Los peores enemigos

Hay áreas del Gobierno federal que parecen conspirar en su contra. El Presidente López Obrador habla todos los días de conspiraciones y boicots conservadores, pero resulta que en su propio equipo parece estar lleno de conspiradores.

Veamos un caso: la Cofepris es una instancia de Gobierno poco conocida, pero fundamental en el funcionamiento de buena parte de la economía y la salud del país.

La comisión, que fue creada desde el año 2001, es el organismo rector en materia de regulación sanitaria del Gobierno federal. Verifica la actividad de las 15 principales industrias del país, así como productos y establecimientos con un valor económico equivalente a casi 10 por ciento del PIB, desde laboratorios farmacéuticos, playas, restaurantes y rastros, hasta supermercados y farmacias; actividades en las que participan diariamente dos mil 500 verificadores, en estrecha coordinación con el Sistema Federal Sanitario.

En lo hechos, la Comisión Federal regula 44 centavos de cada peso que gastan los hogares en México, a través de tres sectores: alimentos, bebidas y tabaco; artículos para el cuidado de la salud, así como artículos para el cuidado personal.

Es un área sumamente especializada, cuya labor debe ser no sólo escrupulosa, sino también oportuna, rápida y coordinada con las áreas económicas y comerciales del país.

Pues resulta que la Comisión Federal para la Protección contra el Riesgo Sanitario ha emprendido, una tras otra, medidas que atacan el crecimiento económico del país. Según fuentes del propio Gobierno, más de siete mil millones de dólares de inversiones están detenidos por decisión de esta comisión.

Un empresario farmaceútico me decía en días pasados que una planta que tiene completamente terminada lleva meses sin poder entrar en operación, porque la Cofepris no le hace una visita que le autorice echarla a andar. Es una planta en la que se invirtieron 700 millones de pesos. Y ahí está, inmovilizada desde hace meses.

La Cofepris también impulsó la nueva norma para el etiquetado de los alimentos. Especificar el contenido alimenticio de los productos no está mal; se hace hoy y podría hacerse mejor, pero la manera en la que se planteó era absolutamente errónea, e incluso, la norma iba hacia el intento de prohibir la publicidad de esos productos. No hubo gestión posible que permitiera adecuar las normas a las necesidades del mercado. Tuvo que llegar una resolución judicial para suspender esa norma, considerada ilegal por los tribunales.

¿Qué pasa en la Cofepris, que fue durante años una de las mejores instituciones del Estado mexicano?. Que está en manos sin la menor experiencia en el sector. Su director es un respetable pediatra, José Alonso Novelo Baeza; un viejo amigo del secretario de Salud, Jorge Alcocer, y médico de la familia López Obrador, sin la más remota experiencia en el sector y la regulación. La gestión es calificada por empresarios, e incluso funcionarios de la administración federal, como desastrosa.

Otra funcionaria cuya designación generó costos altísimos y que un día sí y el otro también se equivoca, o termina tomando decisiones incomprensibles, es la nueva presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra.

Desde su designación, la CNDH se ha convertido en un oscuro apéndice del Gobierno y su presidenta no ha emitido una sola recomendación contra éste. La señora Rosario no sólo no podía ser la presidenta de la CNDH, porque no cumplía con los requisitos mínimos para serlo (comenzando por ser miembro de la dirigencia de un partido, Morena, no ser abogada ni experta en el tema y, finalmente, por un hecho menos banal: no contó con los votos necesarios para obtener esa posición). La suya fue, desde todo punto de vista, una elección ilegal e ilegítima, y desde entonces los costos de la misma se han elevado constantemente, por su irresponsabilidad y banalidad.

La señora Piedra incluso no ha podido deslindar su actividad en la CNDH de sus actividades partidistas o de grupos sociales. En días pasados se manifestó con el grupo Eureka (que fundó su madre, Rosario Ibarra de Piedra), exigiendo ser recibida en Palacio Nacional, donde es recibida... como presidenta de la CNDH.

Frenan nuevo etiquetado

[caption id="attachment_1113770" align="alignnone" width="696"] La Industria Privada consiguió suspender provisionalmente la Norma-51, avalada por diputados desde octubre pasado (en la foto) al argumentar que no hay bases científicas para cambiar los empaques de alimentos y bebidas, hecho que contradice a los legisladores, quienes aseguran que la modificación permitirá cambiar los patrones de consumo y disminuir problemas de salud en el país desde la infancia, como el sobrepeso. Foto: Cuartoscuro[/caption]

Más grave es la manera en que desde la CNDH se ha contaminado el proceso de selección de cuatro consejeros del INE. Los desatinos de la señora Piedra comenzaron con el envío de un oficio con el que informaba a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados (Jucopo) la designación de los dos integrantes del Comité Técnico de Evaluación, y que el presidente de la Junta, Mario Delgado, confirmó que se había recibido en su oficina, que fue desconocido por la propia CNDH dos horas después, mediante un tuit, y en el que se nombraba como sus representantes al CTE, a John Mill Ackerman y a la exasesora del Consejo General del IFE y exconsejera electoral del IEDF, Carla Astrid Humphrey Jordan. Ackerman aceptó rápidamente, pero Humphrey se enteró de su nombramiento por los medios, y lo rechazó, porque está interesada en participar en el proceso, pero para ser consejera electoral. Después de negar que hubiera enviado el primer oficio, lo que era falso, la CNDH mandó un segundo oficio (con el mismo número y fecha del anterior), ratificando a Ackerman (quien no puede ocupar ese cargo, por ser militante y dirigente de Morena), y sustituyendo a Humphrey por la periodista Sara Lovera López.

El nombramiento de Ackerman es lo que más debate ha generado en torno a la participación de la CNDH, pero es peor la intención de la señora Piedra, de restringir los derechos de quienes trabajen o hayan trabajado en el IFE o en el INE, al proponer que quienes se hayan “desempeñado en algún cargo en el Instituto Federal Electoral” o en “el Instituto Nacional Electoral, en los últimos 14 años”, estén impedidos para ser consejera o consejero electoral.

La presidenta de la CNDH quiere que se modifiquen los requisitos para ser consejera o consejero electoral del INE y demanda que se amplíen las facultades de la propia CNDH para convertirla en “vigilante” del proceso de elección y del desempeño de los consejeros electorales. Todo en un proceso que ya está en marcha, que violaría los derechos constitucionales de los interesados en ser consejeros, y a lo que está impedida claramente por la ley.

Dos desastres en dos comisiones que son fundamentales; una en el ámbito económico, la otra en lo político y social, que han perdido eficiencia, operatividad, legitimidad y prestigio, y que a pesar de contar con todo el apoyo del Presidente López Obrador, actúan como sus peores enemigos.