Según la clasificación funcional, el gasto programable del Gobierno se divide en: tareas propias del Gobierno (seguridad y justicia); desarrollo social (programas asistencialistas = redistribución del ingreso); desarrollo económico (inversiones físicas: desde la construcción de infraestructura hasta la compra de maquinaria y equipo = generación de ingreso).
En 2018, antes del inicio de la 4T, el gasto programable del Gobierno se dividió así: tareas propias del Gobierno, 9.8%; desarrollo social, 62.2%; desarrollo económico, 27.6%. En 2026, el octavo año de la 4T, se dividirá así: tareas propias del Gobierno, 6.5% (3.3 puntos porcentuales menos que en 2018, el 33.7%); desarrollo social, 69.5% (7.3 puntos porcentuales más, el 11.7%); desarrollo económico, 24.0% (3.6 puntos porcentuales menos, el 13.0%).
Si antes de que iniciara la 4T gobernar ya era sinónimo de redistribuir el ingreso (los programas asistencialistas del desarrollo social), con la llegada de la 4T se amplió y profundizó esa práctica, que nada tiene que ver, ni con las tareas propias del Gobierno (seguridad y justicia), ni con el desarrollo económico (inversiones físicas = generación de ingreso).
Si tuviera que elegir entre desarrollo social (redistribución gubernamental del ingreso), y desarrollo económico (inversiones físicas = generación de ingreso y, lo ideal, obtención de utilidades), y con la visión del economista, no del redentor social, sin duda escogería el segundo. Desafortunadamente, no es lo que ha elegido la 4T.
Según el Informe de Finanzas Públicas y Deuda Pública, de la SHCP, para el primer cuatrimestre del año, “el gasto público continuó orientado a promover el bienestar de la población y garantizar el ejercicio efectivo de los derechos constitucionales. En este contexto, el gasto en desarrollo social creció 10.9% real anual, por encima del promedio de 2.7% observado en la última década. En su interior, destacaron los incrementos en salud (+25.9%), educación (+8.3%) y protección social (+8.3%)”. Aumento del 10.9% en desarrollo social, 8.2 puntos porcentuales más que el promedio de los últimos 10 años, ¡el 303.7%!
Seguimos leyendo: “Al cierre de abril, el gasto en inversión física ascendió a 241 mil millones de pesos, destinado principalmente a vivienda y servicios a la comunidad (40.7%), combustibles y energía (33.5%) y transporte (11%). En la comparación anual, la moderación observada respondió, esencialmente, al calendario de ejecución del gasto público. Considerando la calendarización aprobada en el PEF 2026, a medida que se concreten los efectos de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Bienestar, se presentará una aceleración del gasto en inversión en los próximos meses”. ¿Qué quiere decir “la moderación observada”? Que, durante el primer cuatrimestre de 2026, comparado con el primero de 2025, la inversión física (desarrollo económico), se contrajo 18.4%, dato que la SHCP no publica. Sólo habla de “la moderación observada”. ¿Le dará vergüenza reconocer la caída del 18.4%?
Los efectos de la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura para el Bienestar, ¿se concretarán? Ya veremos. Por lo pronto, lo que la SHCP llama “moderación observada” en la inversión física, fue una caída del 18.4%.
Las y los suspirantes
