El problema jurídico por la cancelación de las energías renovables

“Más vale un mal arreglo que

un buen pleito”

Dicho popular

Siempre nos habían informado que la energía renovable o energía limpia, en virtud de que su fuente de producción no es contaminante, como son: la energía eólica, solar, geotérmica e hidroeléctrica, es la mejor energía que podía consumir un país, por ello durante el gobierno de Peña Nieto se impulsó la reforma energética y se crearon las leyes que regulan y fomentan su producción y consumo.

En el año 2013 el gobierno mexicano aprobó la Ley General de Cambio Climático, en la cual se obliga a producir para el 2024 35 por ciento de energía limpia, actualmente se produce 30 por ciento. Derivado de la reforma energética se generaron infinidad de acuerdos, leyes, e instituciones, como el Instituto para el Cambio Climático y el Fondo para el Cambio Climático, y el 28 de agosto de 2014 de publicó el decreto de creación del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), quien controla la operación del Sistema Eléctrico Nacional, donde se monitorea en tiempo real la generación, la demanda y el consumo de energía eléctrica.

Bajo el esquema de la reforma energética se promovió el negocio de la producción de energías limpias, con lo cual ingresaron al país grandes empresas con capital para invertir; otras más fueron financiadas por la banca de desarrollo y la banca comercial, siendo el producto de la venta de energía limpia los ingresos que cubrirían los créditos recibidos, lo cual ahora se ponen en riesgo.

Pareciera que ahora las energías limpias generan un problema al tener variaciones y no poder garantizar la estabilidad en el suministro de energía y que por ello resulta más seguro regresar a la energía producida con combustóleo que es más caro y contaminante, y que en el mundo cada vez se utiliza menos.

También algunos expertos en energía han dicho que la reforma energética no previó modernizar el Sistema Eléctrico Nacional, el cual es obsoleto para recibir toda la energía limpia que se está produciendo, alterando las líneas de transmisión, aunado a que el consumo de energía eléctrica ha bajado en los últimos meses.

Todo lo anterior puede ser verdad, pero en un Estado de derecho se debe de respetar la certidumbre que otorgan las leyes, pues constituye la seguridad jurídica que sin ella ningún sistema económico prospera; el cancelar derechos adquiridos es una violación a los principios generales del derecho y a la Constitución, y no puede aplicarse retroactivamente en perjuicio de ninguna persona derivado de alguna una nueva disposición.

Nuevamente se enfrentan los empresarios y el gobierno en los Tribunales, quienes otorgaron algunos amparos en contra de la prohibición, además de que pueden recurrir a Cortes Internacionales o al Arbitraje Internacional donde tendrán más oportunidad de ganar el litigio, y seguramente llegarán hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habiendo perdido tiempo, dinero y esfuerzo; pero qué necesidad.