Imagine que tiene una casa por la que paga tres mil pesos anuales de predial. No la remodeló, no construyó otro piso ni realizó modificación alguna. Sin embargo, un día descubre que deberá pagar cinco mil pesos. ¿La razón? La autoridad decidió actualizar el valor de su propiedad.
Usted no ganó más dinero. Su casa tampoco le produce ingresos. Pero el Gobierno determinó que ahora vale más y, por lo tanto, deberá pagar más.
Es el riesgo que abre el debate sobre la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, también bautizada como el “predialazo”.
• Ojo: audios bajo sospecha
La Cámara de Diputados la aprobó la madrugada del miércoles y la envió al Senado. El argumento oficial es “modernizar los catastros, ordenar los registros inmobiliarios y fortalecer las finanzas municipales”.
El Gobierno asegura que no crea impuestos ni aumenta sus tasas. Formalmente es cierto. Pero omite lo más importante: si aumenta el valor catastral utilizado para calcular el predial, puede aumentar la cantidad que paga el propietario, aunque la tasa permanezca intacta.
Y ahí comienza el problema —o la trampa—, porque una cosa es modernizar registros administrativos y otra muy distinta es convertir la actualización en un mecanismo para recaudar más, sin considerar la capacidad económica de quienes deberán pagar.
La iniciativa contempla que actualizar valores catastrales e incorporar propiedades no registradas permitirá ampliar la base gravable. Entonces, la recaudación sí forma parte del objetivo, y pretender disfrazarlo no es sólo tramposo, es muy injusto.
La periodista experta en finanzas, Maricarmen Cortés, advirtió sobre propuestas vinculadas al Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, actualmente en consulta pública.
Entre los escenarios discutidos aparece un predial calculado sobre valores comerciales y una tasa del uno por ciento. No es un impuesto aprobado, pero sirve para dimensionar sus posibles consecuencias.
Una propiedad valuada en diez millones de pesos, por ejemplo, pagaría cien mil pesos anuales. ¿Quién puede soportar semejante carga?
Pensemos en una casa heredada hace cuarenta años en la colonia Roma, Condesa o Narvarte, donde la plusvalía inmobiliaria se ha disparado.
El propietario podría ser un jubilado que vive de una pensión, una viuda que conserva la vivienda familiar o alguien cuyo único patrimonio es precisamente esa casa.
¿Tendrían que venderla porque el Gobierno decidió que ahora vale demasiado?
Esa es la discusión verdaderamente importante: ¿hasta dónde puede llegar la presión fiscal sobre la propiedad privada?
Una vivienda puede multiplicar su valor comercial sin que aumente un solo peso el ingreso de quien la habita.
Confundir patrimonio con liquidez es un error que puede tener para muchos consecuencias devastadoras.
El programa metropolitano también contempla instrumentos para aprovechar terrenos baldíos o subutilizados, bajo el argumento de “combatir la especulación inmobiliaria”.
Pero ¿qué ocurre con una familia que compró un terreno y sigue ahorrando para construir? ¿Merece el mismo tratamiento que una empresa inmobiliaria que acumula grandes extensiones?
Poseer tierra no convierte automáticamente a nadie en especulador.
En Colombia existen tarifas diferenciadas según las características de los inmuebles. Perú contempla beneficios fiscales para pensionistas y adultos mayores que poseen una sola vivienda.
Son ejemplos de una distinción indispensable: no todos los propietarios tienen la misma capacidad de pago.
En México, cualquier modificación que termine elevando las contribuciones debería acompañarse de salvaguardas claras para proteger la vivienda habitual, especialmente en personas mayores y familias con ingresos limitados.
También hacen falta mecanismos transparentes para impugnar valuaciones, límites razonables a incrementos y garantías contra decisiones arbitrarias.
Nada de eso puede despacharse con el argumento de que “solamente se están modernizando registros”.
Y además, ¿qué recibirán los ciudadanos a cambio de pagar más?
Porque los impuestos deberían traducirse en mejores servicios, seguridad, infraestructura y mantenimiento urbano. No convertirse simplemente en una respuesta automática a las necesidades financieras de las autoridades.
No se puede así nada más, exigir mayores contribuciones sobre patrimonios construidos durante décadas, mientras persisten deficiencias en servicios públicos que los ciudadanos ya financian con sus impuestos.
La propiedad privada no debería convertirse en la fuente inagotable de recursos para compensar los problemas de la administración pública.
Modernizar catastros es legítimo. Cobrar correctamente también. Pero utilizar las valuaciones como instrumento recaudatorio sin proteger a los propietarios sería profundamente injusto.
El Gobierno debe aclarar qué límites existirán, quiénes estarán protegidos y cómo impedirá que una actualización administrativa termine poniendo en riesgo un patrimonio familiar.
Tener una casa propia representa, para millones de mexicanos, la seguridad que consiguieron después de toda una vida de trabajo. Ninguna política fiscal debería convertir esa seguridad en una amenaza.
Una casa no es una cuenta bancaria. Y el Estado no debería obligar a nadie a vender el patrimonio que construyó para poder solventar el impuesto por conservarlo.
Rubio en Atenas
