La lealtad en el gobierno populista

EL ESPEJO

LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ
LEONARDO NÚÑEZ GONZÁLEZ
Por:
  • Leonardo Núñez González

Hay un largo debate en los estudios de administración pública sobre la sana distancia que debe existir entre la burocracia y la política. Si bien los funcionarios públicos no pueden aislarse de los vaivenes políticos, pensar que toda su acción debe estar cercada por la lealtad al político en turno que dirige un país es creer que todo el gobierno puede ser el botín de un grupo, que puede usarlo a voluntad como si fuese su patrimonio.

Esta tensión se encuentra presente en todos los gobiernos del mundo. Mientras en el espectro democrático se ha apostado a la creación de instituciones con poderes y facultades para actuar de manera independiente y que constantemente representan un reto para el poder central, al avanzar hacia el polo autoritario los funcionarios públicos y todas las áreas del gobierno empiezan a convertirse en apéndices de una figura o partido, al cual le deben todo y no pueden contradecirlo en lo más mínimo.

Todos los gobiernos oscilan en alguno de estos extremos, pero la llegada al poder de muchos populistas ha evidenciado el intento por avanzar hacia el autoritarismo y buscar destruir cualquier resistencia a su voluntad. La semana pasada múltiples episodios en el mundo mostraron esta tensión, pero uno de los más claros sucedió en Estados Unidos, donde el fiscal de distrito del sur de Nueva York, una de las posiciones más importantes del país debido a su misión para perseguir y enjuiciar a los delincuentes, fue retirado de su cargo.

Esta remoción no habría tenido mayores controversias de no haber sido porque la Fiscalía, que debería ser una institución alejada de la influencia política para permitir la persecución imparcial de los delitos, ha avanzado para convertirse en una oficina al servicio del presidente, ya que el fiscal general, William Barr, ha intervenido en múltiples ocasiones para detener investigaciones y procedimientos que pudieran dañar a Trump. Y éste es el caso de la remoción del fiscal de distrito Geoffrey Barman, que entre algunas de sus investigaciones había llevado el procedimiento en contra del abusador sexual Jeffrey Epstein; logró encarcelar al exabogado de Trump, Michael Cohen, y tenía una investigación abierta sobre Rudy Giuliani, la mano derecha de Trump para negociar toda clase de acuerdos cuestionables por todo el mundo (muchos de los cuales han sido ampliamente documentados por el exconsejero de Seguridad, John Bolton, en un libro próximo a publicarse). Todo esto convertía a Barman en una amenaza al presidente, por lo que fue removido de su cargo (no sin una interesante disputa por un par de días en que Barman trató de resistir su despido).

Esta decisión se enmarca en un ataque sistemático a todas las posiciones que puedan resultarle incómodas al presidente, que desde su llegada al poder comenzó un proceso de remoción de funcionarios encargados de vigilar al propio gobierno, como son los inspectores generales, para colocar personas completamente leales a él. Una marca más del populismo, pero ya en el poder, es la creencia de que todo el gobierno debe ser servil a su causa y que el disenso no puede ser tolerado, alejándose cada vez más de los valores democráticos.