El régimen de excepción en El Salvador

El 26 de marzo del 2022 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, le ordenó a la Asamblea Legislativa, a través de Twitter, que decretara el “régimen de excepción” en el país, invocando el artículo 29 de la Constitución.

En cuestión de minutos, el presidente de la Asamblea convocó a una sesión plenaria extraordinaria para esa misma noche y logró la aprobación de poderes extraordinarios al gobierno.

Al día siguiente se publicó el decreto N° 333, estableciendo el “régimen de excepción” en todo el territorio nacional. Este decreto otorgó poderes extraordinarios a las instituciones de seguridad pública y a las fuerzas armadas para restablecer el orden, pues días antes se había desatado una oleada de violencia después que se hizo público y se rompió un pacto que el gobierno mantenía con los criminales. Exhibido, el Gobierno de Bukele suspendió las garantías constitucionales y comenzó una intensa campaña de propaganda y acciones contra las pandillas.

Poco más de un año después, la organización Cristosal —uno de los actores más importantes en protección de derechos humanos desde la sociedad civil en El Salvador— ha presentado un reporte titulado “Un año bajo el régimen de excepción: una medida permanente de represión y de violaciones a los derechos humanos”. El informe documenta numerosos casos de detenciones ilegales, allanamientos sin orden judicial, desapariciones forzadas y muertes violentas ocurridas bajo custodia estatal. Además, se evidencia la falta de información y la opacidad deliberada del gobierno en las cifras de violencia, así como en las actuaciones de sus cuerpos de seguridad.

En un año bajo el régimen de excepción se documentaron 139 muertes de personas detenidas bajo custodia estatal, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor. El informe también revela patrones de conducta arbitraria, incluyendo detenciones y allanamientos ilegales. En lugar de frenar la violencia, el régimen de excepción ha llevado a una escalada de represión y violaciones a los derechos humanos. Miles de personas han sido detenidas sin ninguna investigación previa, y muchas de ellas han sufrido torturas y tratos crueles e inhumanos en las cárceles aun siendo inocentes. Lo que comenzó como un intento de combatir a las pandillas se ha convertido en una violencia sistemática ejercida desde el Estado, pues ahora el poder puede lanzarse arbritrariamente sobre cualquier persona, en donde destacan las personas más pobres y aquellos que incomodan al régimen.

El Gobierno de Bukele ha lanzado una potente campaña de comunicación y polarización, con un discurso clásico de amigo-enemigo que permite vender la idea que el fin justifica los medios. El mensaje resuena en la sociedad salvadoreña, atormentada por décadas de violencia fuera de toda proporción, y no en balde una amplia mayoría aprueba su gestión. El problema es que el régimen ha aprovechado esta división para lanzarse contra los periodistas y organizaciones que día con día documentan la deriva autoritaria y las consecuencias de un gobierno que se ha dado el permiso a sí mismo de ignorar la ley. Las consecuencias del régimen de excepción no serían conocidas de no ser por los trabajos de organizaciones como Cristosal, pero para el Gobierno de Bukele, la crítica equivale a enemigo, una idea que hoy resuena con fuerza por toda la región.