Una rayita más al tigre

El Congreso de la ciudad aprobó por mayoría de sus diputados presentes en la sesión remota correspondiente, modificaciones a dos artículos de la Ley de Austeridad para permitir a la Jefatura de Gobierno reducir presupuesto cuando disminuyan los ingresos en caso de una emergencia sanitaria o desastre natural.

La oposición parlamentaria adujo diversos vicios procedimentales y de fondo que vician la reforma. Sobre los primeros, independientemente que se hayan dado, poco puede hacerse porque al ser aprobada por el pleno legislativo, el Poder Judicial ha sostenido consistente —y erróneamente— la lectura que es una decisión soberana de un poder público local, por lo que con su aprobación se subsana cualquier anomalía.

Sobre lo segundo, ¿ante una caída de los ingresos públicos, la redistribución a la baja de los recursos debe hacerla el Ejecutivo sin el concurso del Legislativo? ¿Sólo debe coordinarse con los demás poderes y órganos constitucionales autónomos locales?

En nuestro país, la postura dominante en cuanto a las funciones de un parlamento o congreso, es la preeminencia de la función legislativa, el hacer las leyes. Nunca he concordado con esa visión, en primer lugar, porque desde los antecedentes más remotos de la representación política —Magna Carta Libertatum, del 15 de junio de 1215— el monarca sometía a consideración de los señores feudales la imposición de tributos. Y en la actualidad, los cuerpos congresionales de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Italia, Canadá o Reino Unido, por sólo mencionar los más significativos, ponen el acento en la supervisión al Ejecutivo más que en la hechura de las normas jurídicas generales.

El Ejecutivo y el Legislativo, a diferencia del Judicial, son poderes con legitimidad democrática, —porque son electos mediante sufragio universal, libre, directo y secreto— pero el Legislativo es el único que además, es el espacio de la pluralidad política, de la deliberación constante y pública de los asuntos de la polis.

La Cuenta Pública de 2019 arrojó una disminución de los ingresos públicos, esto ocurrió antes del surgimiento de la crisis sanitaria del Covid-19, que acusará la tendencia a la baja de impuestos, derechos, aprovechamientos y productos que nutren a la hacienda capitalina.

El gobierno de la ciudad le debe a los capitalinos una propuesta de cómo revertirá la tendencia a la baja, qué plan existe para la reactivación económica de nuestra entidad federativa.

La reforma aprobada debió privilegiar al congreso como el espacio idóneo para discutir la reasignación de recursos ante una contingencia sanitaria o un desastre. En primer término porque cada peso gastado debe estar asignado a un objetivo propuesto por el Ejecutivo, pero aprobado por el Legislativo. El control presupuestal no es un capricho parlamentario; garantiza que el dinero de los contribuyentes se ejercerá para el bien común.

En segundo lugar, porque deliberar públicamente robustece la legitimidad democrática de las decisiones. El gobierno cuenta con la pericia técnica para argumentar, salvo que quiera ocultar algo.