El gabinete de seguridad nacional ha hecho a un lado las diferencias históricas entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles de seguridad y, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, ha establecido mecanismos para trabajar de manera conjunta en una de las tareas más sensibles y complejas de la lucha contra el crimen organizado: la inteligencia.
La decisión tiene un enorme peso político y operativo. Durante décadas, las rivalidades institucionales, la desconfianza entre corporaciones y la disputa por el control de la información complicaron la actuación del Estado frente a organizaciones criminales que, mientras tanto, extendieron sus redes de influencia, negocios y estructuras de operación.
Nos aseguran que la instrucción presidencial ha sido clara: las capacidades de inteligencia del Estado mexicano deben estar al servicio de una sola estrategia de seguridad, independientemente de la institución que obtenga la información, procese los datos o ejecute las operaciones.
Obsesión con las salas VIP
La coordinación entre civiles y militares, nos dicen, es una prioridad que no admite disputas burocráticas. Por eso, el martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el titular de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, dieron un paso para formalizar esa colaboración.
Firmaron un convenio que permitirá interconectar las áreas de inteligencia de la Guardia Nacional con la Plataforma Central de Inteligencia, operada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El acuerdo contempla intercambio de información, acceso coordinado a sistemas y bases de datos, homologación de herramientas tecnológicas, capacitación especializada y mecanismos para proteger los registros compartidos. El objetivo: que las instituciones puedan cruzar información, identificar patrones delictivos, ubicar redes criminales y generar elementos útiles para las investigaciones.
No es un asunto menor. Durante años, distintas corporaciones han acumulado expedientes, registros de inteligencia, investigaciones y datos sobre organizaciones criminales sin contar siempre con mecanismos eficaces para compartirlos.
Me comentan que esa fragmentación ha complicado investigaciones y operaciones que requieren información obtenida por varias instituciones.
La apuesta del gobierno federal es que el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y el CNI puedan aprovechar sus respectivas capacidades sin duplicar esfuerzos ni perder información relevante en el camino. Que los datos obtenidos mediante labores de vigilancia, investigación y análisis permitan reconstruir estructuras criminales, identificar a sus operadores y documentar sus actividades ilícitas.
El general Trevilla ha destacado que la colaboración permitirá fortalecer la obtención de indicios y elementos de prueba. García Harfuch, por su parte, ha puesto énfasis en la integración de sistemas, el desarrollo tecnológico y la profesionalización de quienes realizan tareas de inteligencia.
Hay un aspecto particularmente delicado en esta nueva etapa de coordinación. Desde el año pasado circularon versiones sobre diferencias entre los responsables de la seguridad civil y militar, especialmente después de que el Congreso aprobó reformas que ampliaron las facultades de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
La firma del convenio se realizó en instalaciones militares, ante mandos de ambas dependencias, en una ceremonia que dejó una fotografía de fuerte contenido político: García Harfuch y Trevilla Trejo abrazados después de suscribir el acuerdo.
El gesto adquiere relevancia por los antecedentes de diferencias institucionales, aunque el verdadero alcance de la colaboración deberá medirse en las operaciones y las investigaciones que logren desarrollar conjuntamente.
La Defensa cuenta con una estructura territorial, capacidad de despliegue, recursos humanos y experiencia operativa que difícilmente podría reproducir una institución civil. La Secretaría de Seguridad y el CNI concentran, por su parte, herramientas de investigación, procesamiento de datos, análisis criminal y coordinación con autoridades nacionales y extranjeras.
La integración de esas capacidades adquiere importancia frente a organizaciones criminales que operan en varios estados, controlan rutas de tráfico de drogas, participan en actividades
¿En verdad se acabó la rivalidad?, no creo.
RADAR
Desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, nos comentan que el diputado Juan Ángel Flores Bustamante presentó su segundo informe legislativo ante cientos de asistentes reunidos en el Auditorio Teopanzolco. El encuentro congregó a ciudadanos de Cuernavaca y del Distrito 4 de Morelos, legisladores y funcionarios estatales y federales.
Flores Bustamante destacó su participación en los trabajos legislativos contra la extorsión, así como sus propuestas en materia de feminicidio y fiscalización. También abordó la reducción gradual de la jornada laboral a 40 horas, el derecho al agua y la protección de la niñez. Su informe colocó estos asuntos como prioridades de su agenda en la Cámara de Diputados.
El diputado cerró su informe con un compromiso de mantener una representación cercana a los ciudadanos del Distrito 4. Sostuvo que el trabajo legislativo requiere seguimiento, coordinación institucional y diálogo permanente con la población. Su mensaje final se concentró en transformar las capacidades productivas y comunitarias de Morelos en bienestar, seguridad y oportunidades.
Más allá del evento, nos hacen ver, el legislador dio un mensaje muy claro hacia dentro y fuera de Morena en Morelos: mostró músculo político y juntó en el mismo reciento diversas corrientes que pueden darle su respaldo hacia la contienda del próximo año por la presidencia municipal de Cuernavaca.
¿Pues qué pasó?
