Arranca el 2024: el primer reto del INE

Comenzó el proceso electoral. A pesar de que hemos asistido a campañas internas disfrazadas durante los últimos meses, no fue sino hasta ayer que el INE dio el banderazo de salida para los comicios en donde se renovará la Presidencia, el Senado y la Cámara de Diputados en el ámbito federal y 9 gubernaturas, 31 legislaturas y más de 1,500 municipios en las entidades del país.

Para las dos coaliciones era indispensable concluir con la designación de sus “coordinadoras” previo a esta fecha, amén de la fiscalización de la autoridad electoral. La razón es sencilla. A partir de ahora, la legislación electoral establece reglas claras y consecuencias legales graves para quienes violen la prohibición de hacer proselitismo o difusión de propaganda previo al 5 de noviembre, fecha de inicio del período de precampañas.

Esta restricción significa el primer gran reto de las autoridades electorales. El dilema es qué hacer frente a los casi inevitables actos de proselitismo de las “coordinadoras” durante los siguientes dos meses. El reto es mayor, pues la ley es meridiana en señalar que quien viole la prohibición de actos anticipados de precampaña, será sancionada con la negativa de registro como precandidata.

Hay que recordar que en 2018 Andrés Manuel López Obrador utilizó su calidad como presidente de Morena, para superar las restricciones de la ley electoral. Después de múltiples quejas, el Tribunal Electoral determinó que aún para las dirigencias partidistas existían límites a los actos proselitistas, a fin de que no se obtuvieran ventajas indebidas. Los precedentes señalan que las actividades de las coordinadoras tienen como límite no pedir el voto, no difundir su plataforma y no posicionarse ventajosamente de cara a una precampaña. El reto es hacer cumplir estas normas que buscan evitar condiciones de inequidad en la contienda, previniendo que, bajo el manto protector de las “coordinaciones”, se hagan actos de campaña que pongan en riesgo la legalidad del proceso electoral.

Las primeras decisiones que se tomen frente a quejas de actos anticipados de precampaña serán fundamentales para establecer el tipo de arbitraje que se dará a lo largo del proceso electoral. Existen al menos dos posibilidades. La adopción de criterios que dejen hacer y dejen pasar, bajo una interpretación amplia de permitir la libre expresión de las coordinadoras, o la aplicación de los límites que permitan evitar la inequidad, aun antes del inicio de las campañas.

El resultado dará pistas a partidos, coaliciones y a los aspirantes a más de 10,000 puestos de elección popular en juego —además del Presidente y sus mañaneras—, para ceñirse a las reglas previamente establecidas o a dar rienda suelta a las actividades proselitistas en el país, con la consecuente fragilidad del proceso que recién comienza.