human Rigths Watch denunció que el presidente de Venezuela Nicolás Maduro utiliza el sistema judicial como “arma de castigo” contra los opositores y entabla demandas contra quienes muestran una postura crítica del régimen.

Según el organismo con sede en Washington, además de los procesos más notorios contra dirigentes políticos como el encarcelado Leopoldo López, decenas de críticos menos conocidos enfrentan o han sido amenazados de acciones penales en su contra por autoridades venezolanas.

“El gobierno de Venezuela utiliza el sistema de justicia como una fachada, pero la realidad es que los jueces y fiscales venezolanos se han convertido en soldados obedientes”, declaró José Miguel Vivanco, director ejecutivo para las Américas de HRW, en un comunicado.

La entidad no gubernamental que promueve la defensa de los derechos humanos reportó que ha documentado 31 casos en Caracas y cuatro fuera de la capital (en Aragua, Carabobo, Lara y Zulia) de individuos que enfrentan o han sido amenazados con cargos criminales por criticar públicamente al gobierno.

“El gobierno de Venezuela usa el sistema judicial como una fachada pero la realidad es que los jueces venezolanos y los fiscales se han convertido en obedientes soldados”, dijo José Miguel Vivanco, director de las Américas para Human Rights Watch.

“Las autoridades venezolanas han abusado de sus poderes de forma rutinaria para limitar la libre expresión, reduciendo un debate abierto y democrático que es muy importante ante las elecciones legislativas de diciembre”, agregó.

La organización cita el caso del empresario Fray Roa Contreras, detenido el 24 de julio, un día después de criticar la política económica del gobierno venezolano durante una entrevista con la cadena de televisión CNN.

Contreras sigue detenido y ha sido acusado de diseminar información falsa, según varios reportes, dice Human Rights Watch.

En su comunicado la organización también cita el caso de Carlos Rosales, presidente de la Asociación Venezolana de Clínicas y Hospitales, quien fue detenido después de una entrevista televisiva sobre la falta de medicamentos en el país.

Rosales habló de la falta de éstos en farmacias y dijo que la mitad del equipamiento médico de los hospitales no funciona correctamente. Tres agentes gubernamentales detuvieron a Rosales en su clínica en Valencia, en el estado de Carabobo, y le interrogaron, dijo Human Rights Watch. Después lo liberaron pero le avisaron de que vigilara sus comentarios, señaló la organización.

En el 2005, el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, amplió legislación para castigar expresiones de insulto hacia funcionarios.