Se podrá decir misa en favor de la empresa de telefonía móvil que dirige aquí Mónica Aspe, acerca de que no fue responsable en mayo de 2019 que en uno de sus centros de atención al público en Chihuahua se expidiese a un desconocido el reemplazo de una tarjeta SIM (Subscriber Identity Module, por sus siglas en inglés) de una clienta suya en la Ciudad de México. Y que con esa copia se tomaron sus fotos e imágenes íntimas —el llamado Pack—; pero lejos de atender la queja, AT&T contraatacó en juicio donde el representante legal de la filial de la multinacional al mando de John Stankey, señaló a esa mujer de ser “una persona de pensamiento liberal”.
Es decir, que la víctima de robo de identidad y vulneración de sus datos personales, de robo de comunicación como derecho humano, también perdió la seguridad sobre su intimidad. Como diría el comunicador José Soto, “tu Pack también es de AT&T”.
Pero algo que no habría que pasar por alto es que en todos los yerros de la Corte de Justicia, una de cal por las que van de arena: el pasado 8 de abril la SCJN aprobó por unanimidad el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, por el que condena a AT&T México a indemnizar a una usuaria por el daño moral sufrido al ser expuestas imágenes íntimas por aquel tercero que tomó el control de la línea y de contenidos de la usuaria en redes sociales.
Pero más allá de que AT&T nunca acreditó la debida identidad de la persona que ilícitamente obtuvo el duplicado de la SIM, más de una ministra de la Corte subrayó la lamentable violencia de género ejercida contra una usuaria.
Y es que al entregar un duplicado de la SIM, la información personal de la demandante quedó expuesta… por lo que la “brillante” estrategia “jurídica” del abogado de AT&T consistió en culpar a la propia usuaria por tener esas imágenes, revictimizándola. La ministra Ortiz calificó esa conducta de “muy agresiva e insultante”.
La sentencia del amparo 26/24 apunta que “el apoderado legal también refiere que la actora es una persona de mente abierta y tolerante a prácticas de diversa naturaleza, entre las que menciona las de tipo sexual; esa afirmación, aunque formulada en términos aparentemente neutros, parece sugerir que, contrario a lo alegado por aquélla, su honra, intimidad o reputación no se vieron afectadas por la forma en que ha decidido conducirse o expresarse en la sociedad, lo que fue inferido a partir de los comentarios de otras personas”.
La justificada indignación de las y los ministros fue tal, que aprobaron dar vista al Ministerio Público por la probable comisión de delitos del abogado de AT&T por violencia de género. Ojalá la multinacional aprenda la lección y en adelante capacite a su personal para que cumplan con estándares que pregonan al público.
Por cierto, ¿quién valida y guarnece la información personal del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía que José Peña Merino impone a 160 millones de usuarios de celular mediante la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones? La desconfianza es una de las razones —sobre el uso de datos personales, CURP y número móvil— por la cual sólo poco más de 30 millones de usuarios se han enrolado a ese registro, algo así como el 18% del total… y habría que enrolar a casi 2 millones de líneas diariamente de hoy a la fecha límite del 30 de junio, según confirma la presidenta de esa comisión, Norma Solano.
Revisa AICM a Global Vision/VIPort. Muy en serio se toma el tema de transparencia y legalidad el equipo del almirante José Padilla en los contratos que realiza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De hecho se revisa la adjudicación de un contrato para operar espacios de comida rápida en favor de Global Vision, empresa en la que supuestamente confluyen intereses vinculados a Héctor Sulaimán y al operador de salas VIP, VIPort.
Independientemente de que Sulaimán inició su participación en los negocios aeroportuarios durante la administración de Felipe Calderón, no se le puede tachar de “portación de presidente prohibido”, aunque habría participado en la controvertida y millonaria adquisición de equipos de inspección no intrusiva de la firma Rapiscan Systems.
Como ha trascendido, esa misma lógica de negocio habría buscado replicarse en el sexenio pasado, aunque en esa ocasión la propia empresa estadounidense tomó distancia del empresario.
La revisión contractual es una práctica saludable para, conforme a la ley y de manera cuantitativa, evaluar el desempeño de un acuerdo. En el caso del contrato de Global Vision y VIPort se verán también los beneficios que aporte —junto con las rentas— a los usuarios y empleados del AICM.
Ya le contaré.
“El cambio inicia adentro”. La frase de arriba es el lema del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas (IMMPC), fundada en 2009 como un compromiso público y voluntario de cada compañía signante con la transparencia, el impacto social y la sustentabilidad ante sus clientes, trabajadores y reguladores con el objetivo de generar confianza con base en compromisos reales, medibles y verificables. El instituto, ahora encabezado por Sebastián Figueroa Gasque que durante lustros mantuvo una existencia silenciosa, al tiempo que sólida para generar estándares mundiales de gobierno corporativo en nuestro país, es ahora también impulsor del emprendimiento responsable y eficaz. Tome nota.