El infierno “reconvertidor”

No solemos recibir buenas noticias del Poder Legislativo, ni en el ámbito federal ni en el local. La pobreza en la agenda legislativa se combina con la parálisis en su actuación. Ya sea por el marasmo producto de la emergencia sanitaria, el avasallamiento de los ejecutivos respectivos o la captura de la agenda partidaria.

El Congreso de la Ciudad de México es clara muestra de ello. Algunas de las iniciativas presentadas —y por fortuna no siempre aprobadas— ilustran el argumento: la relativa a los alquileres de vivienda; la que pretende nulificar el uso de aplicaciones digitales para ofrecer alojamiento; o la de otorgar controles presupuestarios indebidos a la Jefa de Gobierno, so pretexto de la pandemia.

Por eso, cuando se aprueba una iniciativa en el sentido correcto hay que señalarlo y reconocerlo. Es el caso de la prohibición y penalización para quien practique u obligue a tomar las llamadas “terapias de reconversión” o “esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género” (ECOSIG).

Pareciera ciencia ficción que en pleno siglo XXI esto sea un tema de discusión; sin embargo, es una conversación muy necesaria y vigente, considerando lo relativamente reciente aún del consenso médico que retiró a la homosexualidad del catálogo de enfermedades mentales, y la presencia constante y ominosa de todavía demasiadas prácticas de abuso y discriminación contra la población LGBT+.

Es importante recordar que, de entre las minorías constantemente segregadas y acosadas por la sociedad y el Estado, la LGBT+ es probablemente la más afectada, ya que las primeras agresiones que experimenta quien pretende defender una identidad de género u orientación sexual que sale de los cánones binarios y tradicionales, suelen provenir justamente del seno familiar. Son precisamente los parientes cercanos quienes muchas veces obligan a que un menor de edad sea enviado a alguno de esos nauseabundos centros de auténtica tortura; en otras ocasiones son los propios afectados quienes, agobiados y perseguidos por la presión familiar y social —en entornos como los escolares o laborales—, buscan una falsa solución a su sufrimiento, entregándose a esos sádicos aprendices de lavadores de cerebros.

Como ha sido plenamente documentado por sobrevivientes de los centros ECOSIG, difícilmente se puede encontrar en un mismo sitio tal combinación de prácticas violatorias de los derechos humanos más elementales. En el abanico de prácticas crueles y deshumanizantes se cuentan la privación de la libertad, violencia física y verbal, uso no consentido de medicamentos, electroshocks, abusos e incluso violaciones sexuales. Para los sobrevivientes de estos centros, las secuelas de estas experiencias no son menores y muchas veces generan serios padecimientos de salud mental, comportamientos antisociales e ideaciones suicidas.

Como señala la consigna, no hay #NadaQueCurar, porque ni la orientación, ni la identidad, ni la preferencia sexual o de género son “enfermedades”. Lo que sí requiere cura es el odio, la discriminación, la ignorancia y los fanatismos, sean civiles o religiosos.

En la aprobación de la ley que prohíbe las terapias ECOSIG en la Ciudad de México hay que reconocer el esfuerzo de distintas organizaciones e individuos defensores de derechos LGBT+, particularmente de la YAAJ México. Ojalá pronto se convierta en una prohibición generalizada y castigada ejemplarmente en todo el país.