Saltan IP y Afores por iniciativa que obliga a bajar comisiones

La iniciativa de Ley del Sistema para el Ahorro presentada por el Ejecutivo al Congreso busca controlar las comisiones que cobran las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), lo cual pondría en peligro la continuidad de algunas Afores, la competencia entre éstas, la calidad de las inversiones y el servicio que ofrecen, coincidieron analistas.

Por un lado, Carlos Ramírez, consultor de la firma Integralia, mencionó que si bien la iniciativa es correcta y benéfica para los ahorradores, la propuesta de ponerle tope a las comisiones que cobran las Administradoras reducirá la participación de las mismas y en algunos casos podrían desaparecer.

“(Podría impactar en) que el mercado se consolide en un número relativamente pequeño de Afores, simple y llanamente, porque ya no tendría sentido para algunas un golpe de éstos en el sentido de precios… Tiene efectos para la competencia, para el consumidor y que tendrá menos opciones”, sostuvo.

En entrevista con La Razón, el expresidente de la Comisión Nacional del Sistema para el Ahorro (Consar), señaló que otros efectos serían que al no contar con ingresos, las Afores bajen costos en el gasto comercial, el cual es muy alto, además de la inversión que se da en tecnología, capital humano, en gobierno corporativo y servicios.

“Si tú bajas las comisiones que no te extrañe que las Afores reduzcan también estos gastos. Y es que la iniciativa no deja claro como se va a evitar que este tope no impacte en las decisiones de las administradoras”, sostuvo.

Mario Di Costanzo, analista del sector financiero, coincidió con esto y aseguró que la propuesta induce a que las Afores decidan ya no participar en el mercado.

“Puede llegar a darse el caso de que algunas digan que ya nos le conviene participar en ese negocio y que se salgan, es como inducir para que las empresas salgan de competencia y al rato el Gobierno diga yo las administro”, señaló.

La propuesta establece que las comisiones que cobran las Afores sean topadas a un monto máximo similar al promedio de lo que se cobra en Chile, Colombia y Estados Unidos. Actualmente, la comisión promedio en México es de 0.92 por ciento, mientras que en los países mencionados es de 0.54, 0.62 y 0.45 por ciento, respectivamente.

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore), afirmó que la propuesta es innecesaria, pues existe el compromiso de reducirlas.

El presidente de la Amafore, Bernardo González, explicó que de aprobarse, se daría un incremento en los saldos de ahorro de los trabajadores lo cual permitiría que las comisiones disminuyan con mayor rapidez.

Asimismo, dijo que, aunque celebran el envío de la iniciativa por poner en el centro a los trabajadores, se deben discutir las afectaciones que pudieran generarse, porque vulneran otros artículos de la Constitución. Indicó que es necesario que el estándar sí sea internacional y no un promedio de tres países que no son comparables con México.

Di Costanzo sugirió que en lugar de poner un control en precios, las comisiones se apliquen en el flujo y no en el saldo del ahorro total. “No es lo mismo aplicar la comisión en el saldo a que se cambie del flujo. Y esto podría ser un mecanismo alternativo sin la necesidad del control de precios. Es un tema delicado”. 

Amafore añadió que estarán presentes en la discusión legislativa para que se incorpore su visión. “Estamos muy confiados que en el legislativo se revise, que ningún ordenamiento o régimen legal vigente transgreda alguna protección constitucional o leyes de competencia”.

Respecto a las comisiones, Mario Di Costanzo, expresidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) aseguró que es un elemento que le genera incertidumbre nuevamente a la Iniciativa Privada, porque una vez más es una falta del Gobierno a los acuerdos previos con el empresariado, como el tema del aeropuerto, de la cervecera, los alimentos industrializados. “El mensaje que se está mandando es que los empresarios es que no pueden confiar en el presidente”.

La propuesta de reforma al sistema de pensiones también establece una reducción en las semanas de cotización de los trabajadores, al pasarlas de 1,250 a 750. Al respecto, Di Costanzo puntualizó que los jubilados de los próximos tres años van a tener una pensión mínima garantizada, de cuatro mil 100 pesos, monto que tendrá que aportar el Gobierno, lo que provocará un desbalance en las finanzas públicas.

“La reforma en lugar de mejorar, viene a empeorar las finanzas públicas. Por ejemplo, si 200 mil trabajadores no alcanzan sus semanas de cotización, pero con la reforma las cubren, el impacto en el corto plazo podría ser entre 250 y 300 mil millones de pesos. Si ahorita ya vamos un billón de pesos por concepto de pensiones, seguramente el próximo año estaríamos hablando de cantidades de un billón 300 mil pesos”, comentó.

Reiteró que este gasto se da en un momento en el que el país no tiene los suficientes recursos para hacer frente a una situación así. Agregó que la reforma no resolverá el problema de fondo, que son pensiones bajas, porque la contribución es baja.

“Me parece que desaprovecharon una oportunidad para generar una mayor flexibilidad del ahorro voluntario, que podría servir para aumentar la pensión y disminuir semanas cotizadas. No viene acompañado de una educación financiera”, concluyó.